El miércoles en horas de la tarde, la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, se reunió con representantes de la Coordinadora de Estafados y autoridades del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH).

El encuentro se desarrolló con el objetivo de tratar de llegar a un acuerdo respecto a la causa de supuesta estafa de la que habrían sido objeto los labriegos y que tendría como principales responsables a algunos funcionarios del CAH que fueron desvinculados.

Las víctimas pidieron que se realicen las investigaciones y diligencias pertinentes en las causas abiertas por supuestas estafas, a fin de dar con los responsables y procesarlos por el ilícito cometido.

De acuerdo a las denuncias de los productores, los ahora exfuncionarios del Crédito Agrícola de Habilitación utilizaban sus cédulas y falsificaban sus firmas con el fin de retirar créditos no aprobados por los mismos.

La fiscal general del Estado se comprometió a hablar con el Laboratorio Forense del Ministerio Público para priorizar la toma de las pericias caligráficas, atendiendo a que no todos los documentos remitidos por el CAH fueron sometidos a este procedimiento y, por consiguiente, varias causas quedaron pendientes de resolución.

Amanda León, titular del Crédito Agrícola de Habilitación, llegó a confirmar que alrededor de 500 créditos se encuentran bajo sospecha de haber sido parte de esta estafa masiva, teniendo como víctimas a cientos de pequeños productores del interior del país.

A la fecha, unas 88 causas se encuentran abiertas en el ámbito penal el marco de estas denuncias. Según comentó la titular del CAH, de todas estas causas, tan solo una llegó a la instancia del juicio oral.

El valor de lo sustraído con estas estafas asciende a aproximadamente G. 3.000 millones.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.