El Ministerio Público informó que los agentes fiscales Eugenio Ocampos, María Estefanía González y Aldo Cantero imputaron a Raúl Alberto Cáceres González (26), Milciades Agüero Coronel (28) y Hugo Erasmo Vera Martínez (28) por la supuesta comisión del hecho punible de perturbación de la paz pública, tipificado en el artículo 234 del Código Penal Paraguayo en concordancia con el artículo 31 del mismo cuerpo legal (complicidad).

Con esta última medida, aumentan a siete los imputados en relación a los hechos vandálicos que culminaron con la quema parcial de la sede del Parlamento. Ya habían sido imputados por “fabricación ilícita y hechos punibles conexos, establecidos en la Ley 4036/10 de ‘Armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones, explosivos, accesorios y afines’, en calidad de partícipes, Brian Esteban Martínez Jara, Luis Octavio Sánchez, Stiben Antonio Patrón Cáceres y un adolescente de 17 años.”

Para los tres primeros nombrados, los representantes del Ministerio Público solicitaron al juez Penal de Garantía la aplicación de la medida cautelar de arresto domiciliario para los procesados, teniendo en cuenta que se reúnen los presupuestos del artículo 242 del Código Procesal Penal.

Refieren las autoridades que, el 31 de marzo de 2017, Cáceres González supuestamente fue el primero en ingresar de manera violenta, con otras personas, a la sede Legislativa, posteriormente habrían ingresado Agüero Coronel y Vera Martínez. Los mismos formarían parte del grupo de personas que rompieron los blindex y puertas que aseguraban la institución. Además, presuntamente destruyeron equipos informáticos, muebles, vidrios, mamparas e incendiaron el Congreso Nacional.

Según consta en la carpeta fiscal, los procesados en carácter de partícipes, se habrían agrupado y formado parte de la multitud, que sobrepasaron la valla de seguridad puesta por los policías. De este modo habrían creado un estado de inseguridad quebrantando la paz; con conductas que no se ajustan a las normas jurídicas que las regulan.

El Ministerio Público obtuvo los elementos probatorios de sospecha a través del peritaje al que fueron sometidas las imágenes de circuito cerrado del interior de edificio legislativo, precisó finalmente la divulgación de la fiscalía.

Desde hace meses, aparecen denuncias de múltiples irregularidades de la administración comunal en esta ciudad que hasta ahora no fueron aclaradas.

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Ciudadanos autoconvocados a través de la Contraloría de Ñemby marcharán este viernes para pedir una intervención real y que la gestión de Tomás Olmedo sea transparentada.

“Hay cuestiones de mal manejo administrativos de los recursos públicos. Hay denuncias en la Fiscalía con respecto a pagos dobles de empedrados que ya se habían hecho de años anteriores y se hicieron figurar que hicieron ahora”, explicó Óscar Patiño, de la Contraloría de Ñemby, durante una entrevista a la radio 650 AM.

Informó que entre pobladores se unen para presionar y que Tomás Olmedo rinda cuentas sobre el uso del erario municipal. La marcha está prevista para las 18:00 hs y el punto de encuentro es en la biblioteca local.

Así también, señala que existen licitaciones que aparentemente fueron sobrefacturadas y funcionarios que llevan meses sin percibir sus haberes.

“Algunos tienen 4 a 5 meses de atrasos y el que reclama se le despide directamente”, agregó Patiño.

Las agentes fiscales Belinda Bobadilla, anticorrupción, e Yrides Avida, agente de turno en Lambaré, coordinaron  las investigaciones iniciadas tras las denuncias efectuadas por la Dirección de Asesoría Jurídica del IPS, a cargo de José González, sobre la supuesta expedición de certificados médicos falsos para que jubilados de la previsional pudieran acceder a préstamos de la Caja de Préstamos, y en conexión con otra causa denunciada por el presidente de la Caja de Jubilados de la ANDE.

La detención de la sospechosa se desarrolló durante un procedimiento llevado adelante por la fiscala anticorrupción, Belinda Bobadilla.

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Un hombre fue detenido luego por los agentes intervinientes, debido a que supuestamente habría entregado los certificados médicos de contenido falso a los jubilados del IPS, que solicitaban préstamos a la Caja de IPS.

En horas de la tarde, la fiscal de turno de Lambaré, Yrides Ávila, junto con Bobadilla realizaron allanamientos en busca de evidencias relacionadas con las causas abiertas. En el domicilio del hombre se encontraron en concreto con la resolución judicial supuestamente falsificada que reconocía como sucesora a la detenida.

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También se hallaron copias de otras resoluciones judiciales, pedidos de préstamos de terceras personas en la Casa de Préstamos del IPS.

En una conferencia desarrollada este viernes, autoridades de la Municipalidad de Asunción, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) y el Ministerio del Interior, entre otros, dieron a conocer el nuevo proyecto que tiene como protagonistas a los cuidacoches.

Se trata de un plan integral que apunta a la inserción en el mercado laboral de los trabajadores de este sector, a través de la formación y la capacitación en diversos rubros.

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Para el efecto, se ofrecerá un programa de formación continua a través del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y el Sinafocal, enfocándose en áreas con salida laboral.

Así también, se prevé la creación de una Bolsa de Empleo específica para los beneficiarios del proyecto y la promoción de la plataforma “Emplea Py”, habilitada hace unos meses por el MTESS.

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La finalidad es ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida de los cuidacoches que trabajan en Asunción, así como también de sus familias, a modo de que también puedan dejar las calles para desempeñarse en actividades formales.

A la fecha, alrededor de 350 personas que realizan esta actividad se encuentran censadas por la Municipalidad de Asunción.