“La intención del instituto no es negar el beneficio a ningún ciudadano que haya aportado, pero si no hay aporte no podemos distraer el dinero de los otros aportantes, de los 600 mil aportantes para pagar pensiones graciables”, sentenció Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social (IPS).

El Gerente de IPS aclaró que los docentes de instituciones privadas no entregan aportes desde hace 25 o 40 años, por lo que el Estado, mediante el Ministerio de Hacienda, debe pagar un promedio de 48.000 millones de guaraníes, correspondiente a los aportes no realizados en 25 años por 173 personas, para que los educadores puedan jubilarse.

Halley explicó que actualmente, la discusión se centra en el monto de ese aporte previo y así como está la ley le corresponde al estado brindar los fondos.

“Tal vez podría modificarse la ley y entonces el cálculo no sería tan voluminoso una cifra tan importante para el estado y se reduzca el aporte jubilatorio de tal manera que el instituto también otorgue un beneficio un poco más reducido”, añadió.

“La postura del instituto es que toda jubilación como beneficio se fundamenta en aportes realizados al instituto que no hace pensiones graciables no es esa la función y no podemos porque la ley no nos permite otorgar pensiones graciables. El instituto tiene que recibir los aportes previos”, reiteró.

La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.

Santiago Peña destacó, a través de sus redes sociales, que el programa que busca cumplir el sueño de muchos paraguayos avanza a pasos a agigantados. La segunda fase del plan concluyó exitosamente y ya se puso en marcha la plataforma web.

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Esta plataforma servirá para la evaluación de las propuestas de viviendas a presentar por los desarrolladores inmobiliarios anotados para participar del programa. Estas propuestas serán evaluadas y calificadas por el Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat (MUVH) antes de que estén a disposición de la ciudadanía.

“Trabajamos para que cumplas el sueño de la casa propia. Verificamos avances en Che Róga Porã y otros programas cuyas obras estamos próximos a inaugurar”, informó el mandatario en su cuenta de X.

El programa ofrecerá créditos de hasta Gs. 400 millones a familias con ingresos de entre 1 y 4 salarios mínimos. Los créditos serán hasta 30 años con una tasa de interés del 6,5%.

Con estas características, el pago de la casa propia será similar a un pago de alquiler, gracias a las tasas preferenciales que ofrecerá el Gobierno a través de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

Por medio de una nota dirigida a su directora de Asuntos Internacionales, Tatiana García, el Ministerio Público de Paraguay hizo llegar su solicitud, la cual tendría la finalidad de facilitar y coordinar entrevistas presenciales con los investigadores, así como, con quienes esa Fiscalía General de la Nación considere útil para el avance del caso.

En el pedido se expresa, además, que el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, como titular del Ministerio Público “se encuentra particularmente interesado en el avance y conclusión exitosa de este caso, que no solo enluta a la sociedad paraguaya y colombiana, sino a quienes forman parte de los sectores de justicia y seguridad en todo el mundo”.

La propuesta es que las entrevistas sean entre el viernes 26 de abril y el jueves 2 de mayo, por la alta necesidad de adelantar y esclarecer el caso del asesinato de Marcelo Pecci.

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