“Es imposible que haya una condena, y si la hay será arbitraria y errónea, parcial como lo fue la investigación, para condenar a personas inocentes, con el fin de evitar que los campesinos continúen con sus luchas sociales”, declaró Sisco.

La Fiscalía pide penas de entre 5 y 30 años de prisión contra once campesinos acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y homicidio doloso.

La acusación se refiere a los hechos ocurridos el 15 de junio de 2012, cuando centenares de policías desalojaron a unos 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty para pedir que se unieran a la reforma agraria.

Durante el desalojo, se produjo un tiroteo en el que fallecieron seis policías, por cuyas muertes hay once personas acusadas, y once campesinos, cuyos fallecimientos no fueron investigados por la Fiscalía.

Sisco, que participó este miércoles de los alegatos finales de la defensa, declaró que “no existen pruebas” para sostener las acusaciones contra los campesinos, sino solamente “las alegaciones confusas de los policías” que participaron en el desalojo, y las “conclusiones ilógicas de la Fiscalía”.

Sisco explicó que, en el cargo de homicidio, la acusación se basa en que algunos testigos declararon haber visto a una persona con remera roja, que llevaba también gafas de sol, tapabocas y capucha, empuñando un revólver contra Erven Lovera, comandante del desalojo que falleció en el tiroteo.

La Fiscalía concluyó, con base a los testimonios pero sin disponer de pruebas, que la persona del revólver era Rubén Villalba y solicitó una pena de 30 años de prisión y 10 años de medidas de seguridad contra él, explicó el abogado.

Para otro de los acusados, Luis Olmedo, la Fiscalía pide 25 años de prisión argumentando que durante una pericia se encontraron rastros de plomo en una de sus manos, lo que según los fiscales demuestra que disparó un arma.

Sin embargo, el abogado detalló que la pericia no permitió determinar si la cantidad de metal encontrada en las manos corresponde con el disparo de un arma, y dijo que en los trabajos de mecánica o manipulación de químicos agrícolas que realizaba Olmedo también pueden quedar rastros de plomo en las manos.

Agregó que las escopetas caseras calibre 28 incautadas por la Fiscalía y que supuestamente pertenecían a los campesinos dieron negativo en las pericias, por lo que no fueron disparadas.

El abogado detalló además que la acusación de inmueble ajeno carece de sentido, ya que los campesinos contaban con autorización del Estado para permanecer en las tierras, que según un decreto iban a ser destinadas a la reforma agraria.

El cargo de asociación criminal, por su parte, se basó en que los nombres de los campesinos acusados se encontraban presuntamente anotados en un cuaderno incautado por la Fiscalía, donde figuraban aportaciones de dinero de entre 1.000 y 5.000 guaraníes, reveló Sisco.

“La Junta Municipal aprobó de forma irregular la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta Carolina Aranda, es una bofetada a la gente”, manifestó el concejal Edgar Martínez (ANR-HC), quien se opuso al dictamen de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 que fue tratado y aprobado ayer por el Pleno de concejales de dicha ciudad. Dijo que está evaluando pedir la intervención de la Contraloría.

Martínez, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que por tercer año consecutivo su postura fue por el rechazo de la ejecución presupuestaria de la intendenta Aranda y cuestionó durante la sesión de ayer por el procedimiento “a tambor batiente” con el que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta liberal Carolina Aranda.

Puntualizó falta de transparencia y un “sospechoso” apuro por la aprobación, ya que no fue estudiado ni analizado por la Comisión de Hacienda ni por los concejales.

“La Comisión no me ha convocado para ninguna reunión para hacer el estudio y análisis de esta ejecución presupuestaria 2023, para mí es demasiado importante que esto se estudie de forma responsable, de forma madura y no presentar hoy un dictamen como si fuese que somos pelotudos acá en esta Junta”, cuestionó Martínez.

Agregó durante la sesión que “he solicitado en sesión ordinaria la copia de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, la cual no se me concedió, entonces, yo quiero dejar en claro y que conste que para mí este dictamen se ha hecho de forma irregular, de forma irresponsable. Es como darle una bofetada a toda la ciudadanía y para mí, especialmente como contralor, no voy a acompañar este tipo de procedimientos. Y yo les pregunto a los colegas, estamos los doce colegas. ¿Quién recibió el dictamen de la Ejecución Presupuestaria? Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, por la cual usted presidente tiene la obligación de convocar a los miembros para hacer el estudio y el análisis de esta red de dictamen”.

El concejal lamentó el estado actual de la ciudad, que carece de inversiones como desagües pluviales y cloacales, calles en mal estado y espacios públicos en una situación calamitosa, con una ejecución presupuestaria poco transparente e irregular.

Comentó que está estudiando con su equipo la posibilidad de un pedido de intervención de la Contraloría General de la República para auditar la gestión de la intendenta liberal.

Nota relacionada: Concejal cuestiona aprobación de balance de MRA sin documentos

La resolución del juez penal de Garantías, Yoan Paul López, respecto al sobreseimiento definitivo de los médicos María de Fátima Bastos, José Ovando y Óscar Cabrera en la causa que los investigaba por omisión de auxilio en la muerte de niño Renato, fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación.

La decisión se conoce, luego de que la familia de la víctima presentara una apelación contra lo resuelto por el magistrado.

La investigación del Ministerio Público concluyó que estos profesionales no tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de Renato, por lo cual, la propia Fiscalía pidió desvincular del caso a los médicos.

Es noticia: Atropellan a agente de PMT que dirigía tránsito sobre Mariscal López

A este planteamiento hizo lugar el juez López, tras lo cual, la querella presentó la apelación que finalmente fue rechazada, ratificando la decisión inicial.

Este nuevo revés de la familia del niño solamente deja una última ventana de oportunidad: la de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De proceder a la acción, la Sala Penal será la que responda.

Por el caso continúa procesada la pediatra Laura Sena, quien está acusada de homicidio culposo, ya que fue la que atendió al bebé.

Renato Talavera falleció en el 2019, a los dos años de edad en el sanatorio Migone, a donde lo llevaron de urgencias por un cuadro febril y tos, síntomas que se complicaron y le provocaron la muerte.

Lea también: ABC opera por el negocio de criptomonedas: el interés oculto de los Zuccolillo

Lo hizo durante el recorrido técnico que realizó la titular con su equipo en dicha zona. En ese sentido, señaló que se está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y con expertos de la ingeniería vial de nuestro país y que, en este momento, todo el equipo del MOPC está abocado en el proyecto.

“Este es un proceso que fue rescindido al inicio de nuestra gestión y ahora estamos ya enfocados en poder retomar rápidamente esta ruta y que sea una realidad para todas las personas del norte del país. Estoy muy confiada que vamos a tener un proceso exitoso”, aseveró al tiempo de puntualizar que la financiación provendría del mismo crédito, es decir, el remanente que quedó.

Lea: ABC opera por el negocio de criptomonedas: el interés oculto de los Zuccolillo

Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce indicó que ya se está trabajando en el nuevo llamado y que se espera que para el mes de mayo se pueda levantar de nuevo en el portal de Contrataciones Públicas “para dar al pueblo concepcionero una solución definitiva a este problema”.

Según el viceministro, son cerca de 90 km los que serían intervenidos de manera a completar lo que falta de la ruta entre la ciudad de Concepción y el Lote 1 (concluido) que llega a Pozo Colorado.

Mientras tanto, avanza el mejoramiento de un tramo de 6 km desde la cabecera del puente Nanawa hasta la rotonda 2 de mayo, un sector que también quedó abandonado tras la rescisión del contrato.

Cabe recordar que este proyecto fue licitado en tres lotes bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema). De estos tres, solo el Lote 1 concluyó exitosamente, siendo el organismo financiador el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de hasta USD 100 millones.