​El diario Clarín se hizo eco de la entrevista que concedió el profesional de la Medicina al periodista Alejandro Fantino (Animales Sueltos), que tras el hecho fue beneficiado con una “excarcelación extraordinaria” por motivos de salud.

El pasado 27 de agosto Ricardo Krable, de 24 años, le robó las llaves de su auto para huir con él. Krable se subió al Toyota Corolla del doctor y quiso escapar. Pero el delincuente no supo manejar la caja automática del vehículo y Lino Villar lo mató de cuatro balazos (de una 9 mm).

El médico paraguayo habló un día después de haber recuperado la libertad y dijo que está “muy triste” por lo que pasó. Aseguró que él y su familia temen ser blancos de una venganza.

Sin entrar en detalles del momento en el que le disparó al delincuente, Villar Cataldo contó cómo fue la agresión que sufrió y que le afectó el ojo izquierdo. Refirió que fue entrenado para salvar una vida y no sacarla.

“Tengo muchísimo miedo de que maten a mis hijos”, admitió según el medio escrito. Además manifestó que siente mucha vergüenza y hasta pidió disculpas a la madre del marginal fallecido.

“Tengo miedo. Tengo ganas de irme muy lejos de todo esto. No sé qué va a ser de mi vida de acá en adelante, porque en ese lugar donde tengo el consultorio vivía mi hijo. Tuvimos que abandonar totalmente ese lugar, por las amenazas”, expresó apenado Cataldo . “Tengo miedo de que me maten. Y mucho más miedo de que maten a mis hijos”, dijo preocupado.

“Si a esa madre le tengo que pedir perdón, le pido perdón. Yo nunca tuve la intención de sacarle a su hijo”, expresó notablemente conmovido el medico mirando a cámara para luego agregar “fue una defensa”.

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Cansado de la inseguridad, y después de sufrir varios robos, Lino había gestionado la tenencia y portación de arma calibre 9 mm. “Entregó el auto y lo atropellaron a poca velocidad. Pero no bien se paró, disparó cuatro veces y mató a uno de los ladrones, al que conducía el auto”, contó un testigo del intento de robo.

A Cataldo, acusado de homicidio agravado por el uso de arma, el juez le concedió una “excarcelación extraordinaria” por motivos de salud. Pero, por ahora, le mantiene la imputación por “homicidio”. Además, le fijaron una fianza de 1.000.000 de pesos.

El Ministerio Público, a través del fiscal anticorrupción Diego Arzamendia, peticionó que la Cámara de Apelaciones anule la decisión del tribunal.

Cabe recordar que los caseros Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, fueron condenados a 2 años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, en junio de 2021. Se confirmó que estos acusados prestaron servicios en las propiedades del exdiputado Tomás Rivas en 2017 y cobraban salarios asignados por la Cámara Baja.

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Los antecedentes del caso señalan que el tribunal presidido por la jueza Laura Ocampos e integrado por los magistrados Juan Pablo Mendoza y Fabián Weisensee fallaron a favor del político de Ybycuí teniendo en cuenta lo que establece el Artículo 25 inciso 10 del Código Procesal Penal e hizo lugar a la extinción de la acción penal.

El fiscal Arzamendia tomó intervención debido a que la defensa de Rivas recusó al fiscal original de la causa, Luis Piñanez. El Ministerio Público sostiene que los tres magistrados incurrieron en una errónea aplicación del Art. 25 inc. 10 del CPP, dado que no hubo acuerdo ni consentimiento de la Fiscalía para la reparación económica.

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Los tres magistrados unánimemente admitieron el pago de G. 121.800.000 a la Cámara de Diputados, en concepto de devolución del dinero que cobraron en forma irregular tres caseros de Rivas, quienes supuestamente trabajaban en la Cámara Baja, pero no cumplían funciones en la sede parlamentaria, sino en la casa del exlegislador.

Asimismo, el tribunal dispuso el pago de G. 47.000.000, el año pasado, por parte de Rivas, a través de la Contraloría General de la República, para la reparación de escuelas ubicadas en barrios pobres.

El fiscal de Curuguaty, Christian Roig, imputó por intento de feminicidio a un hombre luego de agredir físicamente a su pareja, asimismo, abrió una carpeta fiscal para investigar el hecho.

La Fiscalía pidió la prisión preventiva del imputado, Alejandro Ruiz Díaz Villar, de 36 años, quien ya fue aprehendido.

Los hechos se registraron el pasado 1 de mayo de 2024, en horas de la madrugada, y el Ministerio Público fue informado a través de una llamada telefónica realizada por un médico de guardia del Instituto de Previsión Social de Curuguaty, resultando víctima Delia Torres, quien llegó al centro médico con lesiones graves.

El reporte de los médicos refiere que la víctima llegó en estado inconsciente, con traumatismo de cráneo grave, fracturas a nivel de la clavícula y golpes de consideración a la altura del rostro. La mujer, debido a su estado de salud grave, tuvo que ser trasladada hasta el IPS de Asunción.

Los datos que se manejan señalan que después del hecho, al percatarse de la gravedad de la situación de la mujer, el supuesto agresor la llevó al centro médico local. Luego fue aprehendido por los agentes policiales de la comisaría 5.ª de Curuguaty, quedando a disposición del Ministerio Público.

Mónica Aquino, titular del gremio que aglutina a dicho ítem de prestaciones de ese tipo de servicios, expreso que los asociados a la nucleación, no tienen ninguna relación ni tipo de conexión alguna con explotaciones de esa naturaleza.

La dirigente sectorial remarcó que desde la agrupación, manejan proyectos para mejorar la situación de las trabajadoras del ámbito, a efecto de elevar reivindicaciones.

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En Paraguay el ejercicio de la prostitución no tiene prohibición alguna en el aspecto de la legislación. La Constitución en su artículo 86 establece el derecho a ejercer una actividad legal como medio de ingreso. Al no haber prohibición legal, se entiende que está permitido. No es ese el caso del proxenetismo, entendido esto como acción por el que una persona obliga o induce a otra a ejercer servicio sexual para fines personales del que infringe la ley.

El articulo 133 del Código Penal paraguayo establece penas a los que explotan a personas bajo la figura de proxenetismo.

El tema de aumento de casos de a trata de personas, salta ahora de vuelta al tapete tras conocerse informes provenientes de España, que señalan la residencia de miles de paraguayas en el país europeo, que se dedican a la prostitución, obligadas por bandas criminales.