La organización expuso en un comunicado que las internas, independientemente de su orientación sexual, poseen el derecho a recibir ese tipo de visitas de sus parejas debido a que el reglamento de las penitenciarías paraguayas aprobado en 2012 no incluye restricciones sobre el género de la persona visitante.

Varias internas lesbianas solicitaron la colaboración de Aireana y del estatal Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para poder recibir las visitas de sus parejas mujeres mientras permanecen en la prisión del Buen Pastor.

Sin embargo, la directora interina de la penitenciaría denegó este permiso, aludiendo a una ley aprobada en 1970, durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), que sostiene que “el interno podrá recibir visitas privadas del sexo opuesto”.

Aireana especificó que esta ley es anterior a la Constitución paraguaya de 1992, aprobada tras la caída del régimen stronista, y criticó que la directora del penal “haga caso omiso de la prelación de leyes”.

La ONG explicó además que la organización de uno de los pabellones de la prisión está a cargo de una pastora evangélica, que amenaza a las internas lesbianas con trasladarlas a otra institución lejos de sus familias si no “modifican su orientación sexual”.

Las amenazas, según las denuncias de las internas, se producen en el marco del programa “Transformación integral”, un convenio que el Ministerio de Justicia mantiene con un centro religioso con el fin de mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad.

Aireana calificó esas situaciones como “atropellos a los derechos humanos” y recordó que Paraguay es un Estado laico que no puede permitir que las religiones intervengan en políticas estatales como la gestión de las penitenciarías.

El 63 % de las internas de la prisión de mujeres del Buen Pastor ingresó por causas vinculadas al tráfico ilícito de drogas, sin que haya una diferencia entre quienes son personas vinculadas al narcotráfico y quienes son víctimas de los circuitos de consumo y venta de drogas a pequeña escala, según un informe del MNP de 2014.

Organizaciones en defensa de los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) y otros colectivos de derechos humanos reclaman la aprobación en Paraguay de una ley contra toda forma de discriminación, argumentando que se trata del único país de la región que carece de este tipo de legislación.

La iniciativa fue vetada en 2014 en el Senado por el temor de algunos legisladores a que la ley abriese la puerta a los matrimonios entre personas del mismo sexo, pese a que el texto legislativo no mencionaba este supuesto.

Luego de varias jornadas de capacitación a directores y docentes de unos 17 centros educativos de la ciudad de Capiatá, con el fin de que los mismos sean verdaderos espacios de prevención escolar, la Dirección de Prevención Integral de la SENAD entregó certificados a los directores que asumen de esta forma el compromiso de elaborar una política preventiva institucional y sostener una estrategia preventiva con la comunidad escolar.

La actividad se desarrolló en la Supervisión Técnica Pedagógica, área educativa 11-01, a la cual pertenecen los centros educativos en cuestión.

Las escuelas y colegios constituyen uno de los ámbitos más estratégicos para la prevención del consumo de drogas en niños, adolescentes y jóvenes por lo que la SENAD apuesta al establecimiento de la cultura preventiva.

En la noche del jueves se registró una gresca con derivación fatal en un camino vecinal del barrio Cerrito de la ciudad de Capiatá.

Los protagonistas de este incidente fueron Jesús Gaspar Jara Fretes, de 21 años, y Sergio Javier Moreno Arce, de 44 años, ambos supuestos adictos a las drogas.

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El informe señala que ambos se encontraban en compañía de otras personas que también serían drogadictas cuando, en un momento dado, mantuvieron una acalorada discusión.

La situación fue subiendo de tono hasta llegar a una confrontación física, ocasión en que Moreno extrajo un arma blanca y propinó una estocada mortal a Jara a la altura del pecho.

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El médico forense determinó como causa de muerte un shock hipovolémico, derivado de la gran cantidad de sangre que perdió la víctima luego de ser apuñalada.

Tras la riña fatal, se concretó la detención de Sergio Moreno, se encontraba bajo los efectos de las drogas y el alcohol al momento de ser capturado por la Policía Nacional.

“La Junta Municipal aprobó de forma irregular la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta Carolina Aranda, es una bofetada a la gente”, manifestó el concejal Edgar Martínez (ANR-HC), quien se opuso al dictamen de aprobación de la Ejecución Presupuestaria 2023 que fue tratado y aprobado ayer por el Pleno de concejales de dicha ciudad. Dijo que está evaluando pedir la intervención de la Contraloría.

Martínez, quien es miembro de la Comisión de Hacienda, señaló que por tercer año consecutivo su postura fue por el rechazo de la ejecución presupuestaria de la intendenta Aranda y cuestionó durante la sesión de ayer por el procedimiento “a tambor batiente” con el que se trató y aprobó la ejecución presupuestaria 2023 de la intendenta liberal Carolina Aranda.

Puntualizó falta de transparencia y un “sospechoso” apuro por la aprobación, ya que no fue estudiado ni analizado por la Comisión de Hacienda ni por los concejales.

“La Comisión no me ha convocado para ninguna reunión para hacer el estudio y análisis de esta ejecución presupuestaria 2023, para mí es demasiado importante que esto se estudie de forma responsable, de forma madura y no presentar hoy un dictamen como si fuese que somos pelotudos acá en esta Junta”, cuestionó Martínez.

Agregó durante la sesión que “he solicitado en sesión ordinaria la copia de la ejecución presupuestaria en tiempo y forma, la cual no se me concedió, entonces, yo quiero dejar en claro y que conste que para mí este dictamen se ha hecho de forma irregular, de forma irresponsable. Es como darle una bofetada a toda la ciudadanía y para mí, especialmente como contralor, no voy a acompañar este tipo de procedimientos. Y yo les pregunto a los colegas, estamos los doce colegas. ¿Quién recibió el dictamen de la Ejecución Presupuestaria? Yo soy parte de la Comisión de Hacienda, por la cual usted presidente tiene la obligación de convocar a los miembros para hacer el estudio y el análisis de esta red de dictamen”.

El concejal lamentó el estado actual de la ciudad, que carece de inversiones como desagües pluviales y cloacales, calles en mal estado y espacios públicos en una situación calamitosa, con una ejecución presupuestaria poco transparente e irregular.

Comentó que está estudiando con su equipo la posibilidad de un pedido de intervención de la Contraloría General de la República para auditar la gestión de la intendenta liberal.

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