Unos 200 niños y adolescentes, acompañados por una docena de asociaciones dedicadas a la infancia y la adolescencia, portaron sus pancartas y alzaron carteles en los que se podían leer consignas como “Niñas, no madres”, “El monstruo puede estar en casa” o “No al abuso y a la explotación infantil”.

Esos reclamos también los expresaban con sus gritos en esta concentración de denuncia y de llamada de atención para que todos los paraguayos se involucren en la erradicación de un problema que todavía cuesta reconocer en voz alta.

Esa vergüenza y ese miedo a hablar es una de las situaciones con las que estas organizaciones quieren romper y por ello piden mayor educación sexual y menos reparos a la hora de hablar de sexualidad.

Así lo expresaron durante la lectura del manifiesto en el centro de Asunción, en el que los menores solicitaron que se “permita hablar de sexualidad con naturalidad y acorde a la edad evolutiva, ya que esta es la base fundamental para la prevención del abuso sexual”.

El pronunciamiento de este acto también exigía mayor inversión por parte del Estado para la atención de las víctimas y las prevención de los delitos de abuso sexual, así como un plan de estudios que incluya “una educación integral de la sexualidad desde un enfoque científico, laico, de derecho y con perspectiva de género”.

El manifiesto aludió a la conciencia general de los paraguayos, para que no sean “cómplices ni indiferentes” ante los casos de abuso, explotación o embarazos adolescentes.

Una de las participantes en la manifestación y miembro de la organización Mil Solidarios, Fidedigna Flecha, explicó en declaraciones a Efe que en Paraguay todavía no se ha implementado una verdadera educación para prevenir el abuso de menores.

“Creemos que teniendo una buena educación integral de la sexualidad seremos capaces de reconocer, prevenir y evitar los casos de abuso, ya que solamente conociendo podemos protegernos”, señaló la joven.

Flecha también recordó que esa es la única manera de que los niños más pequeños sean conscientes de lo que es un abuso sexual y cómo se produce para que puedan alertar a otros adultos si lo están sufriendo.

“Los abusadores primeramente les tratan con cariño, les dicen que está bien, que nadie se enterará… y ellos creen que está bien, pero en realidad no”, lamentó.

Esta joven comentó que muchos menores ya han perdido el miedo a denunciar, pero que la dejadez de las autoridades, la lentitud con la que avanzan los procesos o incluso el cuestionamiento al que se exponen les llevan a retirar las denuncias.

Las organizaciones convocantes criticaron la falta de claridad de la Fiscalía a la hora de proporcionar los datos relativos abusos de menores y solo barajan que entre enero de 2016 y abril de 2017 se registraron un total de 2.595 denuncias de abuso sexual de menores, aunque insisten en que hay muchos casos que no se denuncian.

La marcha de este sábado recuerda la conmemoración del Día Nacional de lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, que se celebra cada 31 de mayo para honrar a Felicita Estigarribia, una niña de 11 años que sufrió abuso sexual y después fue asesinada en 2004 en la ciudad de Yaguarón, al sureste de Asunción.

Autoridades y funcionarios del TSJE encabezaron el acto de habilitación del quinto Centro Cívico de la ciudad de Asunción, ubicado en el barrio San Roque.

Derlis Larrosa, vicedirector del Registro Electoral, señaló que el objetivo de estos nuevos espacios es dar mejores servicios a los ciudadanos y estar a la altura de las exigencias que competen a la institución.

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Por su parte, Francisco Olmedo, director de Recursos Electorales, señaló que, así como estuvieron en los diferentes procesos electorales, también estarán muy de cerca con la población y seguirán brindando su trabajo a las organizaciones sociales que así lo requieran.

Cabe recordar que la Justicia Electoral dispuso la reestructuración de las Oficinas de Registros Electorales, pasando a convertirlas en Centros Cívicos, a fin de ampliar las opciones para la ciudadanía.

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En estos espacios se ofrecen diversos servicios, incluyendo inscripciones o actualizaciones de datos en el Registro Cívico Permanente (RCP), recepciones de solicitudes del Voto Accesible, asesoramiento técnico y logístico a organizaciones intermedias y todo el acompañamiento a las instituciones educativas para las Pasantías Educativas, Laborales y Socio Comunitarias.

La propuesta legislativa pretende dar una solución a la problemática del servicio de transporte público, mediante la creación de una empresa de transporte público que competirá con las empresas privadas.

El documento consta de 19 artículos, tiene como finalidad un cambio estructural al sistema de transporte urbano, mediante la unificación de la rectoría del sector transporte, responsable de reorganizar todos los itinerarios para optimizar e integrar el transporte urbano de pasajeros, así como la creación de la empresa pública de transporte que garantice la prestación del servicio de transporte urbano en todo el territorio nacional.

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Al respecto, el senador indicó que con la unificación de la rectoría, la reorganización de los itinerarios tomando como base el Plan CETA elaborado con la Cooperación Japonesa de la (JICA), se espera que el sistema de transporte funcione en forma eficiente, con una reducción significativa de costos.

Destacó además que la implementación de esta Ley ahorrará gastos en salud pública, por accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias y en reparaciones de la infraestructura de transporte. El objetivo es que las personas que usan vehículos particulares (motos y autos) prefieran pasarse al transporte público por su alta calidad.

El fiscal Gabriel Segovia dispuso abrir una causa penal e imputar a un hombre sospechado de tener implicancia en un caso de producción de documentos no auténticos y estafa.

Se trata de Rodrigo Edil Cristaldo Oviedo, domiciliado en el Km 7 de Ciudad del Este, quien sería un conocido estafador serial que opera en la zona de Alto Paraná.

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Este sujeto es acusado de fraguar documentos para poder vender una embarcación, por la cual apenas hizo una entrega y adeudaba la suma de G. 25 millones.

Según los antecedentes de la Fiscalía, la denuncia data de octubre del 2022, cuando el sindicado había vendido una lancha a Gustavo Alcides Fernández Ortigoza mediante un contrato privado.

Días después, Fernández decidió volver a venderla a Michel Leonardo Sanabria Cabrera, aunque fue este último comprador quien corrió con la mala suerte de que le hayan secuestrado el bote a raíz de un juicio civil promovido contra Cristaldo.

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Los datos refieren que el ahora procesado apenas abonó una cuota de G. 5 millones y posteriormente se encargó de volver a encontrar un nuevo dueño para la embarcación por la que aún adeudaba una millonaria suma. Para el efecto, firmó 5 pagarés no auténticos.

El fiscal de la causa solicitó al juzgado la prisión preventiva de Rodrigo Edil Cristaldo, quien posee 17 causas en diferentes unidades, solamente en la Fiscalía de Ciudad del Este, menciona el diario La Clave.