En julio del 2015 supuestos miembros del EPP asesinaron a balazos a los suboficiales Agustín Romero, Roque Salinas y Crispin Rojas, de la comisaría de Yaguarete Forest, departamento de San Pedro.

En tal sentido, la viuda de Crispín Rojas asegura que tras lo sucedido ella y las demás mujeres de los uniformados quedaron en el olvido.

“Estamos reclamando nuestro derecho a cobrar una indemnización y no recibimos nada ya van a hacer dos años en julio”, comentó la señora Regina viuda de Rojas en charla con la 730 AM.

Sobre la respuesta que recibe de parte de las autoridades, manifestó que la responsabilidad la pasan al Ministerio de Hacienda mientras que en esta cartera alegan que depende de Diputados y Senadores.

Doña Regina segura que otras 30 mujeres se encuentran en la misma situación y que mientras las esposas de los militares ya cobraron lo que les corresponde tal cosa no sucedió con las viudas de los policías.

su abogado le recomendó entablar una demanda por la falta de pago, sin embargo, esto implica nuevos costos. La mujer asegura que le deben abonar 5.000 jornales mínimos.

ANTECEDENTES

El móvil en que se desplazaban los policías recibió al menos 150 tiros, antes de ser quemado por el EPP. El suboficial mayor Agustín Romero (40), y los suboficiales primero Crispín Rojas Pereira (34) y Roque Salinas Salinas (28) prestaban servicios en el puesto policial N° 008 del asentamiento Yaguarete Forest, San Pedro.

Fueron emboscados en un camino rural, a 10 kilómetros del puesto policial, en el asentamiento Agüerito. La tierra amontonada en el lugar (suelo es preparado para pavimentación) hizo que el chofer disminuya la velocidad, que fue aprovechada por los delincuentes para “rociar” el vehículo con balas.

Tras herir a sus víctimas, los epepistas los sacaron del rodado para darles “el tiro de gracia”. Posteriormente prendieron fuego a la patrullera y huyeron hacia el monte.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.