En conferencia de prensa desarrollada esta tarde, autoridades del Ministerio de Hacienda brindaron detalles en relación al programa de ayuda estatal para los afectados por la pandemia de coronavirus.

Carmen Marín, Directora de Estudios Económicos de la entidad, confirmó que a partir de mañana se habilitarán las plataformas para las personas que deseen registrarse con el fin de percibir el subsidio, el cual está destinado a trabajadores informales y cuentapropistas.

El registro se extenderá hasta el próximo lunes 13 de abril. Posteriormente, se prevé empezar a realizar la transferencia de dinero a los beneficiarios a partir del día martes.

Los que NO podrán ser beneficiarios de este subsidio gubernamental son:

*Personas jubiladas.

*Funcionarios públicos.

*Aportantes al Impuesto a la Renta Personal (IRP).

*Personas que aporten a la Seguridad Social de IPS.

En el caso de las personas con RUC, las mismas sí pueden registrarse para cobrar este beneficio, aunque se estará priorizando a los de menor rango (personas con un ingreso igual o menor a un salario mínimo en los últimos 6 meses).

Marín aclaró que este beneficio apunta directamente a las personas cuyos ingresos de los últimos meses se hayan visto afectados por la cuarentena (que obligó al cese de actividades comerciales). Por ello, instó a aquellos que no cumplan con los requisitos citados anteriormente a que no se registren.

Los canales habilitados para la inscripción son la página web www.pytyvo.hacienda.gov.py y la aplicación “Pytyvô Subsidio” disponible para smartphones.

La funcionaria de Hacienda indicó que, a fin de evitar la saturación del sistema, se prevé hacer la inscripción teniendo en cuenta el número de terminación de la cédula de identidad. Por ende, los primeros en registrarse desde mañana serán los que tengan terminación 0 y 1 y así sucesivamente hasta completar el proceso.

Marín enfatizó que se hará un cruzamiento de la información con las bases de datos de diversas instituciones del Estado, a fin de certificar que los inscriptos cumplan con todos los requisitos exigidos.

En caso de encontrarse con personas que no reúnan las condiciones y de igual manera se hayan registrado, el formulario de registro está en carácter de declaración jurada, lo cual significa que los datos de las mismas serán puestas a disposición de la Fiscalía de ser necesario, indicó.

El subsidio está establecido en un 25% del salario mínimo legal vigente, que representa la suma de G. 548.210, podrá ser otorgado hasta en dos pagos, aclararon desde Hacienda.

En este caso -tal y como en el programa Ñangareko-, la acreditación del dinero se hará vía transferencia a través de una billetera electrónica. Para el efecto, nuevamente se recurrirá a las empresas de telefonía.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.