• Por Aldo Benítez, aldo.benitez@gruponacion.com.py
• Fotos: Néstor Soto y Fernando Riveros

El coronavirus vino a destartalar las estructuras de las naciones y sus efectos seguirán sacudiendo a los países. Las poblaciones se han mostrado vulnerables ante esta pandemia. Mientras el pedido de expertos, científicos y médicos es evitar la aglomeración de personas para que no haya un contagio masivo, las cárceles superpobladas aparecen como un grave problema, justamente porque es un lugar donde la propagación del virus se puede dar con más rapidez.

Ni bien se dio a conocer el primer caso de coronavirus en Paraguay, el 7 de marzo pasado, el Ministerio de Justicia determinó el aislamiento completo de las 18 penitenciarías habilitadas en Paraguay. Actualmente son 15.850 personas que están privadas de su libertad en estas cárceles, según datos del Ministerio de Justicia.

Tacumbú, la principal penitenciaría del país, tiene unos 4.000 internos que sobrepasa en un 265% su capacidad real (que llega a 1.500 internos) según estudios realizados por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). De hecho, las autoridades nacionales reconocen que el penal está al límite. Por eso es que los controles para que la gente ingrese aquí es extremo y estricto.

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Por las mañanas, la docena de funcionarios de seguridad y administrativos que ingresan al penal lo deben hacer por la Unidad Penitenciaria Industrial la Esperanza (UPIE), que está pegado a la cárcel de Tacumbú. Allí, un equipo sanitario está desde muy temprano para fumigar a los trabajadores, para evitar que el virus pueda ingresar por algún elemento. Se fumiga los vehículos y a cada funcionario, casi como un baño pero con ropa.

El control se hace con todos, sin excepción. Los funcionarios están obligados también al uso de tapabocas y se insiste en forma constante con la limpieza de las manos. A las personas que trabajan como proveedores, los que ingresan verdura, carne, etc., también pasan por el mismo procedimiento.

“Estamos viendo cómo hace el trabajo de monitoreo a fin de que se cumplan las cuestiones elementales de respeto a los derechos humanos. Hasta ahora, nosotros también estamos considerados como agentes que podemos llevar el virus, entonces estamos buscando los mecanismos adecuados. Pero desde un principio, nosotros hicimos unas recomendaciones al Ministerio de Justicia sobre los procedimientos en las penitenciarías”, dice Dante Leguizamón, comisionado del MNP.

En efecto, el MNP tiene unas recomendaciones como para prever el cuidado y respeto de los derechos humanos de la gente privada de su libertad durante esta cuarentena decretada por el Gobierno. Algunos de los puntos mencionados son la colocación en varios lugares de servicios para el aseo de manos, disponer de material suficiente para hacer la limpieza las veces que sea necesaria, extender los horarios de salidas a patios y espacios de recreación para los internos y principalmente, prever que los médicos como personal de blanco estén disponibles en la sanidad de la cárcel para que actúen con rapidez en caso de que algún interno presente síntomas.

De las 18 penitenciarías del país, en 14 se reportan hacinamientos. O al menos, hay más personas internadas que la capacidad de estas cárceles. Es un problema de hace años que el Gobierno espera resolver en alguna medida cuando se terminen las tres penitenciarías que se están construyendo, dos en la zona de Emboscada, en el departamento de Cordillera, y la otra en Minga Guazú, en Alto Paraná.

“La de las cárceles es una población muy vulnerable. Hay una situación de hacinamiento y estructural muy complejas, que requiere que se tomen las medidas adecuadas pertinentes”, contó Dante Leguizamón.

SIN CONDENAS Y AHORA SIN VISITAS

A pesar de la queja de los internos, la decisión del Ministerio también fue clausurar el penal para recibir visitas. Al menos, hasta el próximo 12 de abril, tal como estableció el Gobierno en una primera medida para intentar evitar la propagación del coronavirus COVID-19.

En el Buen Pastor, la cárcel para mujeres, la situación es similar. En esta cárcel que tiene capacidad para albergar a 300 personas, viven cerca de 459 que están sin recibir visitas desde que arrancó toda esta historia de los aislamientos. El procedimiento en este lugar es también el mismo en cuanto a la rigurosidad sanitaria. La misma medida se aplica en todas las demás cárceles del país.

De acuerdo con datos del propio Poder Judicial y que también maneja el Ministerio de Justicia, de las 15.859 personas privadas de libertad, apenas el 25% tiene condena (cerca de 4.000). El resto está esperando que sus procesos judiciales puedan avanzar. La mayoría de estas personas que no tienen condena, se debe a la pobreza. Como no tienen dinero para pagar algún abogado privado, dependen de la Defensoría Pública, cuyos miembros se ven rebasados en la capacidad de atender los casos.

“No es por supuesto una decisión fácil. Conversamos con ellos y darles a entender lo que implica esta cuestión. Explicarles que es una medida necesaria, tenemos que llegar a un acuerdo para que entiendan de qué se trata” dice la ministra de Justicia, Cecilia Pérez.

La funcionaria menciona, por dar un ejemplo, que en época de verano, durante los días de visita, Tacumbú recibe sin mayores problemas a unas 5.000 personas. “En los últimos tiempos teníamos 1.500 visitas por domingo. Entonces, la única forma de controlar es evitar que siga entrando gente. Nosotros queremos mantener esta medida hasta el 12 de abril, cuando termine la cuarentena”, explica Pérez.

Para la ministra, es necesario mantener este sistema hasta que se pueda tener el aviso oficial de que el virus ya deja de ser una amenaza para la salud pública, aunque esa situación aún está por verse.

En todo el sistema penitenciario, Paraguay tiene al menos 400 personas con más de 60 años o con alguna enfermedad que los puede presentar dentro de los parámetros para considerarlos de riesgo al contagio del coronavirus COVID-19, según datos del Ministerio de Justicia.

Hasta el momento no se reportaron casos en penitenciarías paraguayas. Por ahora, las personas privadas de su libertad mantienen la esperanza de que les llegue primero una condena justa antes que un virus.

La situación en otras cárceles del mundo

La situación carcelaria en otros países que también sufren con el drama del coronavirus COVID-19 ha mostrado diferentes posturas. Pero quizás una de las más radicales es la de Afganistán, país que anunció que liberará en los próximos 10 días a unos 10.000 prisioneros para evitar que el virus se propague y termine siendo una situación incontrolable. Así señala un despacho de la Agencia AFP, que cita a fuentes oficiales.

El documento señala además que esta decisión obedece a que actualmente, Afganistán está casi colapsada en su sistema de salud, luego de cuatro años de contiendas bélicas y la llegada de la pandemia. Según AFP, que menciona al procurador general afgano, Farid Hamidi, los beneficiarios serán mujeres, niños, personas gravemente enfermas y los que tienen más de 55 años.

Esta misma agencia noticiosa reporta que en México, un país cuyo gobierno no tomó medidas en las primeras semanas respecto a la crisis sanitaria a nivel mundial, comenzó un plan de trabajo comunitario con sus internos para la fabricación de cubrebocas, con el objetivo de entregar a hospitales públicos para luchar contra la pandemia. México ya registra 8 muertes por la pandemia y 110 nuevos casos, al menos hasta el viernes.

Italia, el actual epicentro de la epidemia con poco más de 9.100 muertos, registró violentas revueltas en 27 cárceles durante las primeras semanas de marzo, cuando el gobierno decidió suspender las visitas de familiares a estos centros. En estos motines se tuvieron al menos 6 muertos, según las agencias de noticias.

En Argentina, que tiene 12 fallecidos por la virus, se tuvo motines en dos cárceles de la Provincia de Santa Fé que terminó con cinco reclusos muertos. Supuestamente, los internos quisieron “aprovechar” que el gobierno estaba muy abocado a todo lo que tenía que ver con la pandemia del coronavirus Covid- 19. Otros informes hablan de que algunos reclusos no estaban de acuerdo con la prohibición de recibir visitas, lo que originó uno de los motines.

Durante su jornada de Gobierno en Itapúa, Santiago Peña llevó algunas novedades para este departamento, donde se reunió con productores de la Cooperativa Colonias Unidas, en la localidad de Obligado.

En materia de seguridad, la noticia fue el anuncio de la incorporación de la Fuerza de Tarea Conjunta próximamente.

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“Viene, viene a toda la zona sur, a lo que es Canindeyú, Misiones e Itapúa”, contestó Peña ante la consulta de los medios.

Consideró que será una apuesta muy importante en la lucha contra la delincuencia y reconoció que se necesitará una fuerte inversión. Sin embargo, esto no será un problema, pues la instalación de la FTC en Itapúa “es una decisión tomada”.

El 12 de abril pasado, Peña había anunciado la instalación de una subbase de la FTC en Canindeyú, como parte de un plan de refuerzo de seguridad en la zona.

Según Giménez, es crucial acercarse a la persona afectada y comunicarse si está consciente.

Se debe seguir la “Regla PAS”: Proteger, Alertar y Socorrer. Sin embargo, es vital no mover a la persona, especialmente si ha sufrido un fuerte impacto, ya que el cuello es especialmente vulnerable. Se recomienda inmovilizar la zona con un collarín.

Aplicación de la Regla PAS

El especialista detalla que lo primero es “Proteger” la zona del siniestro con señalización, comenzando a unos 80 metros del lugar y avanzando hacia el área afectada.

Luego, se debe “Alertar” a los servicios de emergencia y cubrir la zona con obstáculos adicionales para proteger a la víctima. El último paso es “Socorrer”, tarea que corresponde a los servicios de emergencia.

Incidentes sin víctimas

En situaciones de siniestros sin lesionados, pero con daños materiales, es esencial recopilar los documentos necesarios y contactar a las autoridades pertinentes.

Diferencia entre siniestro vial y accidente

Giménez destaca la diferencia entre estos términos. Un accidente es un suceso azaroso o fortuito, mientras que un siniestro es prevenible y evitable. La mayoría de los incidentes viales se consideran siniestros, ya que son ocasionados por errores humanos o causas evitables.

A 24 horas de haberse reportado la desaparición de Carmen Ruiz Díaz (34) y sus dos hijos de 3 y otro 5 años en la ciudad de Presidente Franco, aún no se tienen novedades sobre su paradero.

Si bien la versión más fuerte hasta el momento es la de un posible suicidio, teniendo en cuenta el último audio enviado por la escribana a su hermana, aún no existe una confirmación oficial respecto a esta presunción.

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“Mientras que no aparezca un cuerpo, no podemos descartar nada”, afirmó la fiscal Viviana Sánchez, al tiempo de señalar que prosiguen las diligencias en torno a la investigación por esta llamativa desaparición.

Asimismo, confirmó que los familiares acudieron hasta la Fiscalía para entregar la cartera de Ruiz Díaz, la cual fue hallada debajo del asiento trasero del vehículo. En su interior encontraron las documentaciones de la escribana y de sus hijos, además de dinero en efectivo, sin embargo, no pudieron dar con su teléfono celular.

Sánchez mencionó que hasta ahora no tienen a ningún testigo presencial, por lo que no se puede certificar que efectivamente Ruiz Díaz llegó a arrojarse al río Monday con sus niños, tal y como se mencionó desde un principio.

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Otras hipótesis que surgieron es que supuestamente se trató de un rapto y que la escribana habría sido subida a una furgoneta. Por otra parte, la exsuegra de la mujer, Noemí Álvarez, cree que la misma sigue con vida y que ahora se encuentra en el extranjero.

“Es imposible que se haya tirado sola con esas criaturas. Para mí, hay algo más detrás de todo esto”, afirmó Karen Ruiz Díaz, hermana de la desaparecida, quien pide a la Fiscalía mayor celeridad para esclarecer lo ocurrido.

Personal de la Prefectura Naval actualmente realiza una intensa búsqueda en la zona del río Monday. Asimismo, se aguarda la llegada de un helicóptero para reforzar dichas tareas por aire.