De los 12.700 menores que este miércoles se vacunan en todo el país en el primer día de inoculación para la franja de 5 a 11 años, 650 lo hacen en este sanatorio, el principal centro de referencia pediátrica de Uruguay.

En la recepción, un letrero pintado en rojo, azul, violeta, verde y amarillo da la bienvenida a los pequeños que se acercan junto a sus padres, según comprobó Efe.

Un poco más arriba, dos pantallas proyectan dibujos animados para quienes se encontraban en la pequeña sala de espera.

Se aprecia nervios en algunos, pero apenas lágrimas, en los momentos previos a que los pequeños vayan ingresando a los distintos puestos asignados para recibir la correspondiente dosis pediátrica de Pfizer, en los que unos van más confiados que otros.

“No va a doler” o “es un segundito” son algunas de las frases con las que los vacunadores esperan a los menores que, una vez recibida su vacuna, obtienen como premio un libro.

“Valentina y el cepillo samurái”, “Salva y las pompas de jabón” o “Vacunas, mitos y realidades” son algunos de los ejemplares que los niños tienen para elegir tras el trance.

Y, por si la lectura no es suficiente recompensa, antes de retornar a la sala de espera para la correspondiente espera de 15 minutos ante posibles efectos adversos, cada uno recibe un helado. Por supuesto, en plena ola de calor, todos se apresuran a abrir el suyo.

Afuera, entre adornos de colores, sillas y hamacas, la música también acompaña la jornada.

“Los niños vienen a vacunarse, pero también a jugar, a pasar un tiempo distendido y se van con algún regalo”, resalta el viceministro de Salud Pública, José Luis Satdjian, en su alocución ante los medios en la inauguración de la campaña de vacunación infantil en Uruguay.

Según los datos facilitados por el titular de la cartera, Daniel Salinas, también presente en el acto, de los 320.000 niños que hay en Uruguay con esa edad, 84.000 recibirán su primera dosis entre esta semana y la próxima y 40.000 más a la siguiente en los más de 170 vacunatorios del territorio nacional.

Satdjian remarca, por su parte, la forma en que se levantó el vacunatorio del Pereira Rosell, centro donde cada año nacen el 50 % de los niños en Uruguay.

“Este lugar que lo vinimos a ver hace algunos días entre escaleras, electricistas y carpinteros. Ahí se nota el cariño que se le pone a la tarea, a cada detalle para que hoy este lugar pueda recibir con alegría y emoción a todos los chicos y sus familias que vienen a recibir la vacuna”, acota.

Uruguay atraviesa la segunda ola de la covid-19 a raíz de la entrada, a finales de diciembre, de la variante ómicron, que ha elevado exponencialmente el número de contagios diarios y de casos activos, no así de enfermos graves o fallecimientos.

Desde que el 13 de marzo de 2020 se detectaron los primeros positivos por coronavirus, Uruguay suma 463.357 casos totales -de los que 49.373 son personas que actualmente transitan la enfermedad- y 6.202 fallecidos.

Frente a esto, Uruguay opone como fortaleza la alta tasa de inmunización, con casi un 76 % de la población con el esquema completo de vacunación y 1,6 millones de los 3,5 de habitantes del país con una dosis de refuerzo.

Los números seguirán creciendo esta semana, y aunque la “emoción que llega algunas veces hasta las lágrimas por lo que genera estar vacunado”, según Sadtjian al hablar de los adultos inoculados, no se reproduce en los pequeños, el aliciente de contar con un libro y un helado sin duda hará más llevadera la experiencia.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.