El consumo excesivo de alcohol durante las fiestas combinado con tomar el volante, la alta velocidad y la imprudencia además de el famoso continuar con el festejo consumiendo más bebidas dejan como consecuencia pacientes accidentados, con coma alcohólico y con secuelas irreversibles.

El Doctor Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma conoce a fondo a este tipo de pacientes alcoholizados, conocidos como ka’u argel que no permite que se le asista y maltrata a enfermeros y médicos y el ka’u joapy que llega con un alto grado de alcohol que complica su salvataje.

La preocupación por las complicaciones que se pueden dar en estos casos. El sueño que produce el alcohol en sí lleva al coma y tras esto la persona puede vomitar y aspirar lo que tenga en el estómago y luego de ser asistido en el lugar del percance o descompensación se lo traslada hasta el centro asistencial y en el trayecto puede sufrir una aspiración pulmonar y esto suma la gravedad de su estado.

Al llegar se lo duerme, se le da asistencia respiratoria mecánica y se lo opera pero su estado disminuye la posibilidad de salvataje, advirtió en contacto con la 730 AM.

Explicó que gracias a que el arte de la anestesia cambió bastante la general se aplica a cualquier paciente en el estado en que se encuentre.

En el caso de que sea una herida local en el cuerpo por algún golpe o caída se utiliza anestesia local y señaló que en ocasiones ni falta hace debido “al pedo” con el que llega el paciente y no siente nada del procedimiento que se le realiza.

En moto sin casco, traumatismo de cráneo seguro

Saldívar recordó que en Navidad de los cuatro pacientes con traumatismo de cráneo asistidos tras accidentes en moto, en su totalidad quedarán con secuelas.

Un viaje en moto sin casco es sinónimo de muerte o quedar en estado vegetativo y lamentó que siga habiendo adultos que llevan a dos o tres niños o manejan sin las debidas precauciones.

Explicó que la resistencia de los tejidos y masa corporal depende de la velocidad al momento del impacto y hasta en un vehículo de cuatro ruedas se puede sufrir una lesión cervicoencefálico con el cinturón puesto al momento del gatillo de la cabeza, esto yendo a 40 kilómetros por hora.

“Por encima de los 60 kilómetros por hora y más se puede arrancar la aorta y morir y en un 80% se produce un desagarro de la aorta, del pulmón y los intestinos y también el hígado y el riñón sufren un arrancamiento”, explicó el profesional.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.