El abogado Óscar Germán Latorre indicó a Universo 970 AM que luego de haberse agotado todas las instancias jurídicas en Paraguay en relación a la causa del exparlamentario colorado han decidido recurrir a estamentos internacionales para dirimir la cuestión.

En este caso, la denuncia de Víctor Bogado fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que tendrá a su cargo analizar el tema y verificar toda la documentación presentada por la defensa.

Según explicó, en caso de dar curso favorable al reclamo, la Comisión deberá emitir una conclusión emplazando al Estado para que cumpla las observaciones y sugerencias. Si no se da el cumplimiento a las mismas, la causa pasará directamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)..

La defensa de Bogado solicita la anulación de la sentencia del Tribunal que lo había condenado hace unos meses atrás, así como la suspensión inmediata de sus efectos y la reposición del mismo en su banca de la Cámara de Senadores. Igualmente, también pide que Gabriela Quintana pueda ser repuesta en su cargo anterior.

Latorre confirmó que este tipo de trámites son largos y por ello podría demorar en tener una resolución definitiva. Cabe recordar que la demanda presentada por los prófugos Juan Arrom y Anuncio Martí demoró varios años antes de ser definida ante esta instancia.

La conducta que se le atribuyó a Gabriela Quintana -conocida como “La Niñera de Oro”- era atípica y no podía ser subsumida dentro del tipo penal de cobro indebido de honorario ya que la misma, como contratada de Itaipú, no percibió remuneración alguna por parte del Estado paraguayo, refirió. Al respecto, mencionó los precedentes jurídicos que no fueron tenidos en cuenta durante el juicio.

“Hay cosas que realmente no deberían haber ocurrido y lamentablemente ocurrieron. Desde luego que desde el inicio del juicio oral la suerte estaba echada porque los jueces y los fiscales bailaban perfectamente al ritmo que le marcaba un medio de comunicación que le dedicó 150 artículos a este caso (en alusión al diario ABC Color)”, apuntó el abogado.

Cabe recordar que Víctor Bogado y Gabriela habían sido hallados culpables por los hechos punibles de cobro indebido de honorarios en calidad de coautores. El parlamentario fue condenado a 1 año de pena privativa de libertad, con suspensión de la condena; mientras que la exfuncionaria pública a 1 año y 6 meses de prisión.

Las mejoras incluyen un sistema de aire acondicionado y otras comodidades. Su habilitación está prevista para este viernes 10 de mayo, en coincidencia con el Día Mundial del Lupus.

La Dra. Yanira Yinde, Jefa del Departamento de Reumatología de la FCMUNA, hizo extensiva la invitación a todos los pacientes y familiares que quieran participar de esta actividad.

Instan a la ciudadanía a seguir apoyando estas iniciativas, la cual también fue posible a través de la colaboración de la Sociedad de Damas Italianas, Margarita de Saboya.

El Departamento de Reumatología atiende pacientes con lupus además de otros con diversas patologías inflamatorias del tejido conectivo, como la esclerodermia, síndrome Sjögren, también casos de artritis reumatoide, polidermatomiositis y otras enfermedades que podrían acaecer.

El embajador estadounidense recibió a Claudia Aguilera y a Juan Manuel Corzo porque este viernes 10 de mayo se cumplen 2 años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena, Colombia.

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Ostfield ratificó, en nombre del Gobierno de EEUU; la disposición y el compromiso con las investigaciones para dar con los responsables de la muerte del fiscal y con la lucha contra el crimen organizado.

“El legado de Marcelo exige priorizar la investigación, hasta que se haga justicia, para que nunca más ocurra algo así”, escribió el embajador en un posteo en redes sociales.

Pecci fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en la playa de un hotel en la isla de Barú, donde fue de luna de miel con Aguilera.

La justicia colombiana condenó a varios implicados con el crimen: Margareth Lizeth Chacón Zúñiga por su participación en la planeación del asesinato, los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes aceptaron su responsabilidad en el asesinato, recibieron una condena de 25 años y seis meses de prisión. Otro de los acusados de articular el homicidio fue Francisco Luis Correa Galeano.

El comunicado de la familia Pecci hace mención a lo ocurrido dos años atrás en Cartagena, Colombia, donde un grupo de sicarios internacionalmente, coordinados y financiados, acabó con la vida del fiscal Marcelo Pecci. Al respecto, sostienen que los responsables hoy se muestran “fuertes con el uso del dinero mal habido, atropellando lo que han encontrado a su paso, pero que también lo usan para esconderse detrás de fachadas y de lugartenientes que no hacen sino retrasar el proceso”.

Indican además que esto fue retrasando el que consideran el único proceso de investigación, el que se da en Colombia. “Vivimos y crecimos en este país en donde sabemos de injusticias. Vivirla en carne propia lo hace doloroso, frustrante. El olvido son como capas de polvo que no vemos caer pero en el bronce que engalana el nombre de Marcelo Pecci ya hay una capa bastante gruesa que en poco tiempo más va a impedir leer sus letras o recordar sus hazañas”, resaltan.

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Al respecto de los homenajes a los dos años de su asesinato, indican que “ningún acto ni tributo para la familia es aceptable si no se trata de Justicia”.

“Tímidamente hoy vemos caer hojas y hojas del calendario a las que acompañan excusas, lamentos, discursos; pero muy poco en cuanto a lo que se refiere a aquella ansia que a los justos enciende cuando de encontrar al asesino de su compañero se trata”, subrayan en relación a las acciones investigativas que se llevan en Paraguay, donde lamentan que no se ven entusiastas investigadores como sí los hay en Colombia.

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“El olvido es la peor forma de injusticia. Porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana. El nombre de Marcelo Pecci no ha sonado ni en los discursos públicos (aquellos que apuntan a la corrección política) por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. Ni se ha intentado disimular. El olvido provocado es aún peor”, enfatizan.

Ante toda la situación expuesta, solicitan a las autoridades encargadas de la administración que respetuosamente ahorren cualquier tipo de estipendio público en memoria de Marcelo Pecci. “Les solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo”, agregan.