Nidia, Graciela y Angelina Jara son tres hermanas que poseen una propiedad de poco más de 12 hectáreas ubicada en una compañía de la ciudad de Itá, en el departamento Central. Las mismas habían heredado este inmueble de su padre, quien a su vez lo había adquirido de terceras personas en el año 1940.

El abogado Mario Elizeche Baudo, representante legal de las mujeres, indicó a HOY que todo inició a finales del 2011 cuando trabajadores de la empresa de seguridad Tapití S.R.L. ingresaron de manera irregular a una fracción del terreno.

Según mencionó, el espacio ocupado (con una dimensión de 1 hectárea) estaba siendo administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) que hace unos años atrás había llegado a un acuerdo con las propietarias para utilizar dicho predio para un proyecto comunitario.

Luego de ocupar el sitio, los guardias de seguridad empezaron a avanzar cada vez más hacia el sector que corresponde a las afectadas (en este caso, las restantes 11 hectáreas). Con armas de fuego en mano, los mismos amenazaban a cualquier persona que intentaba ingresar a dicho predio y les decían que si se acercaban “les iban a meter balas”, según la denuncia.

Tras esta situación, las hermanas Jara formularon una serie de denuncias en la comisaría local y en la unidad fiscal de la zona por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Pese a ello, las autoridades no hicieron nada para frenar el ilícito, refirió el abogado.

Luego de darse este conflicto, decidieron presentar un interdicto para retener la posesión del terreno, dado que ellas ejercen hasta hoy la posesión real del mismo. Puntualmente, el litigio giró en torno a una hectárea que había sido ocupada irregularmente por la empresa Tapití, explicó Elizeche Baudo.

Luego de presentar este amparo judicial, las denunciantes lograron conseguir una medida cautelar de prohibición de innovar contra los invasores, lo cual les impedía realizar cualquier tipo de modificación en cualquier parte del predio ocupado.

Los representantes de la firma Tapití, manejada por el excomisiario Vidal Machado, desacataron la orden judicial y, a fin de seguir peleando por la ocupación del terreno, decidieron impulsar un juicio sucesorio plagado de irregularidades. En tal sentido, el abogado explicó que en el año 1940, los herederos originales del señor Adolfo Gerding habían decidido vender la propiedad al padre de las hermanas Jara y, por ende, él había pasado a ser el nuevo propietario de esas 12 hectáreas.

Representantes de la empresa de seguridad lograron contactar con parientes del difunto Adolfo Gerding para que los mismos acompañen el nuevo juicio de sucesión y se hagan pasar por herederos, pese a que la cuestión ya se había dirimido hace varias décadas atrás. En el marco de este proceso, lograron obtener padrones falsos y, a través de un topógrafo, hicieron una supuesta mensura privada para superponer una propiedad inexistente sobre el predio de las afectadas.

Las hermanas Jara ganaron el juicio de interdicto en primera instancia. Posteriormente, la decisión fue apelada por la contraparte y la causa fue enviada a la Cámara de Apelaciones de la Circunscripción de Central en San Lorenzo donde, con un voto en disidencia, se revocó la resolución inicial, dándole finalmente la razón a la empresa Tapití. Según Elizeche Baudo, los integrantes del tribunal se valieron de un argumento “traído de los pelos” diciendo que lo que se probó en el expediente es que las personas que habían ingresado (en este caso, de la empresa Tapití) eran lo que efectivamente estaban ocupando el inmueble y no las hermanas Jara.

Ante este revés judicial, se volvió a presentar una acción de inconstitucionalidad para tratar de revertir la resolución del Tribunal de Apelaciones que favorecía a la empresa de Vidal Machado.

El abogado comentó que las personas que actualmente ocupan de manera irregular el predio siguen en su afán de seguir avanzando, a tal punto de que ya están talando varios árboles de la propiedad sin el consentimiento de las denunciantes. “Con un título falso está queriendo usurpar 11 hectáreas que son propiedad de mis clientes”, añadió.

Acusó al excomisario de utilizar la posición privilegiada que tiene para ocupar el terreno y de utilizar a los funcionarios de su empresa de seguridad para intimidar tanto a sus defendidas como a los demás vecinos del barrio, utilizando inclusive armas de fuego para dicho cometido.

Elizeche Baudo pide a la justicia que tome cartas en el asunto y que se pueda demostrar de manera fehaciente que las hermanas Jara son las propietarias reales del terreno, dejando al descubierto las varias irregularidades cometidas por el excomisario Vidal Machado y la empresa Tapití S.R.L.

A través de un comunicado el MOPC recordó la reglamentación de la Ley N.º 5016/2014 de Tránsito y Seguridad Vial, que en su Artículo 43 establece que: “No podrá colocarse en la vía pública y franja de dominio, propaganda comercial, construcciones u otros elementos que afecten la visibilidad del conductor”.

La necesidad de mantener este espacio libre se fundamenta en varias razones importantes:

Seguridad vial: Las franjas de dominio despejadas garantizan una visibilidad adecuada para los conductores, lo que reduce el riesgo de accidentes de tránsito al permitir una respuesta más rápida ante situaciones imprevistas en la carretera.

Fluidez del tráfico: Evitar la obstrucción de las franjas de dominio ayuda a mantener un flujo de tráfico más fluido y eficiente, ya que los conductores tienen una mayor capacidad para realizar maniobras de adelantamiento y cambios de carril de manera segura.

Prevención de distracciones: La presencia de elementos como monolitos, carteles publicitarios, vendedores ambulantes u otros objetos en las franjas de dominio puede distraer a los conductores, lo que aumenta el riesgo de accidentes y obstaculiza la atención en la conducción.

Mantenimiento de la infraestructura vial: Al mantener despejadas las franjas de dominio, se facilita el acceso a la infraestructura vial para labores de mantenimiento y reparación, lo que contribuye a prolongar la vida útil de las carreteras y garantizar su óptimo estado.

En ese sentido, desde el ente sostienen que mantener despejada la franja de dominio de una ruta es esencial para garantizar la seguridad, la fluidez del tráfico y el óptimo mantenimiento de la infraestructura vial.

La Comisión de Legislación y Codificación emitió dictamen de aprobación al proyecto de ley “De protección a la trabajadora embarazada”, iniciativa que tiene como finalidad proteger y blindar a las mujeres en estado de gravidez para casos específicos en su lugar de trabajo.

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Paraguay cuenta, actualmente, con la Ley N° 5508/2015, “De promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna”, que es una herramienta fundamental de protección a la maternidad y lactancia materna, pero que, sin embargo, la misma no aborda, específicamente, al período de embarazo.

El ente asesor resolvió dictaminar a favor del documento, no sin antes sugerir algunas modificaciones de forma.

La iniciativa forma parte del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados prevista para este miércoles 22 de mayo.

Los operativos fueron encabezados por la Dirección Contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional, a cargo del comisario Ronaldo Benítez, en conjunto con el Ministerio Público, Aduana, Ministerio de Industria y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición – INAN.

Uno de los operativos fue realizado en el supermercado “El Ahorrrazo” en Capiatá, de donde se incautaron: 29 cajas de tomates (483 kilos), 16 bolsas de zanahoria (318 kilos), 13 bolsas de zapallo (391 kilos), 54 bolsas de cebolla (938 kilos), 16 cajas de manzana roja (292 kilos) y 37 packs de 12 unidades de aceite.

La pérdida estimada es de G. 60.000.000, según el reporte de la intervención.

El otro operativo anticontrabando se desplegó en el supermercado Colón, ubicado en la ciudad de Guarambaré, de donde también se incautaron mercaderías sin documentaciones pertinentes.

Lo incautado fue lo siguiente: 33 cajas de aceite Vicentin de 12/u de 1.5 litros, 45 cajas aceite Olemix de 4/ u de 4,5 litros, 2 fardos de Nescafé de 12/u de 170 gm, 34 bolsas de cebollas de 20 kg, 28 bolsas de papas de 20 kg/u, 154 panes de quesos de 4kg c/u, 64 unidades de aceite Vicentin de 1.5 litros, 6 unidades de aceite Vicentin de 900 ml y 74 unidades de aceite Solmne de 1.5 litros

En este caso, la pérdida estimada es de G. 100.000.000.

Por disposición del fiscal interviniente, todos los incautados fueron trasladados hasta el depósito de la Aduana, ubicado en la ciudad de Mariano Roque Alonso.