En octubre del año pasado, el MOPC y el Ministerio de Justicia habían firmado un acuerdo con el fin de iniciar los trámites para la construcción de nuevas penitenciarías nacionales.

Tras varios meses de postergación al inicio del proceso, finalmente en mayo se realizó la apertura de sobres con un total de 16 ofertas para la Licitación Pública Nacional.

Dos de estas cárceles estarán ubicadas en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera, y una en la localidad de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná. En todos los casos, tendrán capacidad para albergar a más de 1.200 internos.

Las tres nuevas penitenciarías se construirán con los más altos parámetros de seguridad, de acuerdo al MOPC, siguiendo estrictos estándares internacionales e incluyendo un nuevo modelo de gestión penitenciaria sobre el manejo de las personas privadas de libertad.

En el caso de la primera cárcel de Emboscada, la estructura estará rodeada por un muro perimetral reforzado con hormigón armado (H°A°) de 3 metros de altura, 135 metros de ancho y 246 metros de largo. Además, contará con 8 garitas para la vigilancia de los pabellones.

En su interior estará ubicada la nueva penitenciaría que tendrá dos plantas de 35.000 m3, con una capacidad para 1.320 reclusos. Por su parte, en la planta baja habrá 8 pabellones habitacionales de los cuales uno será destinado a máxima seguridad para la clasificación de criminales de alta peligrosidad.

El nuevo penal también contará con un área para visitas generales, una cocina, una oficina de servicios, un área administrativa, una capilla y estacionamientos, tanto para visitantes como para funcionarios.

Se prevé que cada pabellón tenga una medida de 650 m2 y cuente con su propio comedor, sanitarios en cada celda y una cancha multiuso para el esparcimiento de los reos, a excepción de los pabellones de máxima seguridad y los pabellones de la segunda planta.

A su vez, en el piso superior se construirán 8 pabellones habitacionales (lo que totaliza 16, teniendo en cuenta el pabellón de máxima seguridad de la segunda planta), una enfermería, un área de visitas privadas y un dormitorio para el pernocte de los guardiacárceles y una oficina administrativa. En lugar de las canchas de la primera planta se prevé un espacio a cielo abierto, mientras que en el de “máxima seguridad” estará rejado.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.