POR JORGE TORRES ROMERO, LN Investiga

Las amigas de la fiscala Zully Figueredo se encargaron de exhibir en sus redes sociales el tour que realizaron el pasado mes de agosto por el viejo conti­nente. Se observan fotogra­fías con fecha 3 de agosto reco­rriendo ciudades de España, el 5 de agosto estuvieron por París, Francia; el 11 de agosto por Londres, Inglaterra; el 15 del mismo mes por Ámster­dam, Holanda; el 23 por Vene­cia, Italia, y el 31 de agosto por Ibiza, España.

A juzgar por las publicaciones en las redes en tiempo real del lugar que recorrieron, prácti­camente todo el mes de agosto estuvieron fuera del país visi­tando las ciudades más bellas de Europa.

Este viaje de la fiscala Figue­redo iba a pasar desaperci­bido si la misma no hubiese alegado una sobrecarga de trabajo en su unidad a la hora de justificar su ausencia en la audiencia preliminar que ya se había fijado el 5 de agosto pasado para el capo narco Jorge Samudio, alias Samura.

La audiencia de “Samura” estaba fijada para el pasado miércoles 11 de setiembre a las 8:00. Sin embargo, a las 7:39, Figueredo comunicó su inasis­tencia a la diligencia, argumen­tando que se encontraba con compromisos propios del turno que requerían su presencia.

En el documento la agente solicitó una nueva fecha de audiencia para “Samura”. Sin embargo, el peligroso nar­cotraficante fue trasladado desde el penal de Emboscada hasta el lugar de la diligencia, donde en la zona de la Costa­nera Norte de Asunción fue rescatado por un grupo de delincuentes tras un enfren­tamiento con efectivos poli­ciales que derivó en la muerte del comisario Félix Ferrari.

El pasado 5 de agosto, la jueza Letizia Paredes fijó fecha y hora de la preliminar para Jorge Teófilo Samudio, en el marco del proceso por narcotráfico.

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, ordenó la instrucción de un suma­rio administrativo contra la agente fiscal Zully Figueredo a los efectos de esclarecer su actuación en dicho proceso penal.

“He ordenado la instruc­ción de un sumario adminis­trativo a la agente fiscal Zully Figueredo, interviniente en la causa contra Jorge Teófilo Samudio, alias Samura, a los efectos de esclarecer su actua­ción en dicho proceso penal”, posteó en su cuenta de Twitter.

El jueves pasado, Quiñónez también anunció que la sepa­raba de la unidad donde pres­taba servicio. “He resuelto desvincular a la agente fiscal Zully Figueredo de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y reasignarla a la fiscalía ordinaria zonal de Luque”, escribió la fiscala general del Estado.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tam­bién inició una investigación preliminar a los efectos de que se envíe, en un plazo de cinco días, un informe sobre la causa en la que Figueredo investiga a Jorge Samudio, alias Samura, y de todos los antecedentes que guardan relación con la publi­cación de la orden de sumario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó que están colaborando con autoridades de la Defensa Civil brasileña para la reubicación de connacionales afectado por las inundaciones.

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Todos los paraguayos están siendo asistidos y se encuentran en refugios seguros, pero se trabaja para hallar a más compatriotas. Ante eso, recuerdan que la línea telefónica +55 51-991487881, está habilitada.

Según el cónsul paraguayo, José Martínez, unas 200 familias paraguayas, equivalentes a 500 personas, terminaron desplazadas de sus hogares por el avance de las aguas.

Brasil vive una de las peores catástrofes naturales y registra unas 80 personas fallecidas, entre ellas, no se reportó ningún paraguayo.

Según datos, más de 844.000 personas fueron afectadas en todo el estado, el más meridional del país, de las cuales 134.300 han perdido sus hogares.

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“Los transportistas tienen que tener una empatía mayor con la ciudadanía. Estamos reunidos con el equipo, cada acción que tomemos desde el Viceministerio de Transporte, será a favor de la ciudadanía”, manifestó el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández, en conversación con Universo 970 AM de Nación Media.

El Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) anunció la decisión de ir a un paro total de buses por el período de tres días. La medida entrará a regir a partir de las 00:00 horas del lunes 20 de mayo.

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“Presiones habrán, hay muchos elementos sobre la mesa pero obraremos siempre a favor de la ciudadanía”, adelantó el viceministro.

Por otra parte, indicó que el objetivo del gobierno es encaminarse hacia una reforma del sistema de transporte público y es un tema que molesta a los empresarios.

Los transportistas vienen amenazando desde hace días con esta medida, por desavenencias con el Gobierno. Entre los pedidos del gremio se encuentran:

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- Actualización de los coeficientes que hacen a la estructura de costos para la fijación de la tarifa.

- Detener la manipulación de coeficientes que determinan los insumos operacionales del sistema.

- Desembolso de los subsidios en tiempo y forma.

- Renovación de los permisos de explotación del servicio.

Los transportistas aseguran haber enviado reiteradas solicitudes en torno a estos puntos, sin obtener respuestas, por lo que se hace “insostenible la prestación de un servicio adecuado”.

Barchini, en su informe de gestión brindado hoy en la reunión del Consejo de Ministros, explicó que las tareas de separación iniciarán en la Penitenciaría Regional de Minga Guazú que será habilitada en el transcurso de mayo.

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Solo el 31% de las PPL tienen condena judicial en el país y, al respecto, informó que están trabajando con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública para acelerar los procesos judiciales.

“Ha habido un cambio, pero eso no significa que estemos conformes o contentos, seguimos en una lucha frontal que no tiene pausa”, expresó el titular del Ministerio de Justicia.

Por otra parte, habló del proyecto de ley del nuevo agente penitenciario, actualmente en estudio en el Congreso, y resaltó que combatirá la corrupción interna en el Ministerio de Justicia en cuanto a la complicidad y chantaje que ejercían sindicalistas y agentes penitenciarios.

“Somos respetuosos de los derechos humanos, pero hay situaciones que requieren tratamientos diferentes”, acotó.

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