• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Una nota del 2 de agosto del 2012, remitida por Buzar­quis al entonces ministro de Hacienda Manuel Ferreira, revela que el liberal estaba apurando una ayuda finan­ciera de US$ 800 mil por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para el “Programa de Reha­bilitación y Mantenimiento de la Ruta Nacional Nº 9 Dr. Carlos Antonio López”.

“Solicito que la insti­tución a su digno cargo impulse las gestiones pertinentes ante la CAF a fin de lograr la Coope­ración Técnica No Reem­bolsable para financiar una consultoría que realice la elaboración del mencionado programa”, dice Buzarquis a Ferreira en su nota de agosto del 2012. Mientras apuraba la financiación no reembolsa­ble, el ex ministro liberal iba firmando convenios marco y específicos para zonas que afectan a la misma Ruta 9 y otros estudios viales en el departamento de Ñeembucú.

En agosto del 2012 apuraba dili­gencias con Hacienda para la cooperación no reembolsable de la CAF. El 24 de setiembre, es decir, un mes y medio después, Buzarquis estaba firmando en Roma un convenio con la compañía italiana ANAS para estudios de prefactibilidad que afectan a las mismas zonas del Chaco, además de Ñeembucú.

Por un lado gestionaba el pago para trabajos que pudieron salir gratis al Estado, mediante coope­ración no reembolsable, pero insólitamente voló para Italia a comprometer al Estado con US$ 600 mil, de los cuales US$ 100 mil incluían aporte de la Enti­dad Binacional Yacyretá.

“No hubo lesión”, “no se hizo el pago”, son frases que repite el senador Buzarquis a los medios de comuni­cación. Sin embargo, se desentiende de explicar sobre su firma en un convenio que obliga a un pago al Estado paraguayo, teniendo otras alternativas de financia­ción que en ese momento esta­ban en plena gestión, según las pruebas documentales que obran en carpeta fiscal.

Además, un tema fundamen­tal que alega la fiscala del caso, Victoria Acuña, es que el convenio firmado en Italia no prevé forma de culminación y como se rubricó en el exterior obviamente cualquier even­tualidad se regirá por normas ajenas a las nuestras.

Los técnicos extranjeros vinieron a trabajar al país, cinco misiones de profesio­nales arribaron y cumplie­ron con lo convenido. Es decir, los italianos honraron la obligación, lo que fue dicho por los propios profesionales del MOPC durante el juicio oral, por lo que se vuelve sen­sible la situación del Estado ante el compromiso asu­mido mediante el convenio firmado por Buzarquis.

DENUNCIA POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS DUERME EN FISCALÍA

Hace dos meses un grupo de ciudadanos, encabezado por la señora María Fausta Ramírez, formuló una denuncia penal ante el Ministerio Público en contra del senador libe­ral Enrique Salyn Buzarquis por la supuesta comisión del hecho punible de tráfico de influencias. Hasta ahora desde el Ministerio Público no responden que trámites dieron a la demanda.

No se sabe de fiscal asignado ni de diligencias del caso. La denuncia había sido presentada luego de que salieran a la luz los nombres de parientes y operadores políticos del legislador que se cuelgan del salario público, coincidente­mente después de que el liberal llegara a una banca en Dipu­tados en el 2008.

Entre familiares y fanáticos, unos G. 4.000 millones cuestan al Estado paraguayo el clan Buzarquis que vive del aporte de los contribuyentes. Entre los últimos casos más sonados se encuentran las esposas de los tres hermanos, Víctor Abdel, Enrique Salyn y Enrique Antonio Buzarquis, también con sueldo público. Fiorella Forestieri, esposa del senador Salyn, se ubicó con sueldo de G. 15 millones en la Justicia Electoral, gracias a un pedido del Partido Liberal.

Griselda María Maidana Sosa, esposa de Víctor Abdel, percibe unos G. 20 millones al mes entre sus ingresos en el Ministerio de la Defensa Pública y su rubro de “profesora

asistente” en la Universidad Nacional de Caaguazú. Mientras que la segunda pareja del diputado Enrique Antonio, de nombre Fátima Lird, accedió a un cargo administrativo dentro del consejo directivo del IPS y percibe G. 12 millones al mes.

El fiscal Jorge Escobar, responsable de la investigación, formuló la imputación contra el agente del Grupo Lince porque carecía de registro de conducir al momento en que ocurrieron los hechos.

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La tragedia ocurrió el pasado 24 de abril cuando un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Madre e hija murieron en el siniestro, y tres agentes del Grupo Lince lograron salir del vehículo, uno de ellos era quien manejaba el rodado y, según los datos, solicitó su registro un día después del accidente.

“Eso se pudo contrastar con la OPACI, que es la organización que nuclea a los organismos municipales, donde se pudo constatar la misma información, por lo tanto hemos solicitado la ampliación de la imputación. Pedimos también las medidas alternativas para este efectivo policial” explicó el fiscal a la radio 780 AM.

La carencia de licencia es un delito penal tipificado en el artículo 217, que tiene dos incisos, uno de ellos habla de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, hecho por el que el agente Lince fue imputado.

En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

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Se trata de dos grupos de jinetes uruguayos que iniciaron una travesía a caballo hasta Paraguay, recreando el mismo camino que realizó el General José Gervasio Artigas al ser aceptado su pedido de exilio por parte del Dr. Rodríguez de Francia en 1820.

El proyectista del documento fue el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), quien manifestó que los jinetes uruguayos realizaron un recorrido de 1.000 kilómetros a caballo hasta nuestra ciudad capital, Asunción.

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“30 jinetes y 42 caballos hicieron el mismo recorrido del padre de la patria uruguaya, militar, político y estadista, Gral. José Gervasio Artigas, quien lideró la guerra de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, considerado jefe de los orientales y protector de los pueblos libres”, expresó.

El legislador agregó que este reconocimiento lleva el nombre de “Padres de la Patria”, un premio para instituciones, organizaciones públicas o privadas cuya labor, aporte, servicios y logros redunden en beneficio del país.

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Remarcó que los jinetes son portadores de mensajes de paz, hermandad, fraternidad y solidaridad de los niños escolares del Uruguay a los niños de la Escuela Uruguaya en Asunción.

El titular del Indert compartió este martes las estadísticas de su gestión con el presidente de la República, Santiago Peña, y el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno.

El 114% representa una recaudación de Gs. 12.758 millones de guaraníes, lo cual es superior a los 7.557 millones de guaraníes registrados en el primer cuatrimestre de 2023.

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De acuerdo a Ruiz Díaz, este récord es resultado de la confianza de los productores sujetos de la Reforma Agraria, quienes se pusieron al día con los pagos. En lo que va del año, el superávit de recaudación llega a un 70%.

El ente rural se encuentra desarrollando una entrega masiva de títulos de propiedad, que en 8 meses llegan a los 4.000 documentos de regularización entregados.

Además, desde el 31 de octubre rige la disminución de las tasas de interés para los procesos de titulación de tierras: del 12% al 4% para titulares hombres y del 12% al 0% para titulares mujeres.