El abogado José Rodríguez González, quien ganó protagonismo en las últimas semanas luego de ser vinculado a la negociación para la firma del acta bilateral con Brasil, prestó declaración ante la Fiscalía en la mañana del sábado.

Dicha convocatoria fue cuestionada por varios profesionales del derecho debido a que el mismo fue llamado a declarar en calidad de testigo y no como sospechoso, situación que -a criterios de varios- lo beneficiaría en el marco del proceso penal.

Uno de los que se expresó al respecto es el abogado José Casañas Levi, quien en entrevista con Radio 1000 manifestó su desacuerdo con la manera en la que están llevando la investigación.

Según explicó, el Código Procesal Penal establece que cuando existe suficiente evidencia de la comisión de un delito o crimen, el Ministerio Público está obligado a abrir una investigación y luego a imputar a las personas que aparecen como posibles autores, que en la ley se denominan sospechosos o imputados, tal y como sucedió en este caso.

“Esta decisión no es una decisión que dependa de lo que crea el fiscal, esto está en la ley, es una obligación. Convocarle como imputado a declarar le da la posibilidad de protegerse a esa persona constitucionalmente con todos los derechos que tiene para ejercer su defensa”, expresó el abogado a la emisora radial.

Casañas Levi indicó que cuando se convoca en calidad de testigo a una persona que aparece como sospechosa en una causa abierta se le está brinndando la posibilidad de defenderse, de abstenerse a declarar y de involucrarse a sí mismo. “Es un error que no debería cometer ni siquiera un estudiante”, acotó.

Otro de los abogados que cuestionó el actuar de la Fiscalía es Osvaldo Granada Salaberry, quien admitió que hubo ciertas falencias en la convocatoria a José Rodríguez González.

“Si de alguna manera voy a investigar a una persona a la que se la ve involucrada directamente, ya no se le puede llamar como testigo, o si se lo llama como testigo en el momento en que se ve que los hechos que refiere tienen alguna posibilidad de incriminarlo se dice que su declaración pasa a ser indagatoria”, afirmó a Radio Monumental.

Sobre este mismo punto, sostuvo que cuando los hechos involucran a una persona en concreto uno no puede declarar como testigo dado que nadie está obligado a declarar en su contra.

A criterio de Granada Salaberry, si había intención de cambiar la declaración de testifical a indagatoria, tendría que haberse hecho en el mismo momento en el que “Joselo” se encontraba declarando ante el fiscal y no después.

Pese a ello, aclaró que las declaraciones brindadas por el joven abogado de igual manera podrán ser eventualmente utilizadas para imputar a otra persona involucrada en el marco de la investigación.

A las 23:30, en el barrio San José de la ciudad de Capiatá mataron de un balazo en la cabeza a Kevin Enrique Aguilera Zaracho de 23 años de edad.

El joven tenía orden de captura por violencia intrafamiliar, según informaron los efectivos de la comisaría interviniente.

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En el marco del crimen, la Policía detuvo a Ricardo Mercado Benítez de 20 años de edad como el presunto autor.

El operativo de búsqueda y localización fue realizado en el barrio San Antonio de Capiatá y estuvo a cargo del Departamento de Investigación de Hechos Punibles de Central.

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Se trata de Jeferson Paulo Balbino, de 31 años y Ruth Ferreira Braz, de 33, ambos de nacionalidad brasileña. En el poder de los detenidos se incautaron un cuchillo de 20 cm aproximadamente y una réplica de arma de fuego, además de una billetera con la suma de G. 485.000 y un teléfono celular.

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Según el informe policial, Jeferson y Ruth simularon ser pasajeros y solicitaron el viaje mediante la citada plataforma que aceptó el conductor Andrés Sanabria Vallejos, de 21 años. Al llegar al destino, obligaron al trabajador a entregar todas sus pertenencias, luego huyeron.

Gracias a la rápida acción de los compañeros de la víctima que siguieron a la pareja, la ubicaron ingresando en un inquilinato, dieron aviso a la Policía Nacional y finalmente logró ser detenida.

El caso fue informado al fiscal de turno, Julio Paredes. Lo incautado, como dinero y el celular, es propiedad del conductor del Bolt.

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El Crio. Alberto Morínigo, de la Comisaría 5a de Asunción, informó que Michael Adrián Rodríguez Rivas, de 21 años de edad, finalmente fue detenido en la tarde del lunes en el barrio Ricardo Brugada.

“Al momento del operativo salieron los vecinos con piedras y otros objetos y comenzaron a tirar a la Policía para evitar la captura”, comentó el comisario, en una comunicación con Ñandutí.

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En cuanto al modus operandi, el sujeto actuaba en complicidad con una mujer, quien era la que solicitaba el servicio de transporte y, una vez que llegaba el chofer, aparecían Rodríguez Rivas y otras personas para perpetrar el asalto.

Rodríguez Rivas cuenta con antecedentes por robo agravado 2023 y robo agravado 2024. También existen varias denuncias en su contra por asaltos contra choferes de Bolt, tanto de automóviles como de motocicletas.

A través de fotografías que tiene la Policía del hoy capturado, muchas de las víctimas pudieron reconocerlo como el asaltante. El caso quedó en manos de la Fiscalía.

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