Desde la web de la RDT, los internautas podrán seleccionar el monto del dinero que desean “recuperar” y convertir ese dinero en almuerzos escolares, puestos de salud o aulas de escuelas, demostrando el costo social de la corrupción. Los montos se basan en las estimaciones realizadas por el Ministerio Público en los casos de delitos económicos y de corrupción seleccionados para el estudio.

“Esta iniciativa de la sociedad civil pretende mostrar cómo los delitos económicos perjudican en la provisión de servicios públicos y, por ende, en la calidad de vida de todos los ciudadanos día a día” explicó el Abog. Raúl Quiñonez vocero de la RDT.

El detalle de los montos, como también de los casos de delitos económicos, se encuentran disponibles en el estudio realizado por el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), en el marco del proyecto “Observatorio Judicial” que cuenta con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID/Paraguay), implementado por CEAMSO. Leer estudio completo aquí

El objetivo del estudio fue analizar las causas que generan retrasos en los casos judiciales de delitos económicos y de corrupción, a fin de proveer recomendaciones que permitan mejorar la gestión de estos casos, disminuir la impunidad y así favorecer la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay.

El estudio analizó 56 causas penales asignadas a la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción entre los años 2009 – 2017. Los resultados revelan que solo el 10,9% de los casos examinados resultaron en penas privativas de libertad que superan los 2 años, y el 66% de los casos terminan con sobreseimiento.

“Estamos convencidos que el buen funcionamiento del sistema de justicia es materia de interés público, como también es de interés público el ejercicio de la acción penal pública y el combate a la corrupción por lo que nos parece fundamental difundir y debatir sobre esta realidad.”, destacó el Abogado.

SOBRE LA RED DEMOCRACIA Y TRANSPARENCIA (RDT)

La Red se conformó con el objetivo de trabajar conjuntamente entre varias instituciones de carácter social, articulando acciones vinculadas a temas de transparencia y rendición de cuentas. También se busca fomentar la participación ciudadana en la gestión y el control de las actividades gubernamentales.

La Red está conformada por organizaciones como: Gran Siete, CEDEI (Centro de Estudios Integrales), ID (Investigación para el Desarrollo), Asociación Defensores del Chaco, Conciencia Viva, Asociación Tierra Nueva, Paraguay Educa, Global Infancia, CDIA, Crear en Libertad, TesaiReka Paraguay, Enseña por Paraguay, Techo Paraguay y el Centro de Estudios Ambientales y Sociales CEAMSO.

Entre los sospechosos se encuentra el comisario Jorge Palacios, quien fue destituido de la titularidad de la comisaría Central de San Lorenzo. Esto tras conocerse detalles de lo que, a primera vista, sería una detección y secuestro de dicha cantidad de droga, que luego fue liberada, previo pago de US$ 200.000.

El informe que maneja Asuntos Internos, es que una semana atrás (el domingo pasado) agentes de la comisaría sanlorenzana decomisaron el estupefaciente y lo depositaron en la repartición policial. Allí presuntamente se abrió una negociación con los dueños de la mercancía. Un día después el cargamento de cocaína fue liberado, pero otro grupo policial lo interceptó en el límite de Luque y Mariano Roque Alonso, y lo dio a conocer en forma oficial a la Fiscalía.

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En medio de las hipótesis que manejan los investigadores, no descartan que la trama haya sido ejecutada por el mismo grupo de 11 policías. Este presunción se basa en que, técnicamente fue un decomiso inicial, seguido de cobro por liberación y finalmente detención de los que retiraron la mercancía ilegal, con la requisa de esta y puesta a disposición del Ministerio Público.

Esta posibilidad, estiman los intervinientes, suele verificarse episodios (en todas partes del mundo) en la lucha antidrogas, y es lo que se conoce como mejicaneada.

El subjefe de esa dirección policial, Carlos Román, indicó que el primer “paquete” de solicitudes está conformado por denuncias de maltrato familiar y accidentes (de tránsito, laborales y caseros). El de los viernes para adelante, en tanto, se focaliza de manera significativa en un delito, tan irritante como poco castigado: ruidos molestos.

“Es llamativa esa situación que se da en la semana. El de los maltratos familiares lastimosamente es preocupante por la cantidad de casos. En lo referente a los ruidos molestos es también una tendencia que genera muchos disgustos en la población”, señalo Román en comunicación con la 1020 AM.

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El oficial remarcó que la Policía solo tiene potestad para accionar de manera puntual, para obligar el cese de los altos decibeles que exhiben los infractores callejeros con sus equipos musicales. Lo de procesarlos escapa de sus manos, ya que ello es competencia exclusiva del Ministerio Público.

En efecto, en los registros oficiales los números de sancionados por infringir la ley que propone la emisión de ruidos molestos, son prácticamente irrelevantes. Discotecas, puestos de comidas callejeras, automovilistas en la vía publica o residentes de viviendas con músicas a todo volumen, constituyen el “ejército” de ruidosos que convierten en infierno las horas de descanso de los que no participan de sus “fiestas”.

Por otro lado el oficial Román subrayó el tema de las cámaras del sistema 911 en las calles, que precisan crecer en cantidad y ajustes en cuando a disposición modernos.

Con 1.400 cámaras en todo el país, 246 en Central, el sistema 911 es uno de los que contribuyen al conjunto de dispositivos que construyen al “gran hermano”, el ente que todo lo ve y registra para que la Policía tome las medidas contra infractores de la ley.

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Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.