Un proyecto de investigación llamado Cálculo de la magnitud del aborto inducido en el Paraguay arrojó como resultado que en el año 2012 se realizaron 32.237 abortos inducidos, siendo esta una de las primeras causas de muerte materna.

Los mismos investigadores indicaron que este trabajo surgió debido a que en el país no existe un registro exacto del número de abortos que permita contar con el impacto en la salud ni la toma de decisiones por parte de las autoridades.

Los investigadores del proyecto son: los estadísticos Laura Almirón y Héctor Arévalos; los sociólogos Mercedes Melián, Marco Castillo, Camila Corvalán y Alejandra Martínez, el ginecólogo y obstetra Claudio Castro, la trabajadora social Nidia Battilana y la analista de sistemas informáticos, Ruth Navarro.

Este proyecto fue cofinanciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través del programa PROCIENCIA.

El resumen de la investigación explica que la aplicación de métodos indirectos permitió estimar la magnitud del aborto inducido en Paraguay, ante la carencia de un registro de abortos inducidos, estos resultados ofrecen órdenes de magnitud dentro de los cuales se encontrarían los valores reales.

A partir del método de la incidencia de las complicaciones por aborto, se estimó que la tasa de abortos inducidos por 1.000 mujeres en edad fértil fue de 21, y con una magnitud de 32.237 abortos inducidos durante el año 2012.

“Entre las principales limitaciones se vio la falta de estadísticas oficiales sobre complicaciones relacionadas al aborto inducido, lo que llevó a realizar las estimaciones en base a la percepción de los profesionales entrevistados, teniendo el cuidado de haber seleccionado a aquellos con mayor conocimiento y experiencia en lo que refiere a salud reproductiva en el país”, señala el informe.

El método residual, que se basa en los datos generados a partir de la Encuesta de Demografía y Salud Sexual y Reproductiva del año 2008, permitió estimar que para ese año se realizaron 19.983 abortos inducidos, con una tasa de aborto estimada de 14 por 1000 mujeres en edad fértil.

“Estas estimaciones aparecen como un primer aporte al conocimiento de la magnitud del aborto inducido en Paraguay, que podría ser replicado para ver la evolución de esta práctica en el tiempo”, señalan los investigadores.

Cifras oficiales

Según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), en el 2017 se registraron 7.350 abortos, los cuales están tipificados como “abortos espontáneos” o como alguna situación de sangrado que requirió de asistencia médica.

Estos casos no fueron catalogados por la cartera sanitaria como “abortos provocados” debido a que se brinda la asistencia cuando la paciente acude para recibir atención ya cuando presenta algún sangrado, dolor, infección, etc.

De las 78 muertes maternas registradas en el 2017, 10 fueron por causas o complicaciones relacionadas al aborto, esta cifra se basa en los registros oficiales de personas que acudieron a los servicios de salud dependientes del MSP, indicó durante una entrevista con Radio UNO, la doctora Patricia Veiluva, Directora General de Programas de Salud de la cartera sanitaria.

Veiluva sostuvo que, probablemente, esta decena de muertes maternas hayan sido registradas a consecuencia de un aborto provocado de manera intencional y en lugares clandestinos.

Como parte de la investigación de un supuesto hecho de transgresión de la Ley 716/96 que sanciona Delitos Contra el Medio Ambiente, una comitiva policial – fiscal allanó un recinto privado en el barrio Villa Bonita de la ciudad de Villa Elisa.

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Del lugar se incautaron 2500 litros aproximadamente de carburantes, 129 precintos de seguridad, 4 motobombas de distintas marcas, varios bidones de plásticos y metales, un rollo de cabo de acero, documentos varios y otros objetos.

Según los intervinientes, el procedimiento causa una pérdida estimativa de 70 millones de guaraníes a los propietarios de la carga.

El operativo estuvo a cargo del Departamento Especializado Contra Hechos Punibles Económicos conjuntamente con funcionarios del Ministerio Público, Dnit (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) y el Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Social).

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Lluvias con acumulados de entre 70 y 11 mm, ráfagas superiores a los 100 K/h, tormentas con alta frecuencia sobre el área y probabilidad de granizos en forma puntual se anuncian para gran parte del país.

Las áreas y los horarios son los siguientes:

Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí: desde la mañana y hasta la tarde del miércoles 08.

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Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la mañana del jueves 09.

Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro: desde la tarde del miércoles 08 y hasta la tarde del jueves 09

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.