Durante la mañana de este martes, los funcionarios de la Cámara de Diputados realizan una protesta dentro del edificio de la institución, en repudio a los atropellos que dicen sufrir en la administración del legislador Miguel Cuevas.

Los sindicalistas mencionaron que repudian los millonarios aumentos salariales para los allegados del titular de la Cámara Bahja, la creación de nuevos cargos y el acceso a los cargos sin concurso público de oposición.

“Acá estamos los que amamos la institución, trabajamos, cumplimos horario, somos valé, hay buenos profesionales que merecen asumir en los cargos, pero vienen cinco años y meten gente y luego se van”, cuestionó una de las funcionarias, Nelly Coronel. Dijo que hace cuatro administraciones son pisoteados porque siempre callan ante estos atropellos, pero que ya están cansados.

Funcionarios de Diputados se manifiestan ahora contra el titular de Cámara Baja, por aumentazos para allegados pic.twitter.com/1h1xFzg7iF

— Gustavo Velazquez (@GustavoVelazque) 12 de marzo de 2019

El más reciente “aumentazo” que se registró en la Cámara Baja tuvo como principales beneficiarios a varios directores de área y algunos funcionarios administrativos, quienes pasaron a cobrar sumas considerables en concepto de salario y bonificaciones extra.

Uno de los casos más notables es el de Julio Arévalos, quien actualmente se desempeña como director de Recursos Humanos. Según publica el diario Última Hora, el mismo percibía anteriormente la suma de G. 8.134.600, pero a partir de enero de 2019 pasó a cobrar un total de G. 27.059.980 (aumento equivalente a más de G. 18.000.000).

En entrevista con varios medios, el mismo se defendió de las acusaciones vertidas en su contra por este reajuste y sostuvo que hasta hace poco estaba percibiendo alrededor de G. 17 millones de forma mensual, cifra que contempla el salario y los demás beneficios extra.

Otro de los que se vieron beneficiados en la Cámara de Diputados es Arcadio Cabrera, director general de Administración y Finanzas, quien pasó a cobrar más de G. 33 millones en concepto de salario. El mismo sostuvo que “no hay nada fuera de lugar” y cree que el diputado Miguel Cuevas “seguramente le tuvo confianza” para nombrarlo en dicho cargo.

Ante el descontento generado, ayer el diputado Cuevas anunció que se conformará un equipo auditor integrado por diputados y funcionarios para analizar los aumentos y que las bonificaciones quedarán suspendidas hasta tener un resultado de la investigación.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.