El grupo integrado por orden del presidente Jair Bolsonaro cuenta con representantes del Ministerio Minas y Energía y expertos en asuntos econó­micos, jurídicos y de relacio­nes internacionales. A simple vista, tras una revisión de los nombres, se percibe que res­ponde a un estilo verticalista de mando militar, lo que quiere decir será sumamente disci­plinado a la hora de abordar y defender los intereses supre­mos del Brasil.

Esta celeridad contrasta con las movidas del gobierno de Mario Abdo Benítez al res­pecto y ya se da con vistas a la revisión total de las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la binacional. De hecho, es coherente con el mensaje de Joaquín Silva e Luna, director brasileño de Itaipú, quien en ocasión de su presentación en la hidroeléctrica, adelantó cuál es el interés supremo del vecino país: reducción de la tarifa.

El coordinador del GT podrá invitar a especialistas de otros órganos y entidades, así como a representantes de la sociedad civil y asociaciones, para que participen en las reuniones de trabajo que sean desarrollados.

Pero la negociación del Anexo C del Tratado en sí envuelve varias instancias, aparte de Eletrobras y el Ministerio de Minas y Energías, como por ejemplo el Ministerio de Econo­mía, liderado por Paulo Guedes, brazo derecho del presidente Jair Bolsonaro, y por Itama­raty, cuyo tradicional negocia­dor será Ernesto Araujo.

Según el diario Folha de São Paulo, una de las cuestiones centrales que Brasil pretende resolver tiene que ver con el destino que darán a la “sobra” de US$ 1 billón por año que Itaipú dará a la Receita Fede­ral. El motivo de ese excedente es que en el 2023 termina el pago de la deuda contraída para la construcción de la represa. Un grupo de técnicos defiende que la ganancia sea repasada al consumidor redu­ciendo el coste de la energía.

LA CADENA DE MANDO

La dinámica de poder que se visibiliza claramente de parte de Brasil es la conformación de un equipo que respon­derá a una cadena de mando militar, estrictamente ver­ticalista. El presidente Jair Bolsonaro es un capitán de reserva y al mismo tiempo comandante del Ejército; le sigue su vicepresidente Hamilton Mourao, ex gene­ral del Ejército, retirado, con mayor rango militar. Es con­siderado como el portavoz del Ejército, estratega militar que hace fluir las decisiones en los temas estratégicos.

Luego le sigue en la cadena de mando el ministro de Minas, Bento Albuquerque, almirante de escuadra de la Marina, que lidera el grupo de trabajo que analiza las bases técnicas para la renegocia­ción de Anexo C. La nómina se cierra con el nuevo direc­tor de Itaipú, el ex general del Ejército brasileño Joa­quin Silva y Luna, que se ha desempeñado como ministro de Defensa (gobierno de Fer­nando Henrique Cardozo) y también fue Misión Militar Brasileña de Instrucción en Paraguay (1992-1994). Serán actores claves Paulo Guedes y Ernesto Araujo.

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ABDO Y BOLSONARO EN ITAIPÚ

En la primera reunión bilateral mantenida el día 26 de febrero último, en el edificio de Producción Eléctrica de Itaipú en Foz de Yguazú, los mandatarios se congratularon con la nueva directiva de la binacional. Mantuvieron una reunión a puertas cerradas de media hora, en la que abordaron el futuro de la binacional y la lucha contra el crimen organizado.

Mario Abdo demostró interés en revalidar el acuerdo al cual llegó con el ex presidente Michel Temer para la construcción de los 2 puentes a ser financiados íntegramente por Itaipú (Pdte. Franco-Foz de Yguazú y Carmelo Peralta-Puerto Murtinho).

La ley bajo la cual se administra todo el sistema del escalafón y las designaciones en el servicio diplomático de la República es la número 6.935, año 2022, mediante la cual se contempla un cupo político de hasta el 20 % del total.

“Hay funciones en el servicio exterior que están ocupadas por designaciones de carácter político como ocurre en todo el mundo, no hay ningún país que tenga excepción de designaciones políticas”, respondió el ministro.

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Respecto al tipo de contrato que firmó Magida Esgaib, hija del diputado colorado Yamil Esgaib, explicó se trata de una vinculación por tiempo determinado, cuya duración es de tres meses, con todas las puertas abiertas a la renovación, sujeta a una evaluación.

“Entonces, aquí no hay nada oculto, hay designaciones de carácter político, está contemplado dentro de la ley, por lo tanto, no existe ningún impedimento para que eso se produzca desde el punto de vista de la ley”, comentó el ministro.

Los servicios que no exigen título académico son: choferes para el servicio de la embajada, limpiadores y auxiliares administrativos, que es el caso de Esgaib.

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Pese a la contundencia de las evidencias colectadas por los agentes fiscales, actualmente la causa se encuentra paralizada por más de una docena de chi­canas presentadas por los abo­gados defensores al solo efecto de paralizar la causa judicial. En el plano político sigue pen­diente de definición el pedido de desafuero para Abdo Benítez y su exsecretario y actual dipu­tado, Mauricio Espínola.

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Por otra parte, la estrategia de defensa mediática desarrollada por los medios abdistas, princi­palmente el diario Abc, se basa en una constante campaña de ataques, mentiras o medias verdades contra los funcio­narios que colaboraron para esclarecer el caso.

La campaña de los medios también se enfoca en sabotear la incipiente investigación fis­cal atacando a los fiscales encargados del caso. Ahora el expediente debe destrabarse en la sala penal de la Corte. Estas son las claves para entender el operativo “garrote” ordenado por Abdo desde la Seprelad para perseguir a enemigos políticos.

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El juez de garantías, Humberto Otazú, dio lugar al pedido del fiscal, Leonardi Guerrero y desestimó la denuncia presentada por prevaricato contra los miembros del Tribunal Electoral de la Capital, Santiago González Bibolini, Myriam Cristaldo y Teresita Martínez. Los mismos habían dejado sin efecto la expulsión de los cuatro senadores del PLRA.

“Lo que hoy se da es un primer paso. El juez Humberto Otazú desestima finalmente la denuncia formulada por Fleitas y Tito Saguier. Creemos que es cuestión de días y de mero trámite nuestro retorno al partido”, afirmó el senador Amarilla.

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El legislador sostuvo además que “se rompen todos los obstáculos y por sobre todo queda al descubierto de que las acusaciones fundadas de manera temeraria contra los magistrados era una denuncia que solamente busca quitarnos de la competencia futura que se va dar para la renovación del partido”.

Por otro lado, Dionisio Amarilla, recordó las sospechas del mal manejo de fondos públicos en la Gobernación de Cordillera y manifestó además que de llegar a la conducción del PLRA será analizada la gestión de Hugo Fleitas con detalles.

“Hugo Fleitas está preocupado porque si nosotros llegamos al partido vamos a revisar con lupa cómo se han administrados los fondos, es por eso que creen que quitándonos de la nucleación política ellos pueden seguir viviendo”, aseveró.

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Recordó también que de llegar a la presidencia del PLRA, buscará llegar al poder. “Ellos saben que si nosotros tomamos la conducción política vamos a ir por el poder. No estamos acostumbrados como ellos que hacen a espaldas de la gente y debajo de masa acuerdo políticos. Nosotros hacemos los acuerdos políticos a cara descubierta y cuando llega el momento de competir, competimos con nuestra fuerza”, puntualizó.