Se trata del cuarto plan de ese tipo que se aplica en el país suramericano, “pero las brechas persisten”, indicó durante su presentación este lunes en un hotel de Asunción, la ministra de la Mujer, Nilda Romero, quien aseguró que, “a diferencia de los anteriores”, incluye “diferentes igualdades y no sólo la de oportunidades”.

“Estamos en condiciones de aspirar a más”, dijo, y el Plan, que delineará los objetivos y métodos de aplicación de políticas públicas durante los próximos cinco años, pretende “eliminar los obstáculos” que impiden alcanzar la “igualdad real” entre hombres y mujeres y que aspira a conseguir en 2030.

Para ello, el documento prevé eliminar “toda discriminación legal hacia las mujeres”, así como establecer “mecanismos” que favorezcan el “acceso igualitario” y la “permanencia” de las mujeres a los cargos de “toma de decisiones en todos los poderes del Estado”.

Asimismo, desde un “enfoque de derechos humanos” y de “eliminación de estereotipos discriminatorios”, el Plan establece las pautas para la elaboración de políticas públicas destinadas a la “eliminación de los obstáculos” que impiden a las mujeres desarrollar “una vida libre sin violencia” y su acceso a una “salud integral”.

Romero también indicó que buscará suprimir las trabas y “crear las condiciones” que posibiliten “el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres”, así como las que les den un mejor acceso a la Justicia.

En concreto, anunció que dentro del Plan Nacional se implementarán proyectos específicos “de empoderamiento económico para las mujeres indígenas”, así como la creación de un observatorio de violencia machista, “para conseguir mayor efectividad en la prevención y sanción” de los agresores, en un país que cerró 2018 con 59 feminicidios, cuatro más que un año antes.

En ese sentido, reconoció que hasta la fecha, los esfuerzos para disminuir esos asesinatos, y toda forma de violencia contra la mujer, han sido “insuficientes”.

Por su parte, la representante en Paraguay de ONU Mujeres, Florence Raes, señaló que el Plan “nos brinda realmente una herramienta” para acometer una política pública “no sólo ambiciosa, también muy práctica”, porque “identifica los obstáculos en cada área” y recalcó que se enmarca dentro de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Y añadió que cumple asimismo con el “desafío a nivel global”, marcado por la ONU, en el “combate a las desigualdades y discriminaciones que afectan a las mujeres y las niñas”, y sentenció que “la igualdad es un buen negocio para todos”, porque contribuirá al crecimiento económico de Paraguay.

La ministra aseguró que la reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres será una “política de Estado” en la que estarán involucradas todas las instituciones, una idea enfatizada con la presencia del presidente en la presentación del Plan Nacional, así como de numerosas autoridades nacionales y los representantes diplomáticos acreditados en Paraguay.

Durante el acto se rindió un homenaje a la “mujer paraguaya”, cuyo día se celebró este domingo, y que estuvo encarnada por la última ganadora del concurso de belleza Miss Paraguay, Verónica Viveros, ataviada con un traje tradicional del siglo XIX, como reconocimiento a las “mujeres que reconstruyeron el país”, tras la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870).

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.