Los usuarios de seguros privados y medicinas pre pagas no deben abonar ningún monto adicional de lo que corresponde al contrato vigente con las empresas en caso que requieran del servicio de un médico anestesiólogo ya que las empresas deben cubrir el servicio, aclaró Marcelo Duarte, asesor jurídico de la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP) en comunicación con la 970 AM.

Afirmó que la cámara que aglutina a los servicios primados de medicina pre paga garantiza la cobertura de los planes y el servicio de los médicos anestesiólogos en los mismos términos del contrato mientras estos estén en vigencia, con los mismos costos que tienen firmado en el contrato de cada asegurado.

“El asegurado tiene que estar tranquilo porque si alguien tiene que hacer un esfuerzo o tiene que cambiar su modalidad contractual tendrán que ser las partes, en este caso, la Sociedad Paraguaya de Anestesiología (SPA) o la CIMAP pero el asegurado no”, señaló y agregó que la responsabilidad de la contratación y el costo a ser cubierto es de la CIMAP y las empresas que la integran.

Desmintió las declaraciones de la presidenta de la SPA, la doctora Graciela Escobar con respecto a que hace 12 años no se dan aumentos de los honorarios de los anestesiólogos y aclaró que estos solicitan un aumento de entre 120 a 200 por ciento, siendo que este porcentaje los seguros médicos no están en condiciones de pagar.

“Que no estén satisfechos con lo que perciben es comprensible y es materia de discusión pero que sea de 120 a 200 por ciento de una sola vez y pretenden hacerlo de una sola vez, hay que ser más razonables porque en ningún rubro se puede dar ese porcentaje de aumento de una sola vez, aumentos graduales sí”, indicó.

Destacó que la CIMAP está dispuesta a seguir negociando y que tiene todo documentado sobre los honorarios y que lo que se ofreció fue 4,5 por ciento más el equivalente al Índice de Precio del Consumidor, alrededor de 18% en dos años.

Agregó que los anestesiólogos no son empleados de los seguros ni sanatorios sino son profesionales independientes y son las asegurados quienes los contratan y que es un contrato entre una entidad privada y un profesional.

“Los acuerdos se negocian para tener una constante que puede variar anualmente pero no se puede pretender que los aumentos que se den de una vez desde 120 por ciento, no conozco ninguna actividad económica lícita en la que se den aumentos de esa naturaleza de una vez”, sostuvo.

Por su parte, Juan Marcelo Estigarribia, titular de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) aseguró que están velando por el cumplimiento contractual entre las aseguradoras y los usuarios y que de acuerdo a la información proporcionada por la CIMAP, los médicos anestesiólogos que prestan servicios en forma privada son profesionales con título de grado de médicos, cuentan con la especialidad de Anestesiología y también figuran en los registros médicos expedidos por el MSP.

Para denuncias sobre irregularidades en este caso, Estigarribia invitó a los usuarios de las pre pagas a realizar sus reclamos a través de la web http://www.sedeco.gov.py o llamando al 0800118899 y la app Defensa del Consumidor donde se debe llenar un formulario.

“Hasta el momento no tuvimos ningún reclamo de usuarios en este caso, y tenemos la comunicación de la CIMAP de cumplirán en cuenta los contratos”, puntualizó.

La notificación fue hecha hoy, y el Dr. Alfaro tiene diez días para presentar su defensa con las pruebas y documentaciones que requieren.

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Según la nota, el sumario en su contra es por la supuesta comisión de faltas administrativas cometidas en el ejercicio de sus funciones, y se da luego de que el profesional declarara a los medios de prensa que, debido a la falta de insumos y un lugar adecuado para procedimientos forenses, no pudieron llevar a cabo la autopsia del hijo de la escribana Carmen Ruiz Díaz.

Las expresiones realizadas por el forense fueron duramente cuestionadas por el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, quien calificó de “desatinadas”.

Para el Rolón, ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución y menos denostar la labor de sus compañeros fiscales.

Ese tipo de pronunciamientos, “afectan a la institución”, acotó el jefe del Ministerio Público.

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La agente fiscal Mercedes Caniza, de la Unidad Zonal de Luque, solicitó nuevamente la búsqueda de los familiares de Nicasio Antonio Jara Ramos, con cédula de identidad n.⁰1.343.205.

El mismo falleció tras sufrir lesiones en un accidente de tránsito en la jurisdicción de la comisaría 18 Central, de la ciudad de Areguá. El cuerpo del mismo permanece en la Morgue Judicial.

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El pedido se hace considerando que la cámara frigorífica de la Morgue Judicial tiene una capacidad limitada para el resguardo de evidencias actualmente está colapsada.

En este caso ya transcurrieron los 10 días de depósito, con eventual riesgo para la salud de las personas que acuden a esta dependencia, por lo que se solicita nuevamente que familiares del hombre se acerquen para la entrega del cuerpo.

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Ante cualquier información, favor comunicarse al +595 981 507598 de la morgue.

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) detectó los fusiles y las piezas durante un control en una de las terminales del Silvio Pettirossi.

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Refieren que actualmente las mercaderías están lacradas y bajo vigilancia en el depósito de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Son cargas que llegan desde Miami al aeropuerto Silvio Pettirossi y, según Juan Olmedo, gerente General de la Aduanas de la DNTI, el 16 de mayo ya fue incautado una primera parte.

En la misma terminal aérea, pero en otro operativo, volvieron a incautar más piezas para fusiles, entre ellas 10 tubos soportes para culatas, 6 receptores superiores, 22 agujas percutoras y un tubo cañón que se encontraban mimetizadas, en esta ocasión, dentro de un carrito para bebé.

“Hoy detectamos una segunda carga que ingresaron con piezas más pequeñas como en carritos de bebé”, expresó Olmedo a la radio 730 AM.

Los presuntos importadores de la carga fueron identificados y los datos ya fueron remitidos al Ministerio Público para su intervención correspondiente.