“Hay un triángulo amoroso y por ahí va el tema”, sostuvo de manera contundente el agente fiscal Christian Bartomeu, en entrevista con la 730 AM. Añadió que la pequeña Mía Soledad habría sido asesinada por “celos”.

Para explicar por qué llega a esa conjetura, el investigador contó que la niñera Mabel Blanca González tenía un marido de apellido Lezcano, con quien tuvo cinco hijos. Ella se dejó de su esposo y se emparejó con el señor José Dolores, con quien estaba conviviendo. Sin embargo, la misma mantuvo una relación extramatrimonial con el joven Eduardo Villalba (26), quien está detenido por este caso.

Por otra parte, Don Roberto Mendoza (padre de Mía) está separado de su esposa y vivía en una casa que llamativamente se había incendiado semanas atrás. Este hombre sindicó al joven Eduardo de haber sido el responsable. Luego de este siniestro, Roberto y su pequeña fueron a la casa del señor Dolores y Blanca González a vivir.

El fiscal siguió relatando que el 9 de enero, Roberto recibió una llamada telefónica de una casa de venta de materiales construcción; le iban a dar una donación por parte de la ciudadanía para poder construir de vuelta su vivienda. El sujeto fue hasta el negocio, en compañía de José Dolores, y dejó a su hija Mía en la casa, bajo el cuidado de la niñera.

Es en este momento, conforme a los datos proporcionados por el agente del Ministerio Público, que el principal sospechoso Eduardo Villalba llama insistentemente al teléfono celular de Mabel González, quien luego accede a encontrarse con él justamente en el sitio donde posteriormente fueron hallados los cadáveres.

¿Por qué entonces también habría asesinado a la pequeña que no tenía participación en este triángulo? El fiscal responde que posee la hipótesis de que el supuesto autor del crimen pudo incluso haber celado del padre de la niña. “Eduardo era una persona muy celosa, según versiones”, resaltó.

El fiscal Bartimeu dijo que ayer el detenido compareció ante su unidad y se contradijo en reiteradas ocasiones al momento de dar su versión de los hechos.

DETENIDO PIDE INVESTIGAR A PAREJA ACTUAL DE NIÑERA

Eduardo Villalba Benítez (26), sindicado como el autor del crimen de la pequeña Mia Soledad y su expareja Mabel Blanca González, niega ser el responsable del asesinato de ambas mujeres.

En charla telefónica con Telefuturo, dijo que es inocente. “Yo no hice nada, supuestamente soy el sospechoso, pero yo no les hice nada”, aseguró.

El detenido contó que el 9 de enero se encontró personalmente con Mabel González en inmediaciones de su vivienda y que supuestamente ella le pidió dinero. “Quería que le ayude, yo le dije que no tenía, que era pobre. Porque confiaba en mí me pidió el dinero. Me dijo que supuestamente la madre de la niña quería que le entreguen a su hija y que el padre no quería darle”, manifestó.

Respecto a por qué la llamó con tanta insistencia, dijo que solo quería saber de ella y que devuelva a la criatura.

El joven indicó que el Ministerio Público debe investigar a José Dolores, quien es la pareja de Mabel González. Alegó que este lo habría amenazado a él y a la mujer con quitarles la vida de percatarse de algún tipo de infidelidad.

Tras 20 días de estar con paradero desconocido, fueron encontrados los cadáveres de Mabel y de Mía en un lugar conocido como Curva La Lata, en la ciudad de Katueté, departamento de Canindeyú. La mujer presentaba al menos 10 puñaladas, en tanto que los restos de la pequeña estaban esparcidos y se presume que fue a causa de alguna maquinaria que pasó por el lugar, al tratarse de un sojal.

Las autoridades policiales informaron sobre la detención de un hombre de 26 años de edad, quien cuenta con una herida de arma de fuego. El mismo fue trasladado con custodia policial a un centro asistencial privado en la ciudad de Hohenau, de su poder fue incautado un vehículo, así también del interior del vehículo se encontró un bidón de combustible tipo nafta.

También se procedió al levantamiento de indicios del lugar donde ocurrió asalto tipo comando en la sede del BNF en Natalio, de donde se incautó varias vainillas servidas y percutidas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores de la marca FAL entre otras evidencias.

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Además fueron localizados dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el hecho, los mismos fueron abandonados entre un yerbal del barrio San Miguel del Distrito de Natalio en cercanías del Arroyo Pirayui, del interior de uno se logró levantar dos pasa montañas de tela color negro, un quepis de color negro y rojo, y un balde de plástico de color amarillo conteniendo varios clavos miguelito, otro automóvil de la marca Toyota modelo Runx color plateado, de cuyo interior se logró levantar dos cartuchos sin percutir calibre 556, un rastro papilar latente que fueron levantados y protegidos, una pata de cabra.

Asimismo, en la Comisaría 17ª –Natalicio se levantaron indicios balísticos consistentes en vainas servidas y percutidas calibre.

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Como había ocurrido semanas atrás también en el departamento de Itapúa, los delincuentes tomaron la ciudad de Natalio, donde bloquearon los accesos para evitar que las autoridades de seguridad puedan reaccionar.

Unos 15 delincuentes llegaron hasta la sede del BNF y con explosivos accedieron a la bóveda para alzarse con al menos G. 1.000 millones.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se vienen dando acciones de estas bandas”, dijo Marcos Maidana en comunicación con la 1020 AM.

El intendente de Natalio sostuvo que, en contrapartida, hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte, el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la Policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que, la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital (PCC). No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaría sea el que comanda a la facción operativa del cártel brasileño que opera en el país.

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Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).