El diputado liberal Édgar Ortiz presentó un proyecto de ley “Que amplía el Artículo 19 de la Ley 1160/97 Código Penal Paraguayo” y cuya principal finalidad es evitar que una persona que le quita la vida a un delincuente durante un asalto sea imputado y termine en la cárcel.

La Dra. María Carolina Llanes, exjueza y experta en Derecho Procesal Penal, en entrevista con HOY habló sobre este tema y manifestó que la norma penal está correctamente redactada dado que la legítima defensa es una figura tradicional dentro de la doctrina penal.

Así también mencionó que, en los casos caratulados bajo esta figura, siempre se habla de la posibilidad de quitar la vida de una persona en defensa de la propia, de la de los familiares o de los bienes que uno posee. En ese tipo de circunstancias, el Ministerio Público lo que debe hacer es verificar si los hechos se dieron de esa manera, lo cual necesariamente requerirá la apertura de una investigación.

A la hora de formular una imputación, todo dependerá de los elementos objetivos que posea la Fiscalía -sostuvo Llanes-, pues de entrada no se puede tener la certeza de si se trata o no de un caso de legítima defensa sin antes realizar una indagación para corroborar los presupuestos establecidos en el Artículo 19 del Código Penal Paraguayo.

A su criterio, antes de efectuar algún tipo de modificación lo que se tendría que hacer es ajustar los protocolos de actuación del Ministerio Público. “Yo no veo que exista necesidad de modificar las normas procesales, ya está todo establecido lo que tiene que hacerse caso por caso”, acotó.

“Si no tenés elementos para imputarle a la persona porque la conducta no es antijurídica, o sea que está permitido matar para defender la vida propia y la de los demás, entonces directamente no se imputa sino que se desestima, pero eso ya está previsto en el Código Penal”, manifestó, dando a entender que dicho escenario ha sido contemplado dentro de la normativa vigente hoy día y, por consiguiente, no es necesario el cambio en el Código Penal.

Llanes indicó que en los casos de legítima defensa “hay una confusión en la aplicación y no un problema normativo”. A nivel jurisprudencial, sugiere que los jueces y tribunales sean más “didácticos” en la fundamentación de sus sentencias, explicando “bien y de manera pedagógica” como para que el Ministerio Público sepa en qué casos imputar y en cuáles desestimar.

El proyecto de ley presentado por el diputado Édgar Ortíz plantea incorporar el siguiente párrafo en el Art. 19 de Código Penal: “No será reprochable, quien se exceda en los límites de la legítima defensa por confusión, temor o miedo, cuando sea consecuencia de la intrusión actual en su domicilio o casa comercial”. Al respecto, la experta en Derecho Procesal Penal sostuvo que “eso ya está previsto” y que “es una redundancia”.

Respecto al caso ocurrido el pasado mes de septiembre en Ciudad del Este y que tuvo como protagonista a un despensero, señaló que la normativa habla de una “reacción ante un peligro presente”, por lo que cuando se produce un lapso entre el inicio y la culminación de esa situación de peligro ya no se trata de un caso de legítima defensa. “La actuación posterior ya es una decisión fuera de los presupuestos”, agregó.

Finalmente, planteó la necesidad de establecer un precedente en el ámbito de la justicia y que sobre esa base se pueda seguir trabajando en este tipo de circunstancias.

Lo que el Estado recauda a través de los impuestos, única vía para generar recursos; es fundamental para hacer frente a los planes de Gobierno en áreas indispensables como salud, seguridad, educación y en todas las gestiones pertinentes.

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En 8 meses, el fisco aumentó recaudación en US$ 457 millones: "Es el resultado que esperábamos, el que proyectamos".

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Desde la Dirección de Ingresos Tributarios, institución conformada por Tributación y Aduanas, anunció ayer que, desde el 15 de agosto al cierre del 29 de abril, la recaudación llegó a 457 millones de dólares, un monto que supera la meta de los 400 que se tenía como pronóstico de esta fusión y que, se estimaba alcanzar recién en el 2025.

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Para el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, recaudar esta suma, “da un poco más de tranquilidad”, no solamente para los planes de convergencia fiscal, sino para la inversión en sectores necesitados y prioritarios.

Este primer logro, sin embargo, poco o nada servirá, si no va de la mano con medidas de austeridad en la administración del dinero público.

“Estamos saliendo de una situación donde hay muchos ejemplos de malgasto, pero el hecho es ir mejorando de a poco, cerrando las diferentes válvulas de escape de mal gasto, ir mejorando en el tiempo”, opinó en una entrevista con el canal Gen-Nación Media, Fernández Valdovinos, quien no cree que los casos de nepotismo se acaben en un corto plazo.

No obstante, citó algunos ejemplos de ahorros registrados en los últimos meses, pero que no cobraron notoriedad.

Mediante la fusión de Hacienda, Secretaría Técnica de Planificación y Secretaría de la Función Pública, se eliminaron más de 80 cargos innecesarios y un gasto de nueve millones de dólares en salarios. Con esta unión, lo que antes eran tres departamentos de recursos humanos, tres de contabilidad y de todo por cada institución, ahora pasó a uno solo por los tres.

Además, a través de la ley de compras públicas, las licitaciones se realizarán de manera mucho más eficiente y con menos costos. Los responsables de obtener buenos resultados serán la Contraloría, el BCP y Economía.

“Se acabará la época cuando un mismo vaso se compraba de forma separada y costaba 10 en Salud, pero 125 si compraba la UNA para Clínicas”, comentó el ministro, a modo de graficar el nuevo escenario.

En otro orden de cosas, una de las promesas de campaña del actual Gobierno fue la creación de 500.000 empleos en cinco años. La generación estará en manos del sector privado, pero el Estado se encargará de dar las condiciones, precisó Valdovinos.

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Autoridades de de la Dirección Nacional de Migraciones participaron en la reunión convocada por el Ministerio del Interior para impulsar el diseño de un Plan de Seguridad del Paso Fronterizo, que tiene como objetivo establecer las condiciones legales y reforzar la seguridad para evitar delitos transfronterizos como la trata de personas y la explotación de niños, niñas y adolescentes.

La iniciativa hace referencia al acuerdo entre Paraguay y Brasil sobre Localidades Fronterizas Vinculadas, especialmente en lo que respecta a la detección y mitigación de vulnerabilidades de los derechos de niños, niñas y adolescentes en los pasos fronterizos compartidos.

Las autoridades enfatizaron la necesidad de fortalecer la cooperación para aplicar controles interinstitucionales más efectivos con relación al paso de menores en la zona primaria del Puente Internacional de la Amistad y armonizar los protocolos de actuación en caso de detectar posibles casos de trata de personas que involucren a niños, niñas y adolescentes.

El encuentro estuvo encabezado por el Ministro del Interior, Enrique Riera, con el acompañamiento del viceministro de Seguridad Interna, Oscar Pereira y otras autoridades de la cartera de Estado.

También participó el ministro de la Niñez y Adolescencia, Walter Gutiérrez; la viceministra de Desarrollo Regional del MINNA, Diana Arguello; el viceministro de Protección Integral de Derechos del Niño del MINNA, Víctor Eduardo Escobar; y el embajador Carlos Gamarra, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por la Dirección Nacional de Migraciones estuvieron presentes; la directora de Asesoría Jurídica, Nidia del Carmen Martínez y el representante de la Dirección General de Movimiento Migratorio, Lucas Kasiañuk.

En los últimos días trascendió un nuevo caso de violencia familiar, teniendo como víctima a una mujer oriunda del barrio Puerta del Sol de la ciudad de Hernandarias, Alto Paraná.

La misma fue visitada este fin de semana por su expareja, de nombre Guillermo Servían Torres, quien ingresó a su vivienda en horas de la madrugada con el único fin de agredirla físicamente.

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De acuerdo al reporte de medios locales, este sujeto -quien trabaja como DJ y es conocido en el ambiente como “Dj Guille Servían”- irrumpió en la casa a través de la ventana y golpeó brutalmente a su expareja, llegando a afectar también a su bebé de dos años.

No contento con ello, también provocó varios destrozos en el lugar, dañando electrodomésticos, acondicionadores de aire y ventanas, además del vehículo de la víctima que se encontraba estacionado en el garaje.

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La relación entre ambos había terminado hace aproximadamente dos meses, en gran parte debido a la conducta de Servían, quien era muy celoso y “tóxico”, según las propias palabras de la afectada.

Posterior al incidente, la mujer acudió en compañía de su abogado a la Fiscalía para formalizar la denuncia contra el violento DJ, quien aún sigue prófugo de la justicia.