El legislador respondió a preguntas de los periodistas acreditados a la Cámara de Diputados este miércoles. Sobre los allanamientos que realizó la Fiscalía en la Gobernación para constatar las denuncias en su contra, dijo que “esa es su función” y que también su casa estará abierta para una intervención del Ministerio Público.

Con respecto al denominativo de “Merlín”, dijo que “la gente siempre habla” pero que va a tener que demostrar que no es cierto. Sostuvo que las pesquisas van a llevar un poco de tiempo y que lo poco que tiene va a sostener durante el proceso.

Dijo que anteriormente no era solo zapatero sino que también tenía una curtiembre, intentando justificar el meteórico ascenso de su fortuna.

Sobre la denuncia de presunta malversación con combustibles, Cuevas mencionó que sería importante llamar a los operadores de máquinas para que digan en qué estado se entregaron las maquinarias hace un año, cuando dejó la Gobernación.

Expresó que se compraron máquinas nuevas e incluso se pusieron a andar las que estaban paradas.

Consultado sobre si va a pedir permiso para enfrentar un eventual proceso judicial respondió: “demasiado grave es tu pregunta. De ninguna manera. Cuando se expida la justicia sí. Si encuentran que soy culpable, por supuesto, qué voy a hacer”.

Sobre su esposa Nancy Florentín de Cuevas, que sería planillera en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), dijo que ella va a demostrar con hechos y que no asistió solo porque estaba con reposo. Más detalles sobre el permiso médico, el diputado se abstuvo de dar.

Dijo que la gente de Paraguarí lo conoce y cuando se expida la justicia va a salir bien “como corresponde”.

Miguel Cuevas (ANR) está siendo investigado por la Fiscalía a raíz de varios hechos de corrupción que habrían permitido su rápido enriquecimiento. Pasó de ser zapatero a ser propietario de una gran extensión de tierra, además de otros bienes, según publicaciones del diario La Nación y el canal GEN.

En las últimas horas corrió el rumor de que los fondos del programa Che Tapýi, una cooperación de Taiwán para viviendas destinadas a comunidades indígenas, fueron utilizados para pagar la reparación de avionetas presidenciales.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Óscar González, explicó esta mañana que esos recursos no se tocaron y relató la historia desde sus inicios.

“No hubo tal cosa y mucho menos que se hayan tocado los fondos del programa destinado a la construcción de viviendas”, aseguró el secretario de Estado, en un contacto con la emisora 730 AM.

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El avión Cessna y el helicóptero Bell se encontraban depositados en una empresa de San Paulo, Brasil para su mantenimiento desde la administración anterior, la cual, se había comprometido al pago, sin embargo, no cumplió con el desembolso.

A partir de allí, hubo un urgimiento para el pago. En ese momento, según el ministro, “se pensó en esos fondos (programa Che Tapýi) provisoriamente, pero después se encontró el mecanismo financiero, se solucionó eso y no se necesitó recurrir a esos fondos”.

La salida encontrada fue la Entidad Binacional Yacyretá, a la que la Fuerza Aérea presta ciertos servicios, por lo que, sin necesidad de ningún pedido especial, finalmente fue la que saldó la cuenta dejada por el Gobierno anterior.

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Amancio Bogado, bombero que recibió el llamado de auxilio, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 17:45 de ayer domingo, en las adyacencias de una comisaría situada antes del peaje de Remansito, Villa Hayes, dentro de una laguna de unos tres metros de profundidad.

“Estas dos criaturas se escaparon de su mamá, el papá estaba trabajando. Se fueron a una lagunita que tienen en ese barrio, empezaron a jugar e hicieron una especie de barcaza de un pedazo de isopor”, relató el bombero, en un contacto con la emisora 1020 AM.

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Mientras subían sobre la conservadora de isopor, uno de ellos cayó al agua, el otro intentó ayudarlo, pero terminaron cayendo ambos, tras lo cual, murieron ahogados.

Según el informe policial, las víctimas fatales son un niño de 10 años y su hermana de siete. Desafortunadamente, nada se pudo hacer para salvarlos y los cuerpos fueron sacados del agua sin signos vitales.

El lamentable episodio sucedió en el barrio San Miguel de Presidente Franco, departamento de Alto Paraná, donde resultó víctima fatal Felipe Benítez Marecos (66), según el informe policial.

El comerciante recibió disparos de arma de fuego y fue trasladado al Hospital Distrital de esa ciudad, donde, lastimosamente se constató su fallecimiento.

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Como autores del hecho describen a dos hombres que llegaron en motocicleta y, una vez que hirieron al comerciante, finalmente huyeron.

Se menciona que el homicidio fue perpetrado como consecuencia de un asalto al que el propietario del autoservicio La Familia se resistió. Sin embargo, no se descartan otras hipótesis.

En el hecho intervinieron la subcomisaría 12ª jurisdiccional, el departamento de Investigación de Homicidios, medicina forense y Criminalística. Todo lo actuado fue comunicado al Ministerio Público.