Soares, en una extensa entrevista con la 106.9 FM, reveló una serie de detalles agregando a la denuncia que había hecho el pasado domingo ante el canal GEN.

Expresó que existe un esquema que incentiva a periodistas, liderado por la directora de Comunicaciones Liza Paredes y el jefe de Gabinete, Marcelo Mancuello, que son los que operan a favor de Mario Ferreiro en los medios de comunicación. Incluso, dijo que aprietan a los periodistas que opinan en sentido contrario a la administración.

Dijo que tiene capturas de grupos de WhatsApp que lo prueban en los que se averigua quién es el periodista que molesta a la administración Ferreiro para que directamente se realice una campaña en su contra o se ejerza algún tipo de presión.

Reveló que el “gran apretador de las empresas” es Marcelo Mancuello que directamente se encarga del cobro de coimas a las empresas que buscan realizar negocios al margen de las ordenanzas municipales.

“Hay gente que dice: ‘a mí Marcelo Mancuello me apretó’; ‘Liza Paredes me pidió coima’. Es penoso y lamentable. Esperaría eso de una administración de la ANR o del PLRA que son partidos grandes, que tienen 100 años y donde es imposible controlarles a todos”, expresó Soares en contacto con el programa “Mañana Irresponsable”, conducido por Alvaro Mora.

DESALOJO

Sobre la situación de su vivienda, Soares manifestó que fue el único que puso a disposición de Ferreiro una hipoteca. Expresó que tuvo que recurrir a un usurero para que le preste plata para darle al, en ese entonces, precandidato a la Presidencia de la República.

Producto de la hipoteca, Soares dijo que le dio G. 350 millones a Ferreiro y que por culpa de esa deuda, más el préstamo que ya está pagando a un banco por la vivienda, actualmente se encuentra en un juicio de desalojo en el cual ya perdió en segunda instancia porque aún no puede honrar el compromiso preasumido.

Incluso, mencionó que Mancuello llamó a una cooperativa a preguntar el estado de cuenta de Soares. “Si me dicen: ‘Camilo miente’, yo tengo pruebas de lo que estoy diciendo”, mencionó.

Recordó que en diciembre buscaron un corte amistoso entre ambos cuando Soares fue a la casa de Ferreiro a pedirle auxilio porque tiene una hermana en Córdoba que necesita hacerse un tratamiento de quimioterapia y está en pareja con un hombre que la maltrata. Mencionó que no tiene una sola fuente de ingresos extra para ayudar a su hermana por lo que Ferreiro le dio G. 50 millones para que pague su deuda con la Caja Mutual y así sacar otro préstamo para enviarle el dinero.

“ADOLFO FERREIRO ES UN DELINCUENTE”

El exsenador Adolfo Ferreiro es uno de los miembros de la “claque” de Mario. Lo trató directamente de “delincuente” y de proteger durante cuatro años a Óscar González Daher en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Mencionó que Adolfo dejó sin nada a partidos pequeños que integraban la coalición Avanza País que posteriormente migró a la concertación Juntos Podemos. Mencionó al Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y al Partido Demócrata Cristiano (PDC) que no recibieron un solo guaraní del subsidio electoral. Mencionó que en el 2013 le correspondía G. 2.000 millones al P-MAS en concepto de subsidio pero que la cuenta fue bloqueada y que Adolfo, Mario y su entorno dilapidaron los fondos.

Incluso, mencionó que Adolfo Ferreiro emitió un bono de deuda por G. 900 millones antes de las elecciones municipales sin consultarle a ningún partido y que este año se presentó un juicio en el que el tenedor del bono reclama los bienes de los partidos miembros de la alianza electoral. “¿Qué hizo en el 2015 con esos 900 millones? lo que supongo es que él hizo esto para conseguir plata para Mario y un vuelto para él. No existen registros de esos 900 millones. Adolfo se dedicó a enriquecerse”, expresó.

Finalmente, Soares mencionó que se aguantó demasiado tiempo hablar de esta situación y que accedió a hacerlo ante la posibilidad de ser desalojado. “Cuando le tenés a tu madre, a tu esposa a la noche sin poder dormir porque en cualquier momento pueden desalojarte, a tu hermana en un hospital público y no tenés plata para ayudarle… que se vayan a la puta madre que los parió. Si yo muero, no voy a morir solo”, sentenció.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.