Docentes protestan contra ley de Jubilaciones

Dirigentes sindicales se manifiestan esta mañana frente a IPS, en repudio a la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, pues aseguran que deberán trabajar más años para acceder al beneficio.

La vocera de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Blanca Ávalos, explicó que la normativa posee dos artículos que afectan directamente a los docentes y se refieren a la sostenibilidad y a la sustentabilidad.

“Según ellos la caja fiscal está deficitaria y hay que llevar a más años y a más aportes, ahí las condiciones son infrahumanas”, dijo Ávalos en contacto con la 970 AM.

Advirtió que la responsabilidad quedará en manos de la Cámara de Senadores y pidió que el proyecto sea rechazado para no perjudicar a los docentes.

El proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, que regula y controla los fondos jubilatorios, fue aprobado en la Cámara de Diputados y si la Cámara Alta no lo trata antes del 26 de agoste, tendrá sanción ficta.

A pesar de que este planteamiento al principio generó dudas, una reunión entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Trabajo y referentes de las centrales obreras y el sector empresarial, permitió llegar a un acuerdo mediante la modificación de cuatro puntos y son los siguientes:

1) PRÉSTAMOS DE LAS CAJAS JUBILATORIAS

Con relación a los préstamos de las cajas a sus afiliados (como por ejemplo, la de la ANDE), se acordó eliminar el límite que se establecía en el proyecto de ley, pero manteniendo los aspectos relevantes que son la búsqueda de la rentabilidad adecuada y un nivel de riesgo bajo.

2) “SUPERPODERES” DEL SUPERINTENDENTE

En lo que se refiere a la supervisión, intervención y sanción que los empresarios consideraban como “superpoderes” para el titular de dicho organismo, se acordó proponer el modelo de la Superintendencia de Seguros, donde se tiene un Consejo Consultivo al respecto de nuevas regulaciones que se emiten.

3) LÍMITES DE LOS INSTRUMENTOS BANCARIOS

Desde el sector bancario consideraron que los límites de los instrumentos emitidos por los bancos no eran adecuados, por lo que se consensuó eliminarlos. Los aspectos relevantes, que son la búsqueda de la rentabilidad adecuada y un nivel de riesgo bajo, se mantienen.

4) TIEMPO DE ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY

En cuanto al plazo para adaptarse a la legislación a partir de la promulgación de la ley, finalmente se acordó pasar del periodo de 18 meses que originalmente figuraba en el texto del proyecto a unos 36 meses, de tal forma a dar tranquilidad al sector trabajador y empresarial.

Por el Día del Maestro, adelantan pago de salarios a docentes

En lugar de esperar hasta mañana, los docentes del sector público recibirán sus haberes hoy lunes. Lo anunció el Ministerio de Economía y Finanzas.

Como una forma de rendir homenaje a los docentes en su día, el Tesoro Público pagará los salarios esta misma tarde, en lugar de hacerlos esperar hasta mañana martes, como inicialmente estaba previsto.

El calendario indica que, durante la mañana, ya podrán percibir sus haberes las Fuerzas Públicas, el Poder Judicial y las gobernaciones.

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En tanto, durante la tarde, los funcionarios de Ministerio de Educación y Ciencias y las Universidades nacionales.

Con esto, ya no quedará nada pendiente, pues, el cronograma finalizaba con este sector mañana martes y que inició el miércoles 24 de abril con los adultos mayores, jubilados y pensionados.

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Reportan nueva amenaza de bomba, esta vez en el Juzgado de Luque

Una amenaza de bomba fue reportada esta mañana en el Juzgado de 1era Instancia de Luque, lo cual motivó la suspensión de todas las actividades en la sede judicial.

Poco después de las 09:00 hs se tuvo conocimiento sobre una amenaza de bomba en el interior del Juzgado de Primera Instancia de la ciudad de Luque.

La alerta fue reportada tras una llamada anónima realizada por una persona, quien dio aviso sobre la supuesta existencia de explosivos en el lugar.

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Tras ello, se dio aviso a miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luque, quienes acudieron al sitio y activaron el protocolo de rigor. Seguidamente, se convocó a personal de la FOPE.

Siguiendo con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de casos, se procedió a la evacuación de todos los funcionarios y visitantes que se encontraban en ese momento en la institución.

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A estas horas, explosivistas de la FOPE y canes entrenados se encuentran haciendo una minuciosa inspección en todas las dependencias del juzgado luqueño, a fin de descartar la presencia de cualquier artefacto.

Esta situación se da coincidentemente el mismo día en que procesados que pertenecen al Primer Comando Capital (PCC) debían comparecer ante el juzgado para afrontar un juicio oral.

Peña reitera: resguardo de BNF y entes públicos queda en manos de la Policía

El presidente Santiago Peña afirmó que el resguardo de las instituciones públicas -incluyendo el BNF- queda a cargo de la Policía Nacional y no de las Fuerzas Armadas, esto luego del último asalto en Natalio.

Al ser entrevistado por los medios este lunes, el presidente de la República se expresó en relación al último asalto a una sucursal bancaria ocurrido en Natalio, Itapúa.

Sobre el punto, Peña aseguró que ya dio instrucciones tanto al ministro de Defensa, Óscar González, como al titular de la cartera del Interior, Enrique Riera, para que arbitren los medios y dispongan de todos los recursos que sean necesarios.

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Respecto a la posibilidad de que los militares retomen la custodia en el Banco Nacional de Fomento (BNF), mencionó que la seguridad de las instituciones pública recae en el ámbito de la Policía Nacional.

“El argumento de que solo los militares pueden resguardar las instituciones públicas creo que no viene al caso, pero vamos a hacer todo lo que sea necesario”, añadió en relación al asunto.

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De esta manera, el mandatario da prácticamente por descartada la posibilidad de que las Fuerzas Armadas vuelvan a tener a su cargo el resguardo de las sucursales del BNF, tal y como ocurría anteriormente.

Cabe recordar que, desde febrero de este año, se dispuso el retiro de los efectivos militares de todas las sedes de la banca estatal a nivel país, mediante una resolución firmada por el presidente Santiago Peña.