El agente fiscal Nelson Ruiz, en los estudios de Unicanal, manifestó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia fue sorpresivo y muy llamativo, por lo que desde el Ministerio Público decidieron emprender las acciones para la rectificación correspondiente.

“Para nosotros, después de haber leído el fallo, se trata de un nefasto antecedente y bastante peligroso para el que hacer jurídico, apeligra todo el sistema y el normal desarrollo del proceso, todo lo que tiene que ver con el sistema de persecución policial”, desarrolló.

El fiscal comentó, durante el programa Cara o Cruz, que la anulación de la condena fue algo desordenado, en cuanto a forma, porque no se respetó el orden de emisión de votos, entre otros aspectos.

A su vez, Nelson Zaracho, agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO), ratificó que los ocupantes sí portaban armas. “Se habla mucho de francotiradores y personas infiltradas, pero en dos personas se notaba demasiado bien que estaban armados y no se veían como francotiradores, son campesinos apuntándole a policías”, acotó.

El uniformado mencionó que si bien el fallo los deja muy decaídos, están tratando de sacar fuerzas como institución. Criticó así que se ven atados de manos cuando deben utilizar la fuerza, pero luego son condenados por su labor.

Por su parte, el agente de GEO, Fredy Toledo, manifestó su dolor porque no se tomaron en cuenta muchas situaciones para adoptar la resolución que libera a los campesinos condenados.

“Nos costó muchísimo llegar al lugar, y cuando llegamos ya nos estaban apuntando, nos tenían en la mira. Tenían armas largas y cortas. Después del tiroteo muchos huyeron y se llevaron las armas”, relató.

Sostuvo que hubo un fuego cruzado con los campesinos, siento estos los atacantes y los policías las víctimas. En cuanto al argumento de que eran armas caseras, preguntó: “¿Esas armas son capaces de matar una persona? Desde mi punto de vista, sí”, respondió el mismo.

“Ellos empezaron a dispararnos y nosotros empezamos a reaccionar, porque si no lo hacíamos nos iban a matar a todos, fue una emboscada, entramos en un embudo fatal, no teníamos forma de cubrirnos, de milagro estoy acá”, dijo además.

Por último dejó en claro que la Policía Nacional está habilitada a portar armas, mientras que los campesinos ya estaban infringiendo una ley al portar armas.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

Te puede interesar: Vehículo sufrió desperfecto y acabó consumido por las llamas

El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

Leé también: Dan el último adiós a la escribana y su hijo, mientras sigue búsqueda de la pequeña Isabela

Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

Te puede interesar: Criptominería en inmueble de Cuevas: factura de G. 500.000 vs consumo real de G. 800 millones

Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

Leé también: Sospechoso incendio de Caja de Jubilados: dedos acusadores contra funcionario

Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

Nota relacionada: En propiedad de Miguel Cuevas intervienen una granja ilegal de criptomonedas

En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

Leé también: Gobierno busca fortalecer sistema eléctrico mediante modificación de dos leyes

Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.