El hallazgo se produjo en marzo del 2014, luego de un trabajo de inteligencia de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión del Contrabando (UIC), liderada por el enton­ces viceministro de Comercio del Ministerio de Industria, Pablo Cuevas.

El operativo se montó tras el vuelco de un camión de azú­car en Pedro Juan Caballero, desde donde se hizo un tra­bajo de seguimiento al car­gamento de azúcar presumi­blemente de contrabando y se llegó a un depósito en Itau­guá, donde se encontró más de 160 toneladas de azúcar de procedencia irregular.

Según los antecedentes publicados en los medios de prensa, el cargamento fue decomisado el 10 de marzo del 2014 de los depósitos de las firmas AJ SA y Retail SA, ubicados en Itauguá, por un equipo conformado por agentes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), de Aduanas y de la Policía contra Delitos Eco­nómicos ante la presunción de contrabando.

Sin embargo, el 31 de octu­bre del mismo año, el admi­nistrador aduanero de capi­tal, Carlos Alfredo Medina, firmó la Resolución N° 263 por la cual sobreseyó a las firmas Retail SA y AJ SA del Grupo Vierci, y responsa­bilizó a otras cinco empre­sas por el ingreso de esa cantidad de edulcorante. No obstante, el ente cali­ficó el ingreso de la merca­dería como contrabando, pero responsabilizó a cinco empresas más pequeñas del hecho.

En el documento se deja cons­tancia de que la representa­ción fiscal pidió que la situa­ción de la carga sea declarada en infracción aduanera de contrabando y que todas las empresas involucradas sean responsables de haber par­ticipado en el ingreso de este cargamento, incluyendo a las firmas de A.J. Vierci.

Sin embargo, el administra­dor Medina justifica su reso­lución en dos puntos funda­mentales: el informe de la SET –en el que se habla de que las facturas son lega­les–, lo que les valdría a estas empresas para considerarlas como “compradora de buena fe” y un acuerdo y sentencia de la Corte Suprema de Justi­cia, de mayo de este año, en el que Aduanas perdió un caso –similar al planteado en esta causa– por supuesto contra­bando, que le significó una millonaria pérdida.

Según Medina, este docu­mento de la Corte deja un precedente peligroso, por lo que prefiere “resguardar” el patrimonio de la Direc­ción de Aduanas ante accio­nes y recursos judiciales que podrían plantearse.

Los antecedentes del caso indican además que el propio Instituto Nacional de Tecno­logía y Normalización (INTN) realizó en abril del 2014 un informe técnico sobre el azú­car incautado. En dicho estu­dio, se demostró que el pro­ducto no fue elaborado por ingenio paraguayo debido a que contenía sustancias que están prohibidas en su fabri­cación en nuestro país.

FÚSTER DECLARÓ QUE SE EXTRAVIÓ LA MERCADERÍA

Un año después de la incau­tación del cargamento de azúcar, en el 2015 el fis­cal Emilio Fúster declaró que se extravió la merca­dería de Vierci de los depó­sitos de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, se presume que fue revendida.

“2.826 bolsas de azúcar fueron incautadas en su oportunidad (…) tuvimos la noticia de que se estaba sacando el azúcar de este lugar y nos encontramos con esta situación de que prác­ticamente solo encontramos 298 bolsas”, informó el fiscal Emilio Fúster en comunica­ción con la 650 AM, el 23 de febrero del 2015.

El agente fiscal detalló que se inició una investigación para identificar a las perso­nas responsables de la desa­parición del cargamento.

Un documento de contenido falso firmado por supuestos funcionarios de la Dirección de Aduanas fue utilizado para “respaldar” la entrega del cargamento de azúcar de contrabando.

“Encontramos también documentos que supuesta­mente respaldan la entrega, que fueron firmados por supuestos funcionarios de Aduanas sin el consen­timiento del Ministerio Público, pero al consultar al área de recursos humanos de esa dependencia (corro­boraron que) no los registran como funcionarios. Dudamos de la veracidad y la autenti­cidad de estos documentos”, sentenció.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.