En la unidad penal número 3 se formuló una denuncia por abuso sexual el pasado 18 de enero, cuando la fiscal Estela Ruiz reemplazaba a su colega Irma Arias, quien al regresar de sus vacaciones se ocupó del caso.

Según Arias, su entonces reemplazante actuó de inmediato disponiendo la asistencia psicológica de la menor y solicitando la captura del presunto responsable del abuso.

Sin embargo, recién después de allanar la vivienda de la mujer del autor, una docente de la zona, consiguieron más datos acerca del acusado, pues al principio solo manejaban un nombre y un apellido.

Con el procedimiento confirmaron que el buscado se llama Rodrigo Leonardo Enciso, de nacionalidad argentina y se desconoce si continúa en el país o si huyó hacia su país, por lo que se trabaja con la Interpol.

“Las posibilidades de que esté acá también son ciertas, por Migraciones no salió pero existen otras vías, tampoco podemos enviar una orden de captura internacional sin saber en dónde está”, afirmó la fiscal Arias en entrevista con la 1080 AM.

DENUNCIA DE OCTUBRE 2017

Ledesma confirmó que en octubre pasado se había formulado una denuncia ante la fiscal Sandra Ledesma, reportando la desaparición de esta misma niña, quien para entonces ya habría sido abusada. Sin embargo, la localizaron rápidamente, aunque entonces no sabían nada de la violación.

Cuando le toman las declaraciones a la víctima, la misma habla de supuestos maltratos por lo que dispusieron la detención de la docente pero solo por esta causa. Recién en enero de este año la menor confesó que había sufrido un abuso sexual.

Los primeros internos serán trasladados desde la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, donde se encuentran unas 1.600 personas privadas de libertad, de los cuales el 25% cuenta con condena.

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El traslado será de manera gradual, por grupos de 50 personas, hasta llegar a un total de 500 internos, en una primera etapa, según el plan del Ministerio de Justicia.

El nuevo Centro de Reinserción Social de Minga Guazú fue habilitado semanas atrás y cuenta con capacidad para albergar a 1.237 personas, incluyendo un área de máxima seguridad. En este nuevo establecimiento, apuntan a priorizar la capacitación de los internos en formación laboral, a fin de estimular su reinserción social.

El requisito establecido para escoger a las personas que serán trasladadas hasta ese sitio es que las mismas cuenten con condenas firmes.

El Estado paraguayo estará cumpliendo con normativas internacionales que establecen que las personas privadas de libertad procesadas y condenadas deben estar apartadas entre sí.

Un nuevo caso de agresión a un inspector de la Patrulla Caminera se registró este lunes durante un control de rutina sobre la Ruta Departamental 025, conocida comúnmente como Autopista Silvio Pettirossi, en la ciudad de Luque.

El protagonista de este episodio de violencia fue un joven conductor, quien iba al mando de una camioneta de la marca Ford modelo Ranger de color negro, con chapa WFAO 702.

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Una filmación realizada desde el teléfono de una de los intervinientes muestra la negativa de este automovilista a someterse al control de la Caminera, evitando en todo momento exhibir sus documentaciones a los inspectores a cargo del procedimiento.

Según comentó a Radio Ñanduti la jefa de Relaciones Públicas de la institución, Patricia Ferreira, los inspectores sorprendieron al conductor realizando un adelantamiento indebido por la banquina, por lo que procedieron a demorarlo para aplicar la multa correspondiente. “En ningún momento cooperó con la intervención”.

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La situación llegó al extremo de la agresión física, lo cual puede evidenciarse en el video donde se observa al joven empujando a uno de los agentes de la Caminera, a quien previamente había rozado con su camioneta, poniendo en riesgo su integridad.

“Ante la solicitud de un inspector, el conductor tiene la obligación de exhibir las documentaciones”, enfatizó Ferreira, recordando que esta exigencia rige para todos los automovilistas y que se encuentra contemplada en el Art. 55 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.

“Ell Ministerio Público debe activar sus mecanismos legales porque es un caso grave, por el tema de los agentes desleales, los casos de corrupción interna, porque hace dos años ya de la denuncia”, dijo el jefe antidrogas a la 730 AM.

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Subrayó que la denuncia en cuestión contempla, además de las filtraciones, enriquecimientos ilícitos de funcionarios de la Secretaría que fueron denunciados, pero cuyos procesos no se ejecutaron.

Vehículos de alta gama, fastuosa residencia y bienes que no se corresponden con uno de los agentes denunciados, siguen en carpeta del Ministerio Público. El detalle que desató la polémica es que el mismo continúa siendo funcionario activo, en razón de que, al no ser condenado, debe seguir en funciones activas.

La semana pasada estalló el informe sobre filtraciones que se dieron durante el gobierno anterior, en la oficina antidrogas. Los datos, al decir del informe fiscal, se proveyeron desde la Senad a esquemas ligados la organización liderada por Miguel Ángel Tío Rico Insfrán, en sociedad con Sebastián Marset. El episodio se enmarca dentro de la pesquisa referente al operativo A Ultranza Paraguay, que desmontó una agrupación narco dedicada al tráfico masivo de cocaína a Europa.

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