Los artesanos y artesanas del distrito de Yataity se encuentran organizando la “XX Expo Feria del Ao po’i”, que irá desde este 24 de noviembre hasta el domingo 3 de diciembre. En dicha actividad se realizará una exposición permanente de los trabajos elaborados, a fin de que los visitantes tengan la oportunidad de apreciarlos durante la mayor parte del día.

Liliana Escurra, presidenta de la Cooperativa de Producción Artesanal de dicha localidad, en contacto con la 970 AM comentó que hoy se realizará la inauguración oficial del evento con un acto a las 10:00 horas.

A su vez, señaló que Yataity es considerada como “la cuna y la capital del ao po’i”, teniendo en cuenta que un importante número de pobladores (mayoritariamente mujeres) tiene como principal y única ocupación el bordado artesanal de prendas.

Esta pequeña comunidad del departamento de Guairá conserva una antigua tradición de tejedoras, que se ha ido transmitiendo de generación en generación desde el siglo XIX, utilizando aún los rústicos telares de madera, algo que con el tiempo se ha ido afianzando hasta convertirse en un rubro rentable con la confección de prendas de vestir.

“Este evento es algo muy importante que todas las artesanas están esperando cada año porque es el espacio donde ellas tienen la posibilidad de tener un contacto directo con el cliente. Hay muchas artesanas que no tienen la posibilidad de tener sus tiendas propias o trabajan desde su casa de forma independiente”, expresó Escurra.

En total, son 40 los stands que estarán en exposición durante las dos semanas que durará la Expo Ao Po’i. Entre los expositores se encuentran pequeños comités, agrupaciones, así como artesanos agremiados en la Cooperativa de Producción Artesanal de Yataity, detalló.

Un dato importante que mencionó es que actualmente el ao po’i se considera como el principal sustento de la comunidad, considerando que el 60% de la población económicamente activa se dedica a este rubro. El otro 20% son jóvenes que están estudiando y no se dedican directamente a la artesanía y el restante 20% son comerciantes, agricultores o ganaderos.

“Esto es una artesanía que se enseña prácticamente en todos lados, tanto niños como niñas lo aprenden en la escuela en la materia de Trabajo y Tecnología, además que es algo que va de generación en generación. La mayoría de los niños lo saben hacer porque lo hace la mamá, la tía o la abuela”, confirmó Escurra durante la entrevista radial.

La “XX Expo Feria del Ao po’i” se llevará a cabo en la plaza “Gral. Francisco Roa”, ubicada en el centro mismo de la ciudad de Yataity. La misma se encuentra ubicada a 164 kilómetros de la ciudad de Asunción. Se accede a ella por la ruta Nº 8 “Blas Garay”, vía que une las ciudades de Coronel Oviedo con Villarrica. Es una de las primeras localidades que se encuentra en el trayecto Coronel Oviedo – Villarrica.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.