Uno de los hechos más contundentes que comprometen al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, con la tesis de que la quema del Congreso el 31 de marzo pasado fue premeditado y armado por los líderes políticos de la oposición, es el cruce de llamadas entre el titular liberal y la persona sindicada como la responsable de la contratación de barrabravas en la cancha de Resistencia del barrio Ricardo Brugada.

Raúl “Beto” Cáceres, a quien Alegre acompañó para que el mismo se fugue al Uruguay junto a otros imputados en busca de refugio para no afrontar a la Justicia, fue plenamente identificado por una de las personas contratadas por él, Silvino “Amuleto” Romero, el que aparece en las fotografías robando un plasma del Congreso.

En su declaración, Romero relata cuanto sigue: “A las 17:00 aproximadamente me encontraba jugando partido en la canchita del club Resistencia en compañía de algunos amigos, de nombre José, Arnaldo y otro de apodo ‘Gordito’, cuyos apellidos no conocía, cuando en un momento dado llegaron junto a ellos dos camionetas con carrocerías, modelos nuevo, una de color negro y la otra de color granate, de las cuales bajaron dos personas de sexo masculino, una de estatura alta, de contextura física robusta, de cutis morocho, vestido de traje de color negro y otra a quien conoce con el sobrenombre de ‘Caballito’, de estatura baja, contextura física robusta, de cutis morocho, con un tatuaje del club Cerro Porteño en el brazo lado izquierdo, este último sería jefe de la barra Comando Chacarita del club Cerro Porteño y estaría residiendo en el barrio San Felipe. El mismo les llamó con las manos y les preguntó si querían ganar dinero, cien mil por persona para ir a hacer una manifestación en la Plaza de Armas. Con ‘Caballito’ también llegó un grupo de 20 a 30 personas, de entre las cuales algunas eran de la barra de Cerro y otras eran desconocidas, agregando que entonces aceptaban el dinero, momento en que el señor de traje sacó la plata que tenía en una riñonera y se la entregó a ‘Caballito’, quien empezó a repartir. Después de esto desde la camioneta negra empezaron a darles bombas 12×1, encontrándose en la misma un tal Raúl Cáceres, joven de sexo masculino, de cutis blanca, quien según el entrevistado era el que organizaba todo. Por último, explicó que luego de esto arribaron por la calle Paraguarí hasta salir a Paraguayo Independiente para continuar por dicha calle hasta llegar a la Plaza de Armas, en donde nuevamente el supuesto Raúl Cáceres fue quien los organizaba diciéndoles, entre otras cosas, para que exploten bombas por la Policía, para luego ingresar al Congreso”.

A juzgar por el testigo, “Beto” Cáceres fue el principal organizador y es la misma persona que esa misma tarde mantuvo dos comunicaciones con el presidente del PLRA, Efraín Alegre.

Vuelven a solicitar extracto de llamadas

La defensa de los legisladores víctimas del incendio del Congreso Nacional nuevamente pidieron al Ministerio Público el extracto de llamadas de todos los sospechados de participar en la quema del Congreso Nacional. En un mes y medio los archivos de las empresas telefónicas podrán ser borrados.

Los abogados calificaron como inaudito al hecho de que la prensa pueda acceder fácilmente a los datos, en tanto que su pedido aún no prospera en la Fiscalía. Se mostraron alarmados por la lentitud del Ministerio Público, sobre todo porque dentro de mes y medio las empresas telefónicas podrán borrar los archivos.

Mediante diligencia judicial insistieron a la Fiscalía la entrega del registro de llamadas, y el análisis de las comunicaciones de los sospechados, a fin de ubicar los lugares en los que se encontraban durante dichas comunicaciones.

Esperan que el trabajo de la Fiscalía se agilice tras las publicaciones de prensa, en las que revelan un profuso cruce de llamadas entre la cúpula del Partido Liberal con Juan “Nito” Bogado Tatter, que aparece como el nexo entre la dirigencia y los militantes liberales sindicados de incendiar el Congreso y contratar a los barras bravas, como es el caso de Raúl “Beto” Cáceres, quien fue reconocido por Silvino Romero “Amuleto” (quien sacaba un televisor del Congreso), como uno de los que estaba abordo de las camionetas que los alquilaron y quien les entregó los fuegos artificiales para atacar a la Policía.

Finalmente, afirmaron que las publicaciones periodísticas sobre los cruces de llamadas son una prueba contundente que confirma la hipótesis que desde un principio vienen sosteniendo. La quema de la sede legislativa desde la oposición empezó a articularse en la tarde del 31 de marzo, pateando a policías y legisladores, escupiendo a los uniformados desarmados. Eso se fue masificando con la presencia de los barras bravas que culminaron con el incendio del Congreso Nacional.

(Por Jorge Torres Romero)

Las mejoras incluyen un sistema de aire acondicionado y otras comodidades. Su habilitación está prevista para este viernes 10 de mayo, en coincidencia con el Día Mundial del Lupus.

La Dra. Yanira Yinde, Jefa del Departamento de Reumatología de la FCMUNA, hizo extensiva la invitación a todos los pacientes y familiares que quieran participar de esta actividad.

Instan a la ciudadanía a seguir apoyando estas iniciativas, la cual también fue posible a través de la colaboración de la Sociedad de Damas Italianas, Margarita de Saboya.

El Departamento de Reumatología atiende pacientes con lupus además de otros con diversas patologías inflamatorias del tejido conectivo, como la esclerodermia, síndrome Sjögren, también casos de artritis reumatoide, polidermatomiositis y otras enfermedades que podrían acaecer.

El embajador estadounidense recibió a Claudia Aguilera y a Juan Manuel Corzo porque este viernes 10 de mayo se cumplen 2 años del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Cartagena, Colombia.

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Ostfield ratificó, en nombre del Gobierno de EEUU; la disposición y el compromiso con las investigaciones para dar con los responsables de la muerte del fiscal y con la lucha contra el crimen organizado.

“El legado de Marcelo exige priorizar la investigación, hasta que se haga justicia, para que nunca más ocurra algo así”, escribió el embajador en un posteo en redes sociales.

Pecci fue asesinado por sicarios cuando se encontraba en la playa de un hotel en la isla de Barú, donde fue de luna de miel con Aguilera.

La justicia colombiana condenó a varios implicados con el crimen: Margareth Lizeth Chacón Zúñiga por su participación en la planeación del asesinato, los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes aceptaron su responsabilidad en el asesinato, recibieron una condena de 25 años y seis meses de prisión. Otro de los acusados de articular el homicidio fue Francisco Luis Correa Galeano.

El comunicado de la familia Pecci hace mención a lo ocurrido dos años atrás en Cartagena, Colombia, donde un grupo de sicarios internacionalmente, coordinados y financiados, acabó con la vida del fiscal Marcelo Pecci. Al respecto, sostienen que los responsables hoy se muestran “fuertes con el uso del dinero mal habido, atropellando lo que han encontrado a su paso, pero que también lo usan para esconderse detrás de fachadas y de lugartenientes que no hacen sino retrasar el proceso”.

Indican además que esto fue retrasando el que consideran el único proceso de investigación, el que se da en Colombia. “Vivimos y crecimos en este país en donde sabemos de injusticias. Vivirla en carne propia lo hace doloroso, frustrante. El olvido son como capas de polvo que no vemos caer pero en el bronce que engalana el nombre de Marcelo Pecci ya hay una capa bastante gruesa que en poco tiempo más va a impedir leer sus letras o recordar sus hazañas”, resaltan.

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Al respecto de los homenajes a los dos años de su asesinato, indican que “ningún acto ni tributo para la familia es aceptable si no se trata de Justicia”.

“Tímidamente hoy vemos caer hojas y hojas del calendario a las que acompañan excusas, lamentos, discursos; pero muy poco en cuanto a lo que se refiere a aquella ansia que a los justos enciende cuando de encontrar al asesino de su compañero se trata”, subrayan en relación a las acciones investigativas que se llevan en Paraguay, donde lamentan que no se ven entusiastas investigadores como sí los hay en Colombia.

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“El olvido es la peor forma de injusticia. Porque el dolor no cesa y la putrefacción no sana. El nombre de Marcelo Pecci no ha sonado ni en los discursos públicos (aquellos que apuntan a la corrección política) por lo menos para decir que se está buscando algún tipo de justicia. Ni se ha intentado disimular. El olvido provocado es aún peor”, enfatizan.

Ante toda la situación expuesta, solicitan a las autoridades encargadas de la administración que respetuosamente ahorren cualquier tipo de estipendio público en memoria de Marcelo Pecci. “Les solicitamos que en lugar de lirios o calas, cartas o cintas, hasta el último recurso se destine a averiguar quién ordenó matarlo”, agregan.