Esa decisión abrió el camino a la inmunización de cerca de 28 millones de niños de esa franja de edad.

La nueva campaña de vacunación podría comenzar esta misma semana si los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dan su visto bueno, algo que se espera para el martes.

En Estados Unidos, casi dos millones de niños de entre cinco y 11 años contrajeron el covid-19 y al menos 172 murieron, según los CDC. Las cifras son bajas en comparación con el total de casos (45,8 millones) y de fallecidos (más de 743.000) en el país, pero preocupan.

Ahora los padres deben decidir. La AFP entrevistó a varios de ellos para preguntarles si iban a vacunar o no a sus hijos.

– Daniela Boettcher, a favor –

Daniela Boettcher, de 45 años, es una provacunas convencida. Tanto que ni siquiera esperó la aprobación del producto de Pfizer para inmunizar a su hija, Lia, de cinco años.

El pasado viernes, la niña debía recibir una dosis de la vacuna anticovid de Moderna en el marco de un ensayo, pero el laboratorio estadounidense aplazó la fecha una semana.

Para esta madre, la decisión fue fácil de tomar. “Creo totalmente en las vacunas”, dice. “He leído todos los artículos que dicen que los beneficios superan otros posibles efectos”.

Quiere vacunar a Lia por dos motivos. El primero es el miedo a que contraiga la enfermedad y sufra el covid persistente, como se conoce a una serie de síntomas -neurológicos, físicos o psiquiátricos- que duran hasta meses después del contagio.

El segundo es práctico. Cada vez más lugares piden test de covid-19 para poder acceder a ellos. Un engorro para Boettcher, que viaja varias veces al año a Alemania, su país natal, y que no quiere ir una y otra vez a hacer pruebas de coronavirus con su familia.

– David Winker y Cristina Hernandez, indecisos –

Cristina Hernandez Winker y David Winker aún no saben si su hija de ocho años debería vacunarse contra el covid-19.

Pese a la aprobación por la FDA, tienen dudas sobre posibles efectos de la vacuna de Pfizer para la niña, que se llama Cristina como su madre.

“No lo pensamos dos veces a la hora de vacunarnos. Pero (…) esto es un poco diferente”, dice David Winker. “Tenemos 50 y poco años, viviremos otros 20; pero ella tiene ocho y vivirá otros 70. ¿Cuáles son los efectos [de la vacuna] a largo plazo?”, se pregunta.

Cristina Hernández comparte esas dudas. “Mi hija nació prematura y me preocupa cómo va a afectar esto a su sistema inmune”, explica.

La niña tiene también alergias, otro motivo de inquietud para sus padres.

La pareja no descarta que la pequeña reciba la vacuna, pero quieren tener más información. Después de consultar a su pediatra, decidirán.

– Sucelys Alvarez, en contra –

Sucelys Alvarez tiene claro que no vacunará a su hijo de siete años, alumno de la Centner Academy, una escuela privada de Miami que ha tenido varias polémicas en los últimos meses sobre la inmunización contra el covid-19.

El centro escribió a los padres de sus estudiantes, sin pruebas científicas, que las vacunas podían ser contagiosas, dañar la fertilidad de las mujeres y el desarrollo de los niños.

“No sé lo que hay en esas vacunas”, dice Alvarez, que también tiene un hijo de dos años. “Creo que los niños necesitan inmunidad y nutrición y que con eso tienen más que de sobra”, añade.

Para esta madre de 29 años, la vacuna “es sólo productos químicos con Dios sabe qué” y “ningún padre debería poner eso en los cuerpos de sus hijos”.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.