El consultor y analista económico Amilcar Ferreira, en conversación con Radio Uno, comentó que en nuestro país existe un problema general con la fijación de tarifas de servicios públicos, refiriéndose a la cuestión del aumento de tarifa anunciado por la ANDE.

Ferreira mencionó que las empresas públicas, así como las privadas, deben tener una sostenibilidad financiera a largo plazo, lo cual significa que los ingresos que generan deben cubrir sus costos de operación y tienen que generar una utilidad que les permita realizar las inversiones para poder enfrentar el crecimiento de la demanda.

“La ANDE en particular tiene un problema que, desde el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, no hay un criterio técnico para la actualización de las tarifas, siempre se ha manejado con criterio político”, expresó a la 650 AM.

Sobre este punto, manifestó que durante décadas no se realizaron los ajustes tarifarios necesarios alegando que “no era el momento político”. Dicha situación llevó a que, después de 10 años de no actualizar sus tarifas, paulatinamente vaya deteriorándose la capacidad de la empresa para realizar nuevas inversiones y el mantenimiento correspondiente.

“Las tarifas de los servicios públicos se actualizan estrictamente en base a criterios técnicos que tienen que ver con sus insumos. En el caso de la ANDE, es mejor hacer ajustes periódicos, por ejemplo cada año, y que sean pequeños que no hacerlo durante mucho tiempo y luego hacerlo 20% de una vez”, aseguró el analista económico.

A su vez, mencionó que mientras más se posterguen las modificaciones en el costo del servicio, más grande será el ajuste que se deberá hacer más adelante y, por consiguiente, será más difícil de hacerlo políticamente.

Ferreira sugirió que Paraguay pueda crear en algún momento una autoridad reguladora con criterios estrictamente técnicos que se encargue específicamente de llevar la estructura de costos y sea la que realice los ajustes.

“Es mejor hacer ajustes anuales pequeños que le permitan a las empresas públicas realizar los mantenimientos e inversiones que postergar por criterios políticos. Esto se ha hecho a lo largo de todos los gobiernos, sean o no colorados, supuestamente nunca era el momento político adecuado”, sostuvo.

Por otro lado, habló sobre las influencias políticas al momento de incluir a nuevas personas para trabajar en las empresas o instituciones públicas, lo cual solo logra engrosar más la estructura de costos, así como de la incapacidad de la empresa para controlar su demanda o consumo.

“Cualquier otro precio de tarifa o servicio tiene que ser fijado con criterios técnicos y actualizado periódicamente, totalmente descontaminado de criterios políticos. Mientras no sea así, siempre vamos a tener este tipo de problemas”, sentenció.

Entre los sospechosos se encuentra el comisario Jorge Palacios, quien fue destituido de la titularidad de la comisaría Central de San Lorenzo. Esto tras conocerse detalles de lo que, a primera vista, sería una detección y secuestro de dicha cantidad de droga, que luego fue liberada, previo pago de US$ 200.000.

El informe que maneja Asuntos Internos, es que una semana atrás (el domingo pasado) agentes de la comisaría sanlorenzana decomisaron el estupefaciente y lo depositaron en la repartición policial. Allí presuntamente se abrió una negociación con los dueños de la mercancía. Un día después el cargamento de cocaína fue liberado, pero otro grupo policial lo interceptó en el límite de Luque y Mariano Roque Alonso, y lo dio a conocer en forma oficial a la Fiscalía.

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En medio de las hipótesis que manejan los investigadores, no descartan que la trama haya sido ejecutada por el mismo grupo de 11 policías. Este presunción se basa en que, técnicamente fue un decomiso inicial, seguido de cobro por liberación y finalmente detención de los que retiraron la mercancía ilegal, con la requisa de esta y puesta a disposición del Ministerio Público.

Esta posibilidad, estiman los intervinientes, suele verificarse episodios (en todas partes del mundo) en la lucha antidrogas, y es lo que se conoce como mejicaneada.

El subjefe de esa dirección policial, Carlos Román, indicó que el primer “paquete” de solicitudes está conformado por denuncias de maltrato familiar y accidentes (de tránsito, laborales y caseros). El de los viernes para adelante, en tanto, se focaliza de manera significativa en un delito, tan irritante como poco castigado: ruidos molestos.

“Es llamativa esa situación que se da en la semana. El de los maltratos familiares lastimosamente es preocupante por la cantidad de casos. En lo referente a los ruidos molestos es también una tendencia que genera muchos disgustos en la población”, señalo Román en comunicación con la 1020 AM.

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El oficial remarcó que la Policía solo tiene potestad para accionar de manera puntual, para obligar el cese de los altos decibeles que exhiben los infractores callejeros con sus equipos musicales. Lo de procesarlos escapa de sus manos, ya que ello es competencia exclusiva del Ministerio Público.

En efecto, en los registros oficiales los números de sancionados por infringir la ley que propone la emisión de ruidos molestos, son prácticamente irrelevantes. Discotecas, puestos de comidas callejeras, automovilistas en la vía publica o residentes de viviendas con músicas a todo volumen, constituyen el “ejército” de ruidosos que convierten en infierno las horas de descanso de los que no participan de sus “fiestas”.

Por otro lado el oficial Román subrayó el tema de las cámaras del sistema 911 en las calles, que precisan crecer en cantidad y ajustes en cuando a disposición modernos.

Con 1.400 cámaras en todo el país, 246 en Central, el sistema 911 es uno de los que contribuyen al conjunto de dispositivos que construyen al “gran hermano”, el ente que todo lo ve y registra para que la Policía tome las medidas contra infractores de la ley.

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Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.