“En cuanto respeten las normas internas y no entren en algún acto de inconductas que sean ilícitas, no creo que corran riesgos de deportación”, dijo Loizaga a una radio local, según informó la Cancillería a través de un comunicado.

En el caso estadounidense, el canciller explicó que los paraguayos residentes en el país, regulares o irregulares, “pueden estar tranquilos desarrollando sus actividades” mientras no incurran en ningún delito.

Esta situación se dio luego de que el nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, firmara una orden el viernes pasado que suspende la acogida de refugiados, detiene la emisión de visados para ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y acelera la deportación de extranjeros que enfrenten sanciones civiles o penales.

En el caso argentino, Loizaga destacó que los ciudadanos paraguayos son miembros del Mercosur, un bloque regional compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, cuyo fin es la libre circulación de bienes y de personas, señaló la fuente.

“No solamente se le aplicará a los paraguayos, se le aplicará a todos. Nosotros también en nuestra ley migratoria tenemos disposiciones que autoriza la expulsión de delincuentes o personas condenadas, porque nadie quiere tener en su país delincuentes”, dijo Loizaga.

Asimismo, desde la Cancillería destacaron que la nueva normativa migratoria que Argentina ha incluido en su sistema jurídico “merecerá estudio y seguimiento”.

Loizaga destacó que la semana pasada habló con su homóloga argentina, Susana Malcorra, durante la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericano y del Caribe (Celac) y le mostró su preocupación sobre la nueva legislación.

El presidente argentino, Mauricio Macri, firmó este lunes un decreto que modifica la ley migratoria con el fin de acelerar los procesos de deportación y prohibición de ingreso al país de extranjeros que hayan cometido delitos graves, como el narcotráfico, problema que el Ejecutivo se ha planteado erradicar.

Un hombre fue detenido por los agentes de la comisaría 24° tras intentar agredir a su hijo de 14 años y, posteriormente, quemar las prendas de vestir del adolescente y de su pareja, grabar el hecho y enviar mensajes amenazantes al grupo familiar vía WhatsApp.

Se trata de Juan Carlos Flores Silvero, de 36 años, quien fue denunciado por Carina Aparecida Griebeler Da Silva (35). La mujer relató que se encontraba en su lugar de trabajo, mientras que el hombre estaba en la casa de sus padres ingiriendo bebidas alcohólicas, donde empezó a crear zozobras tratando de agredir a su hijo menor.

En ese contexto, el adolescente le dijo a su mamá que no vaya a la vivienda, debido a que Juan Carlos se encontraba en total estado etílico y violento. Luego, el hombre fue hasta su domicilio, comenzó a quemar las ropas de las víctimas sin sentido alguno, hecho que filmó y envió al grupo familiar vía WhatsApp, además de amenazar con hechos de violencia a su pareja.

En tal sentido, la mujer no dudó en denunciar por lo que los agentes, en prosecución a la denuncia de inmediato, en compañía de la víctima acudieron hasta la casa y aprehendieron al sindicado. Se comunicó el hecho al fiscal Víctor Santander.

En la noche del domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito en el Km 4 Monday de Presidente Franco, en la zona baja del asentamiento Bello Amanecer.

Se vio involucrado en este percance un automóvil de la marca Toyota modelo Vitz de color azul, con chapa AAKX 052, que iba al mando de Débora Raquel Garcete Duarte (23).

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El informe señala que la mujer circulaba sobre la ruta y, en circunstancias aún desconocidas, perdió el control del rodado, por lo que acabó chocando contra un árbol que se encuentra al costado del camino.

En ese momento, la conductora iba acompañada por Esmilce Catalina Núñez Garcete (38), una menor de 6 años y una bebé de 4 meses, menciona Radio Concierto.

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Las ocupantes del vehículo accidentado fueron auxiliadas por bomberos voluntarios y posteriormente trasladadas al Hospital de Trauma de Ciudad del Este para recibir atención médica.

En conversación con la radio 650 AM, Óscar Tuma, abogado de la senadora Yamy Nal, anunció que apelará el fallo del juez laboral Rubén Darío López, por carecer de fundamentos para conceder un amparo a favor de la abogada Alejandra Peralta Merlo.

“El fallo, con total seguridad, puedo decir que es una barbaridad desde todo punto de vista. Evidentemente, este amparo sobrepasó la capacidad del juez, que seguramente por ser nuevo, no tiene la solvencia necesaria para obrar conforme a derecho”, esgrimió. “Vamos a apelar porque deja un nefasto precedente”, indicó.

El abogado Tuma sostuvo que el amparo tiene como fin proteger un derecho constitucional y para que se haga lugar, la persona debe accionar contra un acto ilegal. “Ahí tenemos que preguntarnos si existe alguna norma de desbloquear o bloquear, o no interactuar con un internauta, y no existe. Entonces, no estamos ante un acto ilegal porque esta conducta no está legislada”, esgrimió.

Señaló que tampoco es ilegal porque la propia red social da la posibilidad de interactuar, bloquear, aceptar o rechazar a alguien. “La senadora no cometió un acto ilegal porque no está penalizada esta conducta y la propia red social permite esto”, dijo.

Otro punto esgrimido por Tuma es que no consiste en un caso de urgencia, tal como alegó el magistrado, porque la amparista podría recurrir a información a través de canales oficiales de la Cámara del Senado, tales como la cuenta oficial de esa institución o de la TV Cámara. “No iba a quedar sin el derecho a informarse o en indefesión porque fue bloqueada, puede acceder a la información a través de los medios de comunicación, o medios oficiales de los senadores”, resaltó.

Así también, el abogado resaltó que se debe diferenciar entre las cuentas oficiales y las personales. En ese sentido explicó que, la cuenta institucional se utiliza exclusivamente para comunicar los actos oficiales y las políticas institucionales, tal como lo hace el Senado mediante sus canales oficiales. En tanto que, un funcionario público o autoridad electa tiene el derecho de crear una cuenta privada donde emite opiniones personales que no son oficiales.

Finalmente Tuma consideró que se vulnera el derecho de la congresista, al obligarla a tener que aguantar todos los ataques de los demás cibernautas y no poder bloquearlos.

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