Masaje con ‘final feliz’: el nuevo formato de servicio sexual para eludir la ley

En los últimos años han aumentado notablemente las casas de masajes, peluquerías y spa con anexo servicio sexual para hombres.

Por ordenanza municipal los prostíbulos no están habilitados para funcionar en Asunción. Pero últimamente se utiliza el camuflaje para conseguir la habilitación Municipal de “casa de masajes, Spa, o Peluquerías”. Estos lugares además de ofrecer el servicio sexual funcionan como centros de trata de personas en algunos casos, debido a la falta de controles estrictos de la comuna.

En conversación con la redacción del Diario HOY, Ramón Portillo del área de Habilitación de Comercios, explicó que para habilitar una casa de masajes, spa o peluquería solo se deben cumplir con las normas de salubridad, prevención de incendios y cuidado al medio ambiente, por lo que en los últimos años han aumentado aceleradamente.

Las casas de masajes no requieren herramientas como el caso de centros odontológicos y médicos. Esta facilidad además de contar con habilitación Municipal hace que estas casas operen sin los controles debidos, tal es asi que algunas casas de masajes ofrecen abiertamente el servicio con “final feliz” (sexo) por internet.

La situación de la habilitación y la falta de control es grave ya que la municipalidad brinda un respaldo (involuntario) a las diversas formas de explotación sexual ya sea de menores de edad o personas mayores que bajo engaño provienen del interior del país o zonas suburbanas. También existen mujeres de otros países que son inducidas a realizar este trabajo bajo promesas de beneficios a los cuales nunca acceden y son privadas de su libertad.

El proxenetismo consiste en obtener beneficios económicos de la prostitución a costa de otra persona si lo está, y en la mayoría de los países constituye un delito. Este hecho es aún más grave si se trata de menores de edad retenidos para ejercer este “trabajo”.

Muchos prostíbulos funcionan en Asunción sin que la municipalidad ejerza el control correspondiente. En el 2014 la fiscal Teresa Martínez en compañía de la ex concejal Mirian Ferreira quien realizó la denuncia, allanaron una casa de masaje en Villa Morra en la que se encontraban menores de edad y eran explotadas sexualmente.

Al ser consultado el Arquitecto Ramón Portillo, por los lupanares que funcionan abiertamente, refirió que es debido a una falta de control y que se debe hacer lo mismo con las casas de masajes.

-¿La ciudadanía puede denunciar estas casas de prostitución en Asunción?

-Si se puede denunciar en la oficina de quejas, su denuncia debería ser documentada con datos precisos, la cuenta corriente catastral, y si se puede con pruebas.

Para demostrar que últimamente el auge de casa de masajes bajo el blindaje de la municipalidad funcionan abiertamente, nos comunicamos con varias casas de masajes para saber acerca del servicio y nos respondieron explicandonos los precios y confirmando también el servicio sexual, la dirección nos facilitaron sin ningún problema ya que algunas casas de masajes cuentan con Fan Pages en el facebook donde se puede acceder a la ubicación.

Para saber qué tipo de servicios ofrecen, nos comunicamos por whatsapp para averiguar los precios; el servicio común de masajes está en promedio entre los 100 y 150 mil, los trabajos considerados especiales rondan por los 150 a 500 mil guaraníes.

Una modalidad nueva en los masajes son los masajes Thai, que consisten en masajes cuerpo a cuerpo totalmente desnudos. El masaje thai es el gancho aparentemente para el servicio sexual ya que al consultar nos pasaron los precios del “final feliz”.

Masaje Thai es un masaje corporal cuerpo a cuerpo con la masajista, ella realiza los masajes desnuda y el final feliz manual cuesta 150 mil.

Masaje naturista: Es un masaje similar al Thai y con final feliz oral cuesta 200 mil.

Masaje especial: es un masaje donde incluye todo lo mencionado arriba con “OyV” menciona el mensaje y cuesta 300 mil.

Un detenido por atraco al estilo comando en sede del BNF

La Policía Nacional logró la detención de una persona involucrada en el atraco a la sede del BNF en la localidad de Natalio, departamento de Itapúa. La misma se encuentra herida y bajo custodia en un centro asistencial.

Las autoridades policiales informaron sobre la detención de un hombre de 26 años de edad, quien cuenta con una herida de arma de fuego. El mismo fue trasladado con custodia policial a un centro asistencial privado en la ciudad de Hohenau, de su poder fue incautado un vehículo, así también del interior del vehículo se encontró un bidón de combustible tipo nafta.

También se procedió al levantamiento de indicios del lugar donde ocurrió asalto tipo comando en la sede del BNF en Natalio, de donde se incautó varias vainillas servidas y percutidas de diferentes calibres, cartuchos, cargadores de la marca FAL entre otras evidencias.

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Además fueron localizados dos vehículos presuntamente utilizados para cometer el hecho, los mismos fueron abandonados entre un yerbal del barrio San Miguel del Distrito de Natalio en cercanías del Arroyo Pirayui, del interior de uno se logró levantar dos pasa montañas de tela color negro, un quepis de color negro y rojo, y un balde de plástico de color amarillo conteniendo varios clavos miguelito, otro automóvil de la marca Toyota modelo Runx color plateado, de cuyo interior se logró levantar dos cartuchos sin percutir calibre 556, un rastro papilar latente que fueron levantados y protegidos, una pata de cabra.

Asimismo, en la Comisaría 17ª –Natalicio se levantaron indicios balísticos consistentes en vainas servidas y percutidas calibre.

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Como había ocurrido semanas atrás también en el departamento de Itapúa, los delincuentes tomaron la ciudad de Natalio, donde bloquearon los accesos para evitar que las autoridades de seguridad puedan reaccionar.

Unos 15 delincuentes llegaron hasta la sede del BNF y con explosivos accedieron a la bóveda para alzarse con al menos G. 1.000 millones.

Autoría de robo a banco: señales del PCC y de migración criminal a Itapúa

El intendente de Natalio, Marcos Maidana, señaló que, del nuevo asalto a la sucursal del BNF, surge la evidencia de que se verifica una migración masiva de bandas criminales al departamento de Itapúa.

“Lastimosamente no es el primer caso, prácticamente en todos los distritos de Itapúa se vienen dando acciones de estas bandas”, dijo Marcos Maidana en comunicación con la 1020 AM.

El intendente de Natalio sostuvo que, en contrapartida, hay escasez de personal policial para cubrir la ola creciente de inseguridad a nivel departamental.

Por su parte, el senador Kolyn Soroka dijo que la situación amerita la militarización de Itapúa, hasta tanto se aplique un nuevo esquema de seguridad por parte de la Policía.

“Hasta hace poco Itapúa no tenía casi hechos de esta naturaleza, es claro que se produjo una migración de los grupos criminales que accionaban en otras partes del país”, remarcó el legislador.

En ámbito de la Policía se señala que la migración de bandas organizadas es un hecho, tras el reforzamiento de la presencia policial en Alto Paraná.

Cabe indicar que, la cárcel de Cambyreta, Itapúa, es el centro de reclusión que cuenta el mayor número de reos integrantes del Primer Comando Capital (PCC). No se descarta que este foco instalado en esa penitenciaría sea el que comanda a la facción operativa del cártel brasileño que opera en el país.

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Abogados de Abdo y gavilla no refutan imputación y buscan sabotear causa

Los abogados defensores de Mario Abdo Benítez y varios exministros de su gabinete, ante la imposibilidad de negar los hechos que se describen en el acta de imputación y refutar con argumentos, se dedican a paralizar el proceso penal y sabotear el trabajo de la Fiscalía. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos destrabar la causa y permitir que la investigación.

Por Cinthia Mora

Periodista

La estrategia de defensa desarrollada por los abogados de Mario Abdo Benítez y su gavilla se dedica desde el 11 de marzo pasado, fecha en que se conoció la imputación, a la defensa mediática más que jurídica. Presentaron una docena de recursos procesales que lograron, hasta ahora, paralizar la causa.

La campaña desatada por los medios afines al abdismo y los abogados defensores para intentar invalidar la imputación cae por su propio peso al demostrarse que todo el procedimiento fiscal estuvo ajustado a lo que establece la ley penal. Las actuaciones de los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti, actualmente desafectados de la causa, contó con aval y control judicial. El acta de imputación fue admitida por un Juzgado Penal de Garantías por reunir todos los requisitos que establece la ley.

Uno de los argumentos utilizados por la estrategia mediática de los abogados para intentar sabotear la investigación es que sus clientes “no fueron notificados” por la Fiscalía de que estaban siendo investigados. Trasladando el mismo argumento al plano de lo absurdo, a partir de ahora los casos de narcotráfico o secuestro que se encuentren en plena etapa de investigación (durante la etapa preparatoria) se tendrían que poner a conocimiento de los sospechosos la existencia de una investigación en curso.

Ante la imposibilidad de refutar los más de 40 elementos que aporta la Fiscalía y que sostienen la imputación, una de las abogadas defensoras, Cecilia Pérez, quien actúa en representación del diputado Mauricio Espínola, plantea este argumento: “Esta es una causa jurídico-política y separar no es posible”; mientras que su defendido, quien sigue gozando de fueros, solicita que la causa “comience de cero”.

Tanto el actual diputado, sobre quien existe un pedido de desafuero para que se someta a la Justicia, como su abogada Cecilia Pérez no pueden desconocer la existencia de la publicación realizada con los datos confidenciales.

En una entrevista radial, la propia Cecilia Pérez quedó en “off side” cuando fue consultada sobre la ilegalidad de la publicación realizada por su cliente y solo atinó a responder que en este caso le corresponde hablar como abogada y no en otra condición.

Esos documentos confidenciales filtrados, según sostienen los fiscales, se obtuvieron de la Seprelad, ya que consta en los registros encontrados durante la pesquisa, que fueron redactados dentro de una oficina paralela por funcionarios ajenos a la institución y montados exclusivamente para perseguir a los enemigos políticos de Abdo.

DILACIÓN EN LA CORTE

Hace 15 días que los ministros e integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, César Diesel y Manuel Ramírez Candia, no resuelven la recusación que pesa sobre los camaristas María Belén Belén Agüero, Arnaldo Fleitas y Jesús Riera, recusados por el abogado Felino Amarilla, defensor del imputado por la filtración de información de la Seprelad, Carlos Arregui, extitular de esa institución.

Una vez que los magistrados se expidan sobre la recusación contra los camaristas, los mismos a su vez deberán estudiar la recusación contra la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera. En caso de que Lovera sea confirmada para el presente caso, deberá resolver más de doce chicanas presentadas por los abogados defensores del expresidente y sus excolaboradores.

NUEVO EQUIPO DE FISCALES

Por otra parte, el fiscal Osmar Segovia, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, conformará el equipo de agentes fiscales encargados de investigar al exmandatario Mario Abdo Benítez y otros ocho altos funcionarios de su administración en la causa que investiga la denuncia por persecución política durante su gobierno con el uso de las instituciones públicas como garrote político.

La decisión fue dada a conocer a través de la resolución n.° 986 firmada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón. De esta forma, Segovia se integra al equipo conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria para continuar con las investigaciones en torno a las supuestas filtraciones de informes de inteligencia de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).