El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, informó que campesinos y Gobierno llegaron a una solución tras la negativa inicial de los labriegos a las condiciones impuestas hoy en la reunión previa celebrada en el Congreso.

En un primer momento, los campesinos se negaron a aceptar la propuesta del Indert de entregar 41 lotes de siete hectáreas de media para 23 de los 27 beneficiarios que figuraban en la lista presentada por la Federación Nacional Campesina (FNC), ya que los labriegos exigían 10 hectáreas por familia.

Sin embargo, tras otra reunión con los labriegos se llegó a un acuerdo intermedio que estipula ocho hectáreas para cada una de las 30 familias, en lo que Cardenas consideró una “solución aceptable”.

“Pactamos finalmente entregar 30 lotes, que sería un intermedio entre lo exigido por ellos y lo propuesto por nosotros. Es una solución aceptable, viable y creo que va a poner un punto final a este problema”, señaló el presidente del Indert.

Cárdenas dijo que con este acuerdo quieren “cerrar definitivamente” la situación en Guahory, por lo que han trabajo durante toda la jornada mano a mano con los campesinos para definir y corregir “lote por lote” y delimitar las fincas.

“Estuvimos trabajando lote por lote (…) Son tierras altamente productivas y pueden dar la sostenibilidad a cada una de las familias para que tengan una vida digna y finalmente dejen de manera definitiva la franja de la pobreza y la extrema pobreza”, afirmó.

Además de esos 30 lotes acordados, quedaron fuera del reparto otros once que, debido a su tamaño y localización en el lugar, “no se podían unificar”, por lo que se estipuló que queden como reserva forestal para plantación de “eucaliptos o algunas especies que puedan resultar en ese lugar”, añadió.

Paralelamente, Cárdenas destacó que se está realizando el “plan B” en la cercana localidad de Yhú, también en el céntrico departamento de Caaguazú, donde el Indert construye una “colonia modelo” de unas 1.500 hectáreas para ubicar a otras familias que fueron desalojadas de Guahory.

“Estamos muy avanzados en esa parte, ya existen 27 familias asentadas hasta la semana pasada, esta semana llegaron 7 familias más. Tenemos un listado de más de 10 familias que se incorporarán también en el curso de la próxima semana”, destacó Cárdenas.

Añadió que en ese lugar, que cuenta con casas provisionales, agua, electricidad, paquetes de alimentos, atención médica y odontológica, tienen cabida 150 familias.

El asentamiento campesino de Guahory, en el centro de Paraguay, fue desalojado por última vez el pasado 3 de enero, en un procedimiento en el que se registraron varios heridos, y 12 campesinos fueron detenidos.

El pasado septiembre los campesinos fueron desalojados por más de 1.500 policías en un procedimiento que se realizó sin ninguna orden judicial y violó derechos humanos como la vivienda, alimentación, agua y seguridad, según denunció entonces la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).

Los campesinos de Guahory mantienen una disputa por la titularidad de las tierras con los colonos de la zona, en su mayoría de origen extranjero.

La médica Asihiria Acuña, del Hospital de clínicas, explicó que la manipulación del canal auditivo, es algo comúnmente realizado sobre todo al introducir diversos tipos de objetos, sea cotonetes, incluso llaves, cuyo empleo daña al oído y produce microtraumatismo en la piel al retirar la cera.

El oído tiene su propio mecanismo de autolimpieza, no necesita que se utilicen elementos, de hecho, la cera es una estructura fundamental y cumple una función específica, es esencial para mantener la piel hidratada y un pH ácido en el oído, para que esos gérmenes que normalmente viven el conducto externo no empiecen a invadir y generar procesos infecciosos.

Finalmente, la médica acotó que el oído está listo para defenderse incluso del agua.

“Desmiento mi oposición a la inclusión del celular de mi esposo en la investigación. Al respecto, he solicitado que los trabajos técnicos y periciales del teléfono los realice la Fiscalía de Colombia, conjuntamente con los investigadores de Estados Unidos”, dice el comunicado emitido por Claudia Aguilera, viuda del fiscal Marcelo Pecci.

Al respecto, explicó que el teléfono estuvo lacrado desde el día del asesinato del fiscal en Colombia, y desde ese momento fue entregado a los investigadores de dicho país. Aguilera sostiene que recién el pasado 18 de marzo de 2024, la Fiscalía de Paraguay le solicitó suscribir un escrito por el cual autorizaba el pedido del teléfono celular de Marcelo Pecci a la Fiscalía de Colombia, a los efectos de considerar la extracción de datos y diligencias técnicas.

“El 29 de abril del corriente año, remití una nota a la Fiscalía de Colombia, señalando mi autorización para que tanto la Fiscalía colombiana como los fiscales investigadores de Estados Unidos accedan al teléfono y realicen las pericias correspondientes al celular de Marcelo”, agrega.

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Sobre la actuación del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, Aguilera señala que de manera recurrente se excusó en los avances de la investigación por falta de recursos, ausencia de mecanismos tecnológicos, y manifestaciones similares, por lo cual considera pertinente el apoyo internacional en esta causa, encontrando en Estados Unidos y Colombia el interés para esclarecer el caso.

“El teléfono de mi esposo no es la única evidencia que he entregado, sin embargo, hasta la fecha nada sé sobre las diligencias realizadas a otros aparatos electrónicos. Rechazo cualquier señalamiento hacia mi persona de obstruir la investigación, puesto que desde el principio estuve abierta a cooperar, poniendo no solo a disposición los aparatos electrónicos de Marcelo, sino también los míos”, subraya.

Además, enfatiza que es su propósito que se conozca a los responsables del hecho, por lo que seguirá colaborando en la investigación. “Reitero mi conformidad con la cooperación de Estados Unidos y Colombia para poder encaminar con mejor tino la investigación del magnicidio de mi esposo y padre de mi hijo”, indica.

El estudio evidencia preocupaciones serias sobre cómo se está utilizando esta normativa para limitar la libertad de expresión de periodistas y comunicadores en lugar de su propósito original de proteger a las mujeres contra toda forma de violencia.

Maricarmen Sequera, codirectora de TEDIC e investigadora, destaca la importancia del estudio: “Este análisis demuestra que, aunque la protección contra la violencia es fundamental, es igualmente crucial garantizar que las leyes no se utilicen como herramientas para suprimir la libertad de expresión. Encontramos que en todos los casos de interés público analizados, la ley fue aplicada de manera que podría considerarse censura previa”.

La primera parte del estudio analiza el marco legal de protección sobre la libertad de expresión, así como los estándares internacionales establecidos por el sistema interamericano de derechos humanos, incluyendo catorce jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este apartado tiene un especial enfoque en cómo se configura censura previa, el umbral de protección aplicable a funcionarios públicos y personas públicas en el ejercicio de su libertad de expresión, y cómo este puede verse comprometido por interpretaciones erróneas de la Ley 5777/16 por parte de los Juzgados de Paz en el país.

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En este análisis, se exploran seis casos actuales en Paraguay donde se evidencia la posible tergiversación de la Ley 5777/16 para restringir el ejercicio de la libertad de expresión en casos de interés público.

Entre los hallazgos del estudio se resalta la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión y el debido proceso legal en una sociedad democrática. “La ponderación de ambos derechos deben ser diferenciados en casos de interés público y persona pública. Es importante reconocer que existen situaciones legítimas en las que las medidas similares pueden ser necesarias, como cuando se prohíbe a una persona con antecedentes de violencia mencionar o dirigirse a su ex pareja a través de mensajerías y redes sociales”, afirma Sequera.

Además de los análisis de casos, la investigación proporciona recomendaciones concretas para ajustar la aplicación de la Ley 5777/16, incluyendo la necesidad de regulación más detallada y capacitación para los profesionales de la justicia, para asegurar que se respeten tanto los derechos de las mujeres como la libertad de expresión.