La denuncia de invasión de inmueble ajeno, desacato de orden judicial, amenaza de hecho punible, apología del delito y coacción grave, fue presentada por los colonos brasileños mediante el patrocinio de los abogados Rubén Darío Soto Narváez y Nelson David Macoritto, el pasado 30 de diciembre del 2015, según los antecedentes expuestos por la Fiscalía.

El Ministerio Público informó que los denunciantes anexaron los títulos de propiedad que fueron contrastados con las documentaciones del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), lo cual confirmó la veracidad de los documentos.

En fecha 8 de marzo del año en curso, una comitiva fiscal-policial y de las Direcciones de DD.HH del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, junto a los agentes fiscales designados, se constituyó hasta la colonia Guahory del distrito de Tembiaporâ dando cumplimiento a la Fase 1, el cual consiste en verificar la existencia del lugar que supuestamente está siendo invadido.

Los representantes del Ministerio Público regresaron al lugar con la intención de realizar una verificación in situ pero los campesinos impidieron que accedan al predio, por lo que solicitaron que acerquen los títulos de propiedad o documentos que pudieran servir para acreditar su titularidad, a modo de adjuntarlos a la carpeta fiscal y analizar los papeles. Esto en el marco de la Fase 2.

En vista de que los labriegos no presentaron documentación alguna durante el plazo establecido, se dio inicio a la Fase 3 que se refiere al allanamiento en sí, que debía ejecutarse el 17 de marzo de este año, pero como coincidía con la marcha de la Federación Nacional Campesina fue postergada hasta el 15 de septiembre; fecha en que los fiscales acudieron al predio junto con agentes de la Policía Nacional.

Inmediatamente, la comitiva ingresó a la zona en compañía de los representantes de los campesinos, identificados como Gustavo Bernal y Carlile Britez. En el lugar también se encontraba el intendente del distrito de Tembiaporâ Sotero Cáceres Fernández, acompañado por el concejal Hugo F. Valdez, los sacerdotes Ignacio Espínola y Felipe Osorio.

Se encontraron 57 viviendas precarias, las cuales no estaban habitadas, y no se encontró a ninguna persona en el interior de los inmuebles en cuestión. A raíz de la situación y la existencia de un peligro inminente de que las personas que se encontraban frente de la propiedad en la vía pública ingresen nuevamente al inmueble, se solicitó al Jefe de Servicio General Comisario General Luis Cantero la permanencia de una dotación suficiente de efectivos policiales en el lugar como trabajo preventivo y la restauración del orden en la zona.

Con el primer equipo de Ondas de Choque Radial en el Hospital de Trauma, se introduce una innovadora terapia en Salud Pública para combatir dolores articulares con un tratamiento no invasivo que produce alteraciones en la permeabilidad celular, generando un efecto analgésico y metabólico.

Las ondas acústicas generadas por esta terapia activan efectos biológicos que conducen a la curación más rápida y regeneración de los tejidos a largo plazo cuando están lesionados, logrando así disminuir la inflamación y, por consiguiente, el dolor articular, informó el Ministerio de Salud.

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Este tratamiento ayuda a acelerar el alivio del dolor y restablecer la movilidad de la zona afectada con altos niveles de éxito, sin el uso de medicamentos ni sedación y sin efectos secundarios.

La terapia de ondas de choque cubre una amplia gama de indicaciones: bursitis de hombro, codo, cadera y rodillas, epicondilitis lateral y medial, diversas tendinitis (bicipital, rotuliana, aquiliana, entre otras), fascitis plantar y espolones calcáneos. Cada sesión dura entre 20 y 30 minutos, y se necesitan entre 4 y 5 sesiones, una vez por semana, para lograr el porcentaje del éxito esperado.

En promedio, 2.900 pacientes son atendidos al mes en el servicio de Medicina Física y Rehabilitación.

De acuerdo al protocolo de atención, el paciente puede acercarse con cualquier orden proveniente de servicios dependientes del Ministerio de Salud, no solamente del hospital de Trauma.

Al paciente que se acerca con su orden de onda de choque se le requerirá evaluación del kinesiólogo certificado. Todos los pacientes indicados deberán estar munidos de sus estudios por imágenes, como ecografía de partes blandas.

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El agente fiscal Jorge Escobar, de la Unidad Zonal de Luque, interviene en el Anticipo Jurisdiccional de Prueba de pericia en obras, para determinar el sistema de seguridad civil y vial del tránsito. Es en el marco de la investigación por la muerte de Sara Nilde Benítez (48) y Nilda Luján Barrios Benítez (21), quienes fueron arrastradas el miércoles por el caudaloso raudal al cauce hídrico en cercanías del club Balderrama.

Participaron de la diligencia, la perito Olga Fleitas del Laboratorio Forense del Ministerio Público y la defensora pública en lo Penal de Luque, Zulma Sánchez. La profesional perito deberá establecer como puntos de pericia: la verificación de las obras o construcciones técnicas y si las mismas poseían las caracteristicas de seguridad para el tránsito de peatones y vehículos.

El fiscal Romero solicitó como urgente este procedimiento teniendo en cuenta que la zona es de alto tráfico de vehículos y personas, y se debe precautelar la escena para que no sea modificada, ocultada o destruida.

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El juez laboral Rubén Darío López hizo lugar al amparo de la abogada Alejandra Peralta Merlo y ordenó a la senadora Norma Aquino, conocida como Yamy Nal, que la desbloquee en la red social “X”, permitiendo” el acceso inmediato a la información de índole pública que transmita en la misma”.

Además de realizar dicho desbloqueo, la congresista se debe hacer cargo de las costas del juicio, de acuerdo con el fallo del magistrado.

Según el fallo, la lesión se configura por el hecho mismo de la privación de la libertad a la libre expresión, de pensamiento y de opinión, y el de difundir información. Con el bloqueo la demandada restringe la toma de conocimiento de las actuaciones realizadas como autoridad pública en su gestión, también pública, como así también la posibilidad de formarse una opinión libre de prejuicios o errores, de trascendental importancia para la futura elección de sus representantes, de acuerdo con la apreciación del juez.