Las personas que acceden a la jubilación proporcional, con 65 años de edad y 15 años de aporte, cobran mensualmente el haber mínimo jubilatorio que hoy es del 75 % del salario mínimo, es decir, G. 1.700.000.

Esto, debido a los dos últimos incrementos del porcentaje: el primero en enero del 2020, cuando del 33 % pasó al 50 % y el segundo, en febrero del 2021, cuando del 50 % se elevó al 75 %.

Sin embargo, una revisión actuarial elaborada por la administración del IPS, advierte de la amenaza de los fondos de jubilaciones con el pago del 75 % como haber mínimo, ya que la financiación es absorbida mediante un subsidio de los aportantes actuales y no es proporcional a los aportes de los que hoy cobran esa jubilación.

Debido a esto, el Consejo de Administración del IPS, deberá decidir si acepta o no la propuesta de volver a aplicar la ley 4426/11, en la que se establece como haber mínimo jubilatorio el 33 % del salario mínimo legal. De aprobarse, se aplicaría a nuevos jubilados y no a los que ya están cobrando el 75 % del mínimo.

Así lo explicó a Gen la directora de Jubilaciones del IPS, Lourdes Lobo, quien como ejemplo citó el caso de un hombre de 80 años de edad y 17 años de aporte, quien solicitó la jubilación

“Actualizados sus valores le correspondía 40.000 de jubilación, pero en virtud de la resolución vigente, lleva el 75 % del salario mínimo (G. 1.700.000)”, comentó la directora.

El informe del cálculo actuarial (la proyección del fondo de jubilaciones) del IPS, que será socializado en noviembre, ya identifica el impacto que arroja el 75 % del haber mínimo.

“Toda erogación que no tiene un financiamiento puede afectar, es como ir comiéndose una parte de los ahorros, porque corresponde a todos los que estamos aportando ahora”, comentó la directora.

Indicó que este 75 % no se encuentra en correspondencia con el aporte realizado por los hoy beneficiados, quienes son subsidiados por los cotizantes activos. Consideró que esta financiación en todo caso debería provenir del sector no contributivo.

La iniciativa contaba con media sanción en la Cámara Baja, pero en sesión extraordinaria de la Cámara Alta fue rechaza, teniendo en cuenta el dictamen de la Comisión de Legislación, que sugirió el rechazo.

Tiene por objeto establecer la normativa aplicable a la tenencia de perros potencialmente peligrosos, para hacerla compatible con la seguridad de personas, bienes y de otros animales. Para la senadora Celeste Amarilla, se trata de una cuestión que se debe regular con instrumentos jurídicos menores y no con una Ley.

La iniciativa surgió tras los reiterados casos que involucraron a perros de la raza pitbull donde personas o animales terminaban dañados físicamente.

El tema fue suficientemente debatido, con audiencias públicas, consultas con profesionales e instituciones correspondientes.

Cabe recordar la vigencia de la ley N° 5.892/17, que modifica los artículos 10° y 38° de la Ley N° 4.840/13 - “De protección y bienestar animal”, que establece entre las funciones de la Dirección de Bienestar Animal, una reglamentación para la tenencia de animales peligrosos.

El fiscal Jorge Escobar, responsable de la investigación, formuló la imputación contra el agente del Grupo Lince porque carecía de registro de conducir al momento en que ocurrieron los hechos.

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La tragedia ocurrió el pasado 24 de abril cuando un vehículo Toyota, modelo Premio, en el que iban cinco personas para el egreso del curso Lince en el complejo de la Secretaría Nacional de Deportes (SND), fue arrastrado por el raudal hasta un arroyo ubicado detrás del Club Valderrama.

Madre e hija murieron en el siniestro, y tres agentes del Grupo Lince lograron salir del vehículo, uno de ellos era quien manejaba el rodado y, según los datos, solicitó su registro un día después del accidente.

“Eso se pudo contrastar con la OPACI, que es la organización que nuclea a los organismos municipales, donde se pudo constatar la misma información, por lo tanto hemos solicitado la ampliación de la imputación. Pedimos también las medidas alternativas para este efectivo policial” explicó el fiscal a la radio 780 AM.

La carencia de licencia es un delito penal tipificado en el artículo 217, que tiene dos incisos, uno de ellos habla de la exposición al peligro en el tránsito terrestre, hecho por el que el agente Lince fue imputado.

En la causa ya está imputado el intendente de Luque, Carlos Echeverría, por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo.

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Se trata de dos grupos de jinetes uruguayos que iniciaron una travesía a caballo hasta Paraguay, recreando el mismo camino que realizó el General José Gervasio Artigas al ser aceptado su pedido de exilio por parte del Dr. Rodríguez de Francia en 1820.

El proyectista del documento fue el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA-San Pedro), quien manifestó que los jinetes uruguayos realizaron un recorrido de 1.000 kilómetros a caballo hasta nuestra ciudad capital, Asunción.

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“30 jinetes y 42 caballos hicieron el mismo recorrido del padre de la patria uruguaya, militar, político y estadista, Gral. José Gervasio Artigas, quien lideró la guerra de la independencia de las provincias unidas del Río de la Plata, considerado jefe de los orientales y protector de los pueblos libres”, expresó.

El legislador agregó que este reconocimiento lleva el nombre de “Padres de la Patria”, un premio para instituciones, organizaciones públicas o privadas cuya labor, aporte, servicios y logros redunden en beneficio del país.

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Remarcó que los jinetes son portadores de mensajes de paz, hermandad, fraternidad y solidaridad de los niños escolares del Uruguay a los niños de la Escuela Uruguaya en Asunción.