En conversación con la 970 AM, el intendente Esteban González comentó que la zona de Río Verde “es un lugar sin control, no existe cuerpo policial alguno, es una colonia que trabaja y que sufrió este duro golpe que afecta a todo el país”. Agregó que dicha colonia está integrada por menonitas que dan trabajo a muchos jóvenes de la comunidad.

El jefe comunal indicó que esta es la primera vez que en esa zona ocurre un hecho similar, y que misma situación sucede con Santa Rosa del Aguaray. No obstante, recordó el asesinato de tres policías en colonia Yaguareté Forest y de dos agentes en zona de Pacola, atentados vinculados al EPP, ocurridos en julio del 2015.

En otro momento, González confirmó que el único puesto de control está en una comunidad llamada San Miguel del Norte, a 10 kilómetros de Santa Rosa del Aguaray. “Hacia donde ocurrió el secuestro, no hay ningún puesto de control y esas son las zonas más desprotegidas”, puntualizó.

Franz Wiebe Boschman (17), hijo de Abrahán Wiebe y Katharina Boschman, fue secuestrado alrededor de las 17:00. Se presume que el adolescente menonita no era el verdadero objetivo del grupo, sino una persona de nombre Cornelio Peters. Los delincuentes exigen 700.000 dólares por la liberación de la víctima.

Un niño de 12 años salvó a su madre de ser víctima de feminicidio. El supuesto autor es pareja de la misma, quien fue encontrado muerto horas después.

Según el informe policial, Walter Aranda Cañete (46) intentó matar a su pareja Hermelinda Domínguez de Aranda (38) durante una discusión que mantuvieron previamente. El hombre la tenía acorralada contra la pared con un cuchillo a la altura de la garganta, sin embargo, el niño vio lo que estaba sucediendo y se interpuso entre ambos logrando salvar a su mamá.

Ese momento fue aprovechado por la mujer y su hijo que lograron escapar refugiándose en la vivienda de una vecina y escondiéndose debajo de la cama. Walter los siguió, pero por su estado etílico no pudo alcanzarlos. Luego fue hallado colgado de un árbol ya sin signos de vida. La causa de muerte fue diagnosticada como asfixia por ahorcamiento.

Asimismo, según el sistema de la Policía Nacional tanto el hombre como la mujer cuentan con antecedentes por simulación del hecho punible, denuncia falsa, usurpación de identidad, entre otros, por lo que tenían prisión domiciliaria. El caso fue comunicado al Ministerio Público para el procedimiento correspondiente.

Alrededor de las 22:30 de ayer lunes, dos hombres en una motocicleta llegaron a 18 Proyectadas entre Independencia y Nuestra Señora de la Asunción, barrio Obrero de Asunción, donde efectuaron varios disparos contra una vivienda.

El domicilio con portón de chapa pertenece al concejal René Gabriel Calonga Acevedo, de 44 años, quien no se encontraba allí al momento del atentado, pero rápidamente recibió el aviso de sus vecinos.

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La denuncia fue formulada ante la Comisaría 4ta de Asunción, cuyos efectivos labraron acta de lo acontecido y, entre las primeras medidas, revisaron las imágenes captadas por las cámaras de la cuadra.

Los videos muestran con claridad que son dos desconocidos en moto los que se detienen frente a la casa del concejal y realizan los disparos. El portón quedó con los rastros dejados por los proyectiles.

De momento no se maneja ninguna hipótesis al respecto, pero el Departamento de Investigación de la Policía ya está a cargo de la pesquisa.

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Lemir señaló que existe una sola morgue y un solo laboratorio, que están asentados en Asunción, lo cual implica que esa centralización afecte sensiblemente el trabajo que realizan en las unidades no capitalinas.

La crítica saltó al tapete tras el caso de la escribana que mató a sus dos hijos y luego se suicidó. Los cuerpos rescatados de la mujer y una de las criaturas, tuvieron que ser derivados a la capital, porque en las fiscalías altoparanaenses no había infraestructuras ni insumos para realizar los trabajos correspondientes.

La queja socializada del doctor Alfaro, a través de los medios de comunicación, desató la molestia del Fiscal General, Emiliano Rolón, quien emitió un comunicado fustigando al médico, por ventilar las miserias de la estructura forense del interior del país.

“Ningún funcionario puede lanzar comunicados afectando a la institución y menos denostar la labor de sus compañeros fiscales. Las denuncias responsables son las vías, en este caso la Inspectoría General”, dice una parte del pronunciamiento de Rolón.

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En otro párrafo sostiene que las críticas del médico “son desatinadas”, al tiempo que le conmina al mismo a que, si está descontento en su sitio de trabajo, busque otra alternativa laboral en el sector privado.

Ese tipo de pronunciamientos, “afectan a la institución”, acotó el jefe del Ministerio Público.

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