También se repitieron una vez más las imágenes de la tragedia, con numerosos cuerpos ensangrentados esparcidos en la parte central de la mezquita, algunos de ellos con miembros amputados, mientras se escuchan gritos y algunos fieles tratan de socorrer a los heridos.

El atentado tuvo lugar a primera hora de la tarde en la mezquita Imam-Bargah, el mayor templo de la minoría chií en la ciudad meridional de Kandahar, donde cientos de fieles se congregaban por las oraciones del viernes, aseguraron a Efe residentes de la zona.

“Hasta ahora hemos confirmado 40 muertos y unos 75 heridos, pero el número real es mayor, ya que algunos familiares trasladaron a las víctimas a sus casas y éstas aún no se han contabilizado”, afirmó a Efe un diputado en el Parlamento por Kandahar, Muqtada Miran.

Miran, que participó en las labores de rescate, explicó que en el hospital provincial de Kandahar y en otros privados “los médicos estaban haciendo todo lo posible para salvar las vidas” de los heridos, mientras cientos de personas hacían cola para donar sangre.

En el ataque participaron “tres terroristas suicidas con explosivos”, reveló, y mientras uno de ellos abrió fuego y murió en el tiroteo con los guardias de seguridad, los otros dos entraron en la mezquita y se inmolaron en el pasillo y en la zona de rezos.

El diputado recordó que hasta la victoria de los talibanes el templo contaba con fuertes medidas de seguridad, pero después los islamistas les “confiscaron la mayoría de las armas”, por lo que ahora “solo unas pocas personas se encargaban de la seguridad de la mezquita, algo insuficiente para detener un ataque como este”.

Por ahora ningún grupo ha reivindicado el atentado. Un portavoz del Ministerio del Interior, Qari Saeed Khosty, explicó a Efe que “fuerzas especiales del Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes) llegaron a la zona” para tratar de aclarar la naturaleza del ataque y de buscar pistas que les guíen hasta los culpables.

LA AMENAZA DEL YIHADISMO

Este atentado se produce justo una semana después de que un atentado suicida contra una mezquita de la minoría chií en la ciudad de Kunduz, en el norte de Afganistán, dejara al menos 80 muertos y más de un centenar de heridos.

Ese ataque suicida, reivindicado por la organización yihadista Estado Islámico, sembró el terror entre una minoría chií afgana que se siente más desprotegida que nunca desde la toma del poder de los talibanes el pasado 15 de agosto.

Al igual que la semana pasada, la misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) lamentó que los actos de “terrorismo continúan (tras) un ataque suicida en la mezquita chií más grande de Kandahar durante las oraciones del viernes”.

“La ONU condena esta última atrocidad dirigida contra una institución religiosa y sus fieles. Los responsables deben rendir cuentas”, aseguró en Twitter la UNAMA.

Asimismo, la organización pro derechos humanos Amnistía Internacional subrayó que se trata de “otro ejemplo del aumento de los ataques contra civiles en Afganistán en las últimas semanas. Las autoridades deben garantizar que los civiles estén protegidos”.

El principal portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, empleó la misma red social para trasladar las “condolencias (del Emirato Islámico) a las familias de las víctimas” y condenar “la cobarde explosión contra compatriotas civiles”, algo que “considera un gran crimen” que las fuerzas de seguridad deben esclarecer pronto.

Los talibanes lanzaron precisamente hace unas semanas una operación especial contra el EI en varias provincias del país, sobre todo en Kabul y en su bastión en la región oriental de Nangarhar, para acabar con el que se ha convertido en la principal amenaza del nuevo Gobierno islamista.

El EI ya había perpetrado numerosos ataques en los últimos años contra los “apóstatas” chiíes, en especial contra los hazara, aunque en el caso de hoy algunas de las víctimas también pertenecían a la etnia pastún, mayoritaria en el país y la propia de los talibanes.

El grupo yihadista ha multiplicado sus ataques en Afganistán desde la retirada final de las tropas de Estados Unidos de Afganistán poco antes de la medianoche del pasado 31 de agosto, aunque el mayor de ellos ocurrió el pasado 26 de agosto contra el aeropuerto de Kabul, que causó unos 170 muertos.

Fuente: AFP

Las tropas rusas han logrado varios avances en la región de Donetsk la última semana, lo que ha generado incluso críticas de los blogueros militares ucranianos, que no suelen enjuiciar a las fuerzas armadas de su país.

“Gracias a las operaciones activas, unidades del grupo de fuerzas central han liberado la aldea de Novobajmutivka”, indicó el Ministerio de Defensa ruso.

Esta posición está situada a cerca de 10 kilómetros al norte de la ciudad de Avdiivka, que las fuerzas rusas tomaron en febrero tras una de las batallas más rudas desde que empezó el conflicto en febrero de 2022.

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Este avance colocó en dificultades al ejército ucraniano, que enfrenta esta ofensiva con una escasez de hombres y de municiones.

El jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Oleksandr Syrsky, afirmó a mediados de mes que la situación en el frente oriental “empeoró considerablemente” y reconoció que Rusia ha obtenido algunos “éxitos tácticos”.

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El director de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano, Kirilo Budánov, advirtió este mes que la situación en el frente iba a empeorar hacia mediados de mayo y junio.

Kiev espera que la aprobación en el Congreso de Estados Unidos de un nuevo paquete de ayuda militar por miles de millones de dólares le permita estabilizar la situación en las extensas líneas del frente.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará a partir de la cero hora del lunes un paro de 72 horas en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La medida, dijo el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, paralizará las exportaciones de agroalimentos y controles sanitarios en todo el territorio argentino.

“Este paro seguramente acarreará pérdidas multimillonarias para nuestro país y el Gobierno es el único responsable. Si se aprueba la Ley Bases, el Estado será destrozado”, dijo Aguiar.

La medida se produce en la etapa inicial del período de mayor liquidación de agroexportaciones e ingreso de divisas a la Argentina, pues implica la paralización de controles en puertos, aeropuertos y aduanas.

Al cese de la fiscalización de las barreras zoofitosanitarias, que impide la salida de productos, se sumará la movilización del sindicato el martes 30 de abril al Congreso de la Nación, fecha en que se estima que la Cámara de Diputados continuará tratando el proyecto oficial en una maratónica sesión que se iniciará el lunes.

Proyecto con dictamen

El tratamiento de la versión reducida del original proyecto de “Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” es el resultado del dictamen de mayoría firmado el jueves en la Cámara baja.

Según ATE, la pieza legislativa propicia “una dura reforma del Estado que deteriorará notablemente el funcionamiento de organismos estatales, incluido el Senasa. Por eso, dice el sindicato, “el 30 de abril ATE se movilizará frente al Congreso en una nueva Jornada Nacional de Lucha en el marco del Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, fecha en la que se estará tratando el proyecto en el recinto parlamentario”.

“El único lenguaje que entiende el Gobierno es el de los números, y por eso decidimos paralizar todas las exportaciones. Se van a suspender todos los controles en las aduanas, puertos y aeropuertos, y se van a levantar todas las barreras de control zoofitosanitarias en el país”, dijo Aguiar.

Según el dirigente sindical, “si se aprueba esta ley, el presidente Milei tendrá facultades para reestructurar cualquier dependencia pública, incluso achicar, fusionar y hasta disolver cualquier organismo”.

Respecto al caso del Senasa, agregó: “pretenden dejar sobre la órbita del Senasa solamente la certificación de las importaciones, porque es lo único que le interesa al Gobierno para obtener divisas. El resto de las funciones se la van a delegar empresas privadas o incluso a los estados provinciales. También quieren que los controles de pasos fronterizos terrestres pasen a Gendarmería, y en los aeropuertos internacionales a la Aduana”.

En busca de una excepción

El objetivo de la medida, dijo Aguiar, es que el gobierno exceptúe al Senasa de los organismos alcanzados por la ley. En un comunicado, ATE subrayó la importancia de “contar con un servicio de control de calidad y sanidad fuerte y eficiente, especialmente ante una política de apertura de importaciones tan marcada como la del Gobierno nacional”.

El Senasa tiene a su cargo la fiscalización de producción agroalimentaria y está habilitado al respecto por la Organización Mundial del Comercio (OMC) que el organismo de control de la normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países.

Según ATE, “sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo”.

Como ejemplo, apuntó: “si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el estatus sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de productos con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación.

El sindicato también aseguró que “se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más”, como el caso de Japón.

Según ATE, “no hay ningún motivo para aplicar un recorte en este sector, ya que el mismo se autofinancia, e incluso le aporta al Estado argentino decenas de miles de millones de pesos anuales”.

La institución indicó en la red social X haber “logrado que 14 pandilleros de la MS (Mara Salvatrucha), que operaban en diferentes sectores de Santa Tecla y La Libertad, sean condenados a penas de hasta 120 años de cárcel”.

Los pandilleros fueron encontrados culpables del homicidio de 14 personas entre 2017 y 2019.

“Estos criminales privaban de libertad a las víctimas, les quitaban la vida y las enterraban en cementerios clandestinos. Entre las víctimas hay un policía”, señaló el comunicado.

Precisó que cuatro de los acusados recibieron las condenas mayores, a 52, 64, 112 y 120 años de prisión, por los delitos de homicidio y agrupaciones ilícitas.

El presidente Nayib Bukele mantiene desde marzo de 2022 una “guerra” contra las pandillas amparado por un polémico régimen de excepción tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.

Desde entonces, las autoridades han arrestado a 79.800 presuntos pandilleros, de los cuales 7.600 han sido liberados, indicó en una reciente entrevista con AFP el ministro de Justicia y Seguridad Gustavo Villatoro.

La cruzada contra las pandillas devolvió una aparente tranquilidad a las calles del país centroamericano, pero es criticada por organismos de derechos humanos debido a que el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial.