La SET indicó a través de un comunicado que desde este viernes comenzaron los trabajos de actualización tecnológica del Sistema de Gestión Marangatu, que fue adjudicado al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

La institución detalló que expertos nacionales e internacionales tendrán a su cargo el análisis profundo de toda la arquitectura integral del Marangatu en sus diversos componentes. En tanto que una firma local realizará la ampliación y adecuación del Data Center que permitirá disponer de mayor espacio para el crecimiento de operaciones.

Cada vez más este sistema informático es utilizado por los contribuyentes. Solo en el mes de mayo se realizaron 1.700.000 de transacciones frente a las 755.000 del año anterior, lo que representa un aumento de más del 120%. Entre las transacciones de mayor demanda podemos citar Certificado de Cumplimiento Tributario, presentación de Declaraciones Juradas, pagos, actualización de datos, emisión de comprobantes virtuales y, en general todos los trámites realizados a través del Sistema.

“Este ambicioso proyecto de modernización busca convertir a la SET en una de las administraciones tributarias más eficientes e innovadoras del continente, para lo cual se requiere una importante actualización de la arquitectura tecnológica e incorporar otras nuevas funcionalidades”, reza en una parte del escrito divulgado por el ente.

Durante esta jornada, un grupo de contadores independientes se manifestó contra la viceministra de Tributación, Marta González, y el sistema Marangatú, al cual los manifestantes denominaron “Morondanga”. Según alegan, el ente estatal entorpece el sistema tributario.

Una de las presentes, Lilian Sánchez detalló que reclaman la mala gestión de la viceministra. “Desde que la señora asumió prácticamente estuvo implementando nuevas resoluciones, cargando el sistema, lo que hace que se sature y que sea lento el funcionamiento. Esto conlleva a que los contadores trabajemos desde las 12 y la 1 de la madrugada, porque en esas horas el sistema permite trabajar”, añadió.

Sánchez negó que dejen sus trabajos “a última hora” y explicó que los vencimientos van del 7 al 25 de cada mes.

Contó que entre las barreras con las que se topan figura la dificultad para inscribir las sociedades de personas físicas que quieren dar apertura de su negocio. “Antes lo hacíamos directamente en la oficina y en medio día ya estaba todo. Hoy se esperan 30 días para abrir una sociedad. Si por A o B motivo uno no se presenta a la llamada que ellos hicieron, se clausura y hay que volver a esperar otros 30 días y eso genera multa”.

Una mujer que se encuentra desaparecida desde hace ocho días, genera gran preocupación entre sus familiares. Se trata de Alberta Galeano Medina, de 48 años, pobladora del asentamiento Núcleo 3 de la ciudad de Arroyito, departamento de Concepción, quien fue vista por última vez el sábado, 20 de abril, por la noche.

En ese sentido, sus parientes solicitan la colaboración de la ciudadanía para ayudar a localizarla. Cualquier información sobre su paradero es crucial.

En caso de contar con información sobre el paradero de la misma, favor comunicar a la comisaría más cercana o al número (0983) 893-855, el cual pertenece a su hija Mariela.

Durante la última sesión del jueves pasado, el Consejo de Administración del IPS aprobó la resolución, según la cual, se dejó sin efecto aquel aumento del haber mínimo jubilatorio al 75 %, con lo cual, el monto mínimo con el que una persona puede jubilarse pasa a ser el 50 % del salario mínimo legal, pese a que su aporte sea inferior.

Víctor Insfrán, consejero y representante de los trabajadores, explicó que la decisión tomada el jueves atañe a los a nuevos jubilados en condiciones especiales, es decir, los que se aportan por debajo del mínimo, pero aun así cobrarán la mitad del salario mínimo.

“Aquellas personas que tengan un aporte inferior al 50 % del salario mínimo, que su promedio dé una suma inferior, igual van a tener el 50 % del salario mínimo”, explicó Insfrán, en una entrevista con la emisora 1020 AM.

Durante la administración anterior, el haber mínimo fue incrementado dos veces, del 25 al 50 % y del 50 al 75 %. Sin embargo, estas decisiones, según el actual consejo, carecían de sustento financiero y pecaron de irresponsables y populistas.

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Insfrán aludió directamente a Andrés Gubetich y a Pedro Halley, quienes, posteriormente lanzaron sus candidaturas políticas, con esta decisión previa.

El 50 % del actual salario mínimo es de G. 1.340.186 guaraníes. Este es el monto que recibirán los próximos nuevos jubilados con el haber mínimo.

La disposición no afecta a quienes ya se jubilaron con el 75 % del mínimo, equivalente a G. 1.716.000, pues, las leyes no son retroactivas. Cualquier medida tomada se aplica a futuro, no afecta a los que ya tienen un derecho adquirido.

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En la fecha, la jueza Rossana Frutos revocó el fallo de su colega Gloria Machuca, quien había hecho lugar a la denuncia por violencia contra la mujer interpuesta por Gisele Zuni Mousques contra el empresario Christian Chena y el programa RDN (Resumen de Noticias).

En entrevista con el canal GEN, la abogada Margarita Heralesky, representante de la denunciante Gisele Mousques, lamentó la decisión de la magistrada Frutos. Explicó que su clienta presentó una denuncia por violencia contra la mujer y solicitó medidas de protección. El pedido hecho, y concedido por la primera jueza, fue que Chena no realice calificaciones denigrantes y atentatorias contra su dignidad.

La defensa del denunciado apeló la decisión de la Jueza de Paz, y el expediente pasó al Juzgado de Primera instancia, donde ahora la magistrada Frutos hizo lugar a la apelación.

Ante este revés, la abogada Heralesky adelantó que presentará una acción de inconstitucionalidad en contra del fallo.

La letrada aclaró que en ningún momento se buscó censurar a la prensa, sino más bien proteger la dignidad de la denunciante.

#SDN ☀ | Revocan fallo en caso violencia contra Gisele Mosques.

☝️ En contacto con la abogada Margarita Heralesky.

🛜 https://t.co/fYMaekk5tL

🎙️@CarmiMasi | @EduAguilera_ | @angelicagesama pic.twitter.com/qeJNSm78Yl

— GEN (@SomosGEN) April 29, 2024

MÁS DEL CASO

Mousques había formulado una denuncia contra Christian Chena por el hecho punible de Violencia Contra la Mujer, ante lo cual la jueza Gloria Machuca dispuso una medida de protección para que el empresario no pueda realizar publicaciones o referirse a la mujer a través de sus redes sociales, medios digitales y otros similares que sean de su propiedad, ya sea de manera directa o indirecta.

En el relatorio de hechos que obra en el expediente judicial, Mousques señala haber sido víctima de ataques infundados por parte del propietario del medio RDN (Resumen de Noticias), quien habría utilizado sus redes sociales para dañar su imagen.

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Según la denunciante, viene siendo víctima sistemática de amedrentamientos por parte de Chena, esto luego de haber salido victoriosa en un juicio laboral que data del tiempo en el que la misma trabajaba en el canal RPC (actual El Trece), cuyo propietario en su momento fue Chena.

En el documento se acusa a Chena de “proporcionar información falsa y denigrante” contra Mousques a través de “titulares tendenciosos”. De igual manera, se lo acusa de haber incumplido y desacatado las medidas de protección que habían sido dispuestas previamente por el juzgado.

Asimismo, Mousques alega haber sufrido hostigamientos a través de las redes sociales mediante perfiles falsos que realizaron comentarios denigrantes hacia su persona, en respuesta a un tweet realizado por Chena en su cuenta de Twitter. Además, dijo verse afectada “por el odio social que se instiga a la violencia con sus titulares tendenciosos y la información falsa que proporcionan a la opinión pública”.

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Mousques cuestionó el actuar de Christian Chena al “refritar” publicaciones periodísticas que datan de hace varios años y en los que la misma dijo sentirse agraviada, lo cual a su vez motivó el comentario negativo de varios de sus seguidores en la mencionada red social.

La denunciante sostiene haber sido violentada en su salud física y psicológica debido a estos ataques, al punto de tener que recibir tratamiento psicológico por parte de profesionales. Por ello, recurrió a la justicia para solicitar la aplicación de medidas de protección que actualmente siguen vigentes por disposición judicial.