Para el ensayo se utiliza una pintura termoplástica que presenta mayor viscosidad que la convencional y es aplicada a una máquina alemana que se coloca en el asfalto y emite un sonido cuando los automóviles se aproximan demasiado al borde.

Esta herramienta apunta a mejorar la seguridad vial pues alerta al usuario cuando está cerca de salir de la pista. La misma tecnología se emplea en varios países de Europa y también en Sudamérica (Argentina, Brasil, Uruguay).

El equipo se ubica en el tramo que abarca la Confederación Sudamericana de Fútbol y el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

Además de esta señalización, el MOPC ejecuta un plan en varios puntos del país, totalizando 2.000 Km de ruta asfaltada.

De acuerdo al resumen de obras viales en ejecución de este año, se ejecutan 3 contratos de señalización horizontal y 3 de señalización vertical, con una inversión de 20 millones de dólares.

Agentes policiales lograron recuperar un vehículo robado y capturaron a un joven que habría intentado aprovecharse de la situación y cobrar una recompensa por brindar los datos para la localización. Se trata de un automóvil Toyota, modelo Caldina, chapa CDB 333, perteneciente a Óscar Salinas Ayala (46), quien hizo su denuncia en la Subcomisaria 12°.

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El informe policial refiere que el rodado fue hallado abandonado en un terreno baldío, a orillas del Río Monday. Salinas Ayala indicó que un tal Cristian Irepa, de 29 años, lo contactó a través de redes sociales queriendo cobrar la recompensa por facilitar la ubicación de su vehículo.

Sin embargo, varios vecinos manifestaron a los intervinientes que el vehículo fue abandonado en el lugar en horas de la mañana justamente por Irepa, por lo que se procedió a su aprehensión.

El caso fue comunicado al agente fiscal Édgar Benítez Delgado, quien dispuso que el automóvil y el aprehendido fueran trasladados a la Subcomisaria 12°.

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El esquema de filtraciones de datos sensibles desde la Senad, revelado en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak a Miguel Insfrán (alias “Tío Rico”), constituye posiblemente el hecho de corrupción institucional más grave conocido durante la era democrática, por implicar participación directa de un organismo del Estado en esquemas criminales.

“Lo que hace la acusación del fiscal Pak es describir lo que nosotros decíamos, pero como cuando entonces éramos minoría, oposición, los leprosos cartistas; los medios y aliados de Marito no decían nada”, opinó el senador Gustavo Leite, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

Lo que hasta entonces era un secreto a voces pasó a ser un hecho comprobado: el nexo entablado entre el narcotráfico y el poder político durante el gobierno de Mario Abdo Benítez. En ese período, el organismo antidroga fue puesto al servicio del “clan Insfrán” - asociado a la organización liderada por el uruguayo Sebastián Marset- y el resultado fue el aumento exponencial de la actividad criminal con importantes envíos de drogas al extranjero, a escalas nunca vistas. Cargamentos de toneladas de sustancias ilícitas cayeron en el exterior, dejando al descubierto el nulo control aplicado en nuestro territorio durante la administración anterior.

En la acusación presentada por la Fiscalía, se expone que el origen del mayor operativo de tráfico de drogas en Paraguay se remonta al inicio del gobierno de Abdo Benítez, en el año 2018, cuando Sebastián Marset se instaló en el país. Posteriormente, durante los años 2020 y 2021, junto con “Tío Rico”, fortaleció sus operaciones, consolidando una red criminal dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de activos.

Ni bien asumió el presidente Mario Abdo Benítez, en agosto del 2018, uno de sus primeros nombramientos fue el de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, a quien respaldó públicamente. Como una de sus medidas más relevantes, Giuzzio llamativamente retiró a los agentes de la Senad que ejercían labores de control en los puertos y aeropuertos.

No fue coincidencia que a partir de entonces comenzaron a caer en puertos europeos grandes cargamentos de droga escondidos en productos despachados desde el Paraguay. En total, durante el gobierno anterior, fueron decomisadas más de 40 toneladas de cocaína paraguaya en el viejo continente. Esto es solo lo incautado, que ronda entre 5 a 10% de la exportación en ese periodo, es decir, en total se estima que el narcotráfico habría concretado un envío exitoso de entre 200 a 400 toneladas, que equivalen a 6.000 y 12.000 millones de dólares.

“De que, durante el Gobierno de Marito, la Senad, en lugar de perseguir a los narcos fue funcional, amiga y filtradora de información clasificada a los narcos, fue y está claramente expresado en la acusación del fiscal Pak”, denunció el senador.

A criterio del legislador de la ANR, quienes estuvieron muy cerca del Gobierno anterior, hoy están preocupados por lo que se viene.

Las toneladas de droga que ingresaron al país, provenientes principalmente de Colombia y Bolivia, para luego ser enviadas a Europa y África, supusieron un mínimo de 500 vuelos -o hasta el doble- que supuestamente nunca fueron detectados por la administración anterior. En cinco años, se montó una gigantesca logística que convirtió a Paraguay en un “hub” de acopio y distribución mundial de cocaína, impensable sin la complacencia de las autoridades.

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En la acusación del fiscal Deny Pak se comprueba el control e influencias decisivas que ejercía la organización narco criminal de Tío Rico y Marset en la Senad que tenía por función combatirla, lo que a su vez es prueba contundente de que ese control no pudo haber sido consecuencia de una simple relación bilateral entre dos personas -el topo y el líder narco-, sino que necesariamente debió tratarse de un esquema multilateral, que involucró a las más altas esferas del poder político de la época.

En el periodo anterior se crearon varias direcciones y dependencias dentro de la Senad, cuya existencia no tenía soporte técnico ni jurídico. Entre las mismas se encuentra la Dirección de Inteligencia Técnica (DIT), desde la cual se compartía información con Tío Rico, esto según la propia Fiscalía.

Arnaldo Giuzzio, “hombre fuerte de Mario Abdo”, fue la pieza clave para el eficaz funcionamiento del esquema. La institución a su cargo (la Senad), que siguió manejándola luego desde el Ministerio del Interior, se encargaba de pasar “información sensible” a Insfrán y coordinar la liberación del terreno para operar con total impunidad.

Su implicancia con el mundo narco quedó aún más al descubierto cuando se reveló su nexo con Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, vinculado al tráfico de droga y lavado de activos, con quien estuvo a punto de establecer contratos durante su paso por el Ministerio del Interior e, incluso, el sindicado narco le prestó una camioneta para que el exministro fuera de vacaciones al Brasil con su familia. Este escándalo significó su salida del ministerio, pero de igual manera siguió “asesorando” a Mario Abdo en palacio de gobierno hasta el término de su mandato. Paradójicamente, Giuzzio enfrenta un proceso solo por presunta coima recibida de Marcus Vinicius.

Las transcripciones contenidas en la acusación del fiscal Pak son la confirmación, documentada, del nexo entre la mafia y el poder político, que convirtió a nuestro país en centro de acopio y distribución mundial de droga. “Tío Rico” y Marset, de un lado, Giuzzio y Abdo del otro, emergen como responsables de un esquema cuyo costo para el país es difícil de dimensionar, pero con certeza es muy elevado.

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Cerca de las 17:30 hs de este lunes se registró un asalto a mano armada en una vivienda ubicada en la Compañía Isla Alta del distrito de General Artigas, Itapúa.

Resultó víctima de este hecho Lisandro Villalba Gaona, de 90 años, quien se encontraba en compañía de sus hijos cuando fue visitado por una banda de delincuentes.

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Cuatro hombres armados llegaron al sitio a bordo de dos motocicletas. En un primer momento, preguntaron cuál era la casa de una familia de apellido Gaona.

Segundos después, los visitantes mostraron sus verdaderas intenciones y dieron la voz de asalto, reduciendo a punta de arma de fuego al anciano y sus hijos para posteriormente ingresar al domicilio.

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Los malvivientes se alzaron con la suma de G. 2.300.000 y 12.000 pesos argentinos, además de una garrafa de 10 kilos, una motosierra y una escopeta calibre 12 mm. Así también, se llevaron la camioneta de la marca Nissan tipo Datsu perteneciente a la víctima.

Una vez cumplieron con su cometido, los criminales se dieron a la fuga a bordo de las motocicletas en las que habían llegado y también de la camioneta que acababan de robar de la casa.