Los trabajos de mensura judicial del terreno, de unas 25.000 hectáreas de extensión pertenecientes al territorio ayoreo, se iniciaron en junio y buscan establecer los límites que separan la comunidad Cuyabia de las tierras de las empresas colindantes, en su mayoría de capital alemán y brasileño.

Sin embargo, la mensura judicial fue suspendida debido a la falta de un juez en la ciudad de Filadelfia, jurisdicción que rige sobre Cuyabia, según las autoridades del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).

El líder de los nativos de Cuyabia, Unine Cutamorajna, expresó su descontento ante la suspensión de la mensura, y señaló que, mientras se retrasa el proceso, las máquinas topadoras de las empresas de los alrededores siguen arrasando con sus bosques.

De hecho, se estima que de las 25.000 hectáreas del territorio ayoreo de Cuyabia, un total de 6.000 fueron ya deforestadas, pese a que sobre el terreno pesa una medida cautelar que prohíbe innovar.

Cutamorajna denunció además que los propietarios de las empresas colindantes han contratado a guardias de seguridad para amedrentar a los indígenas, que llegaron a realizar disparos intimidatorios contra varios jóvenes de la comunidad.

Las deforestaciones “violentan los recursos vitales, culturales y espirituales y los derechos” de las más de 20 familias que componen la comunidad, según Iniciativa Amotocodie.

La organización recordó además que el territorio de Cuyabia es utilizado por grupos ayoreo en situación de aislamiento voluntario, que en los últimos años dejaron señales de su presencia a través de huellas y huecos en los árboles, la última de ellas registrada en Cuyabia en 2013.

La invasión de su territorio y la destrucción de sus espacios verdes pone en riesgo la supervivencia de estos grupos aislados, que constituyen el último pueblo indígena no contactado de América fuera de la Amazonía.

Las 25.000 hectáreas de Cuyabia fueron vendidas ilegalmente en 2012 por el expresidente del INDI, Rubén Quesnel, que fue condenado a seis años y medio de cárcel.

El territorio ayoreo es uno de los últimos remanentes de bosques vírgenes en el lado paraguayo del Chaco, un ecosistema único en América, compartido entre Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, amenazado en la última década por el rápido avance de la deforestación.

La población indígena paraguaya asciende a unas 120.000 personas, aproximadamente el 2 % del total, y el 76 % de ellos se encuentra en situación de pobreza extrema, según datos del INDI.

La entidad Itaipú, al ser de carácter binacional, distribuye su energía en un 50 % para cada socio propietario. Sin embargo, al ser Paraguay un país que no tiene la necesidad ni la capacidad de retirar el 100 % que le pertenece, Brasil está obligado a absorber el porcentaje restante, pagando un precio en concepto de compensación de energía, no de compra.

Dentro del acuerdo de entendimiento firmado ayer entre Brasil y Paraguay, no solamente se estableció la nueva tarifa de USD 19,28 que regirá por tres años, también otros aspectos de interés para ambos, entre ellos, la habilitación a nuestro país para vender su excedente.

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“A partir de ahora ya podemos, en breve vamos a comenzar a ofertar la energía de Acaray, se puede ofertar al mercado eléctrico brasileño”, explicó el ingeniero Félix Sosa, presidente de la ANDE, durante su visita al canal Gen-Nación Media.

Por ahora, la exclusividad la mantendrá Brasil, pero respecto a la posibilidad de ventas a otros países de la región, Sosa indicó que estas ventanas pueden abrirse durante la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú.

Durante esas negociaciones se verá la necesidad, si amerita o no, de modificar el tratado para dar luz verde a la comercialización a otros mercados.

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La denuncia que dio pie a la intervención fiscal la hizo el titular de la administración estatal, Félix Sosa. Menciona que son más de 3.300 metros de cables especiales, cuyo costo en el mercado es de 7.300 mil millones de guaraníes (1 millón de dólares).

La manera en que se apropiaban de los cables, era a través de pedidos formales para realizar tendidos y reparaciones en la ciudad de Limpio, y otras localidades. Una auditoría interna de la Ande, sin embargo, detectó que los trabajos en cuestión no se realizaban, y “desaparecían”.

“Estos funcionarios confeccionaban formularios para justificar la utilización, luego se apropiaban y la sospecha es que esos cables tenían un destino diferente”, dijo el fiscal Silvio Corbeta, quien abrió expediente al respecto.

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El mismo sostuvo que hasta ahora no se tiene daros acerca de los que compraban los materiales robados.

“Estas ventas son realizadas en negro y es más difícil realizar una trazabilidad porque no quedan registros. No me aventuraría a decir con seguridad si es que logramos llegar, salvo que algunos de los funcionarios nos digan y deseen colaborar con el Ministerio Público”, expresó el fiscal Corbeta.

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A través de un comunicado divulgado este viernes, la UIP se hizo eco del reciente anuncio del Gobierno Nacional respecto a la fijación de una nueva tarifa de Itaipú Binacional.

Sobre el punto, el gremio de empresarios e industriales celebró este histórico acuerdo obtenido entre Paraguay y Brasil, expresando sus felicitaciones al equipo negociador “y a quienes, con entrega y convicción, han trabajado en el proceso”.

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Asimismo, afirma que para Paraguay, una nación que debe encaminarse hacia un modelo industrializador, este acuerdo representa “un reinicio a posibilidades y oportunidades”, marcando un nuevo capítulo tras 50 años de la concepción de esa grandiosa obra de ingeniería.

“Este logro trasciende lo diplomático, político y comercial: es, desde nuestra expectativa, una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar, un llamado a la unidad, a superar las divisiones y alinear nuestras metas mirando el bien común y el bienestar compartido”, menciona el texto.

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De igual manera, la UIP sostiene que transformando nuestra energía en la industria manufacturera no solo se logrará mejorar nuestra economía, sino también se elevará la calidad de vida de los paraguayos. Por ello, solicitan al gobierno priorizar las inversiones en materia de infraestructura eléctrica.

“Estamos en un momento decisivo, el camino está trazado y ahora todo depende de nuestro espíritu, nuestra iniciativa y nuestra capacidad, para forjar consensos, con el bienestar común como estandarte”, sentencia el comunicado.