“Por más que se quiera negar, somos las que más corremos riesgos de perder nuestras vidas al realizar el aborto en las formas más precarias”, dijo Concepción Meza, representante de San Pedro de la Federación de Mujeres del Paraguay.

Meza aseguró que las organizaciones de mujeres campesinas ven el aborto como la “última alternativa” e insisten en la necesidad de impulsar políticas para la educación sexual, así como el acceso a anticonceptivos, que actualmente es escaso.

“Nosotras no queremos llegar al aborto, queremos que las mujeres conozcan su cuerpo para que ellas puedan evitar los embarazos no deseados”, agregó Meza.

Por otro lado, una de las representantes del movimiento feminista Kuña Pyrendá, Sonia Von Lepel, aseguró que “el aborto existe” en Paraguay y que debe abordarse como “un problema social”, evitando su “criminalización”.

Todas ellas expusieron esas posturas durante una conferencia realizada en el centro de Asunción por 32 organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en conmemoración del Día de la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se celebró el lunes último.

Las organizaciones solicitaron a la comisión que estudia la reforma del sistema penal en el Congreso paraguayo que apruebe la despenalización del aborto, especialmente en los casos de “violación, incesto, malformaciones que derivan en inviabilidad fetal, peligro de la salud física y mental o de la vida de la mujer y por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos”.

En Paraguay, el aborto y su tentativa se encuentran penalizados, con una pena de hasta cinco años, y sólo está autorizado interrumpir un embarazo cuando hay un riesgo de vida para la madre, por lo que las organizaciones pidieron el “cese de la criminalización de niñas y mujeres”.

El debate sobre el aborto se reabrió este año en Paraguay a raíz del caso de la niña conocida con el nombre ficticio de Mainumby, que quedó embarazada a los diez años como consecuencia de una violación presuntamente perpetrada por su padrastro.

Según Von Lepel, no se trata de un caso “aislado”, sino que muestra ” una situación cotidiana” que se vive principalmente en los sectores más afectados por la pobreza, como las mujeres campesinas.

Según las cifras de 2014, un total de 684 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en Paraguay, embarazos que a esa edad son considerados como fruto de violaciones, mientras que unos 20.000 de los alumbramientos fueron de adolescentes de 15 a 19 años.

Por otra parte, más de 400 niños y adolescentes fueron víctimas de abusos sexuales en el primer semestre de 2015, según cifras oficiales.

A través de su cuenta personal de Twitter, el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados, realizó un importante anuncio respecto a la contratación de funcionarios.

Se trata del próximo concurso público a ser convocado en la institución, a fin de permitir que 50 personas ingresen a trabajar como funcionarios.

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Según adelantó Latorre, la citada convocatoria está dirigida a jóvenes de todo el territorio nacional, a fin de darles la oportunidad de formar parte del plantel y “construir juntos el marco legislativo para alcanzar el Paraguay que soñamos”.

Los detalles del proceso de postulación, los requisitos y otros aspectos relativos a cómo participar serán dados a conocer este lunes en una conferencia de prensa prevista para las 09:00 hs.

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“¡Preparate, el mérito es tuyo!”, sentencia la parte final del tweet del titular de la Cámara Baja, instando a los jóvenes a sumarse a este concurso.

Este domingo se reportó un presunto caso de invasión de inmueble en la Colonia Acaraymi y Toryvete de la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Un grupo conformado por aproximadamente 50 personas, entre hombres, mujeres y niños, ingresó a la propiedad perteneciente a la Agroganadera Santa Felicidad.

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Dicho terreno actualmente se encuentra administrado por la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), de acuerdo al reporte de medios locales.

Se tuvo conocimiento del hecho a través de una llamada telefónica realizada por el encargado del establecimiento, Luis Alberto Aquino, quien contactó con la Policía para alertar sobre el ingreso de los invasores.

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Los ocupantes del inmueble colocaron una bandera de la Federación Nacional Campesina (FNC) de Toryvete, lo cual hace suponer que pertenecen a dicha agrupación y tendrían respaldo de sus dirigentes.

Las familias alegan haber sido despojadas de este pedazo de tierra por la firma agroganadera y anuncian su permanencia en el lugar hasta obtener respuestas favorables a sus reclamos.

En menos de 24 horas se registraron dos hechos de homicidio con arma de fuego en el departamento de Canindeyú.

Uno de los sicariatos tuvo lugar en la comunidad Sexto Encuadre del municipio de Maracaná, teniendo como víctima a un joven de 23 años identificado como Arsenio Vera Favio.

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Según el reporte de medios locales, el hombre se encontraba participando de una fiesta de San Juan y, al volver a su hogar, fue ejecutado a tiros por un desconocido.

El segundo caso de asesinato se registró también el día de ayer en la Colonia 1° de Marzo de la ciudad de Curuguaty. En este hecho, acabó perdiendo la vida Gustavo Ramón Miranda Rivarola, de 53 años.

El cuerpo de la víctima fue hallado detrás de su vivienda por sus familiares. Posteriormente, se confirmó que había recibido dos disparos de arma de fuego que provocaron su deceso.

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De un tiempo a esta parte, Canindeyú se convirtió en una de las regiones más inseguras de nuestro país, con constantes episodios de sicariato, lo cual ocurre en coincidencia con el azote de bandas criminales y narcotraficantes.

A raíz de ello, recientemente se dispuso la instalación de una base de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), lo cual incluyó el envío de un importante contingente de efectivos militares y vehículos blindados.