Durante el estudio en particular se discutieron varios artículos, como el 16, numeral 64, que habla del tiempo para que un vehículo sea considerado en abandono.

El parlamentario Walter Harms (ANR-Itapúa), refirió que cinco días es poco tiempo y sugirió que sean 30 días.

El legislador Bernardo Villalba esgrimió que se trata de aquellos vehículos que se encuentren en la vía pública, obstaculizando el tránsito o la vía pública, por lo que pidió que el texto quede tal cual aconsejaron desde el estamento asesor que preside. Una propuesta intermedia sugirió la diputada María Carísimo (PLRA), quien mocionó que sean 10 días, lo que tuvo aceptación.

Otro punto discutido fue el artículo 17, que habla de la edad mínima para la expedición de permisos de conducir. La propuesta de la Comisión de Legislación indica 23 años para la Categoría “A” – Profesional, lo que fue objetado por algunos diputados, quienes señalaron que se coartaría la libertad de las personas, el derecho a la igualdad, entre otros aspectos.

Se debatió sobre lo que establece la Constitución Nacional como edad mínima para la mayoría de edad (18 años); y se propuso, por ende, que de 23 baje a 18, la edad requerida.

Esto quedó en tratarse al final del estudio en particular, para esperar un dictamen de los diputados Eber Ovelar (ANR), y Amado Florentín (PLRA), quienes sugerirán una salida mejor; consensuada, de ser posible.

Por último, por pedido del diputado Walter Harms, fue testado el artículo 40, que guarda relación con el consumo de bebidas alcohólicas en estaciones de servicio. Esta postura fue apoyada por el diputado Edgar Acosta (PLRA), bajo el argumento de que el artículo atenta contra la garantía constitucional que establece que toda persona tiene derecho a dedicarse a cualquier actividad económica lícita.

Tras decidirse este punto, el parlamentario Carlos Portillo (PLRA-Alto Paraná), pidió un cuarto intermedio para tratar los demás artículos pendientes, lo que fue respaldado por lo demás legisladores.

Según publica prensa de la Cámara de Diputados, se llevará a cabo una sesión extraordinaria el martes 14 de julio a las 14:30 horas, para seguir con el análisis, dentro del marco del estudio en particular del ya aprobado en general.

El agente fiscal Rafael Ojeda representó al Ministerio Público en el juicio oral que derivó en la condena de 16 años para un hombre hallado culpable de la muerte de su compañero de tragos.

El hecho ocurrió el 20 de enero de 2023 en la localidad de Guasucaimi de Yuty, departamento de Caazapá.

Los datos señalan que ese, la víctima fatal Gerónimo Céspedes Flores, llegó al domicilio de la Lorenza Castillo, ubicado en la misma compañía, donde también se encontraba en ese momento Pedro Cantero Taboada, en el lugar empezaron a tomar bebidas alcohólicas.

Luego, cerca de las 20:30 horas, mantuvieron una discusión donde el hoy acusado le dijo a su víctima que lo mataría y arrojaría su cuerpo a un pozo. Ante la amenaza, desesperado, Gerónimo Céspedes Flores, salió corriendo hacia su domicilio donde trabajaba como encargado en un establecimiento ganadero.

El hombre fue perseguido por Cantero Taboada, con un machetillo en mano. Durante la persecución se pudieron escuchar gritos desesperados de la víctima situación que fue divisada por su patrón, Silvio Araujo Vargas.

Cantero Taboada se abalanzó sobre la víctima, quien al tratar de defenderse del agresor extendió su brazo lado izquierdo hacia arriba momento en que recibió una herida cortante en su brazo, lado izquierdo hacia arriba. La herida comprometió el hueso radio y cubito, además sufrió otras dos heridas cortantes y profundas con rotura de cráneo, en el pabellón auricular izquierdo, el cuello, herida cortante y deformante en el mentón; herida en el hombro lado izquierdo.

Luego Cantero Taboada cumplió su amenaza y arrojó el cuerpo a un pozo artesanal.

El Ministerio de Justicia confirmó la muerte del hombre y el informe preliminar indica que sufrió un infarto de miocardio.

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Agustín Ramón Martínez manifestó tener un dolor fuerte en el pecho y los médicos del penal de Tacumbú sugirieron que se derivado de inmediato a un centro asistencia.

Conocido como “soldado israelí”, no precisamente por ser un soldado, fue trasladado hasta el Hospital de Barrio Obrero donde los profesionales constataron que ya no tenía signos de vida.

El hombre fue condenado en el 2022 a 30 años de cárcel, más 10 años como medida de seguridad, como responsable de la muerte del abogado Lucilo Nicolás Cardozo en Yaguarón, pero no es el único crimen que se lo atribuye, incluso lo acusaron de matar a su esposa.

Homicidio, robo agravado y abigeato forman parte de su prontuario, pero fue conocido por su rasgo misterioso, mentiroso y la saña con la que acababa con sus víctimas.

Se hacía llamar soldado porque aseguraba que participó de varios combates bélicos y que fue entrenado por las fuerzas armadas israelíes, todo formaba parte una mentira.

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El fiscal Juan Ramón Sandoval imputó a Fermín Cardozo Portillo, jefe de la subcomisaría de la localidad de Mboi’y, distrito de 25 de Diciembre, por el hecho punible de abigeato. Además, solicitó su prisión preventiva atendiendo a que, en libertad, podría obstruir la investigación.

El antecedente del caso refiere que el hecho ocurrió el pasado del 29 de marzo, cuando Cardozo Portillo, en compañía de otras personas, arreó tres animales vacunos, (una vaquilla y dos toritos), propiedad de una mujer que había regresado recientemente al país, proveniente de la Argentina.

La hipótesis surge que todo ocurrió en el interior de un inmueble ubicado sobre la calle Kuré Kua de la colonia Navidad, lugar del cual el agente policial supuestamente dirigió los tres animales ajenos hasta el domicilio de su suegra.

Pasados los días, la propietaria de los animales se percató del faltante de vacunos por lo que consultando con los vecinos que le refirieron que pudieron ver al jefe policial quitando sus animales de su propiedad, por lo que la misma solicitó a su pareja que vaya hasta la comisaría a pedirle que los devuelva.

El sospechoso entregó uno de los animales, que la víctima fue a retirar del corral de la suegra de Portillo, no así los otros dos, los cuales el agente policial habría sustraído del lugar y trasladado a bordo de un acoplado.

Se realizaron varias diligencias, entre ellas allanamientos, pedidos de informes, y declaraciones de testigos, quienes refirieron que no sería la primera vez que el jefe policial realiza este tipo de hechos.