Manifestantes de organizaciones sociales de izquierda no afines con el Gobierno de Alberto Fernández han salido a la calle en la capital de Argentina, Buenos Aires, hacia la sede del Ministerio de Desarrollo Social.

Esta protesta se realiza después de que el miércoles varios ministros, que responden al sector liderado por la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, pusieran a disposición sus cargos ante el presidente, lo que ha abierto una crisis en el seno del Ejecutivo después de que el oficialismo perdiera las primarias del domingo para definir candidatos legislativos para las elecciones del próximo 14 de noviembre.

Un hombre lee un periodico con la información de los resultados de las elecciones primarias en Argentina, en el centro de Buenos Aires. REUTERS/Agustin Marcarian

“No hay ninguna razón para no hacer la marcha”, dijo el dirigente del Polo Obrero, una de las agrupaciones que marchan este jueves, Eduardo Belliboni.

El dirigente señaló que la marcha “no tiene nada que ver con la crisis política que se está desenvolviendo” y que la lucha de poder “no tiene nada que ver con las necesidades de la población”.

Belliboni recordó que desde hace 70 días en muchos comedores no se entregan alimentos y que caen el empleo, los salarios y las jubilaciones y que la razón por cual “perdieron las elecciones” es “porque ajustaron”

Las manifestaciones sociales se han incrementado este año en Argentina, ante la crisis económica que atraviesa el país profundizada por la pandemia de covid-19 y ante la celebración de elecciones legislativas.

Argentina registra una inflación interanual del 51,4% en agosto pasado, caída del empleo y una pobreza que ya había trepado al 42% en el segundo semestre de 2020, después de que la economía sufriera el año pasado la segunda caída más profunda desde 2001 -9,9%- acumulando tres años en recesión.

Recordó que el principal reclamo “es el trabajo genuino” y que hace un mes presentaron a Zabaleta una carpeta con 100 mil personas con oficios para que puedan trabajar en la obra pública, que considera puede “reactivar la construcción” y llevar a que “la gente pueda vivir de su trabajo”.

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Fernández preguntó esta semana, en un acto donde pidió el voto para las elecciones de noviembre, “quién puede creer” que en su Gobierno son “felices distribuyendo planes” sociales y que lo que quieren es “distribuir trabajo”.

Belliboni consideró que aunque la coalición de gobierno se ponga de acuerdo y haya un cambio en el gabinete de ministros no generará una solución: “Esta gente no tiene una política para resolver el problema de los trabajadores”.

Señaló que las dos facciones del Gobierno avalan un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en 2022, con quien Argentina necesita renegociar un acuerdo de unos 45.000 millones de dólares: “Va a profundizar el ajuste que ya se hizo”.

La víctima es Lucero López Maza, de 28 años y militante del Partido Popular Chiapaneco, que tiene presencia local.

“De acuerdo con las primeras investigaciones, se suscitó un enfrentamiento entre civiles armados” tras un acto de campaña de la candidata, detalló un comunicado de la fiscalía estatal.

Según testimonios de habitantes de la localidad, López Maza se desplazaba en un vehículo cuando fue interceptada en una gasolinera ubicada sobre una carretera.

La campaña de las elecciones generales del 2 de junio en México ha sido sacudida por una ola de violencia, sobre todo contra políticos que aspiran a puestos locales.

La policía y los cuerpos de emergencia informaron que otras dos mujeres, una de ellas menor de edad, y tres hombres murieron en el ataque.

Chiapas, en la frontera con Guatemala y escenario de disputas entre bandas criminales, ha registrado distintos incidentes que involucran a candidatos.

La noche del pasado lunes, Luis Ángel Flores, aspirante a dirigir el municipio de Rayón por el partido local Chiapas Unido, resultó herido en un ataque a balazos.

El 3 de mayo pasado, Juan Gómez, candidato a la alcaldía del municipio Benemérito de las Américas, también por el partido Chiapas Unido, salió ileso de un ataque a balazos que dejó sin embargo dos muertos, uno ellos el hijo del político.

El municipio de La Concordia es colindante con Chicomuselo, donde el pasado lunes se registró la masacre de 11 personas, entre ellos dos catequistas de la iglesia católica.

Desde el 23 de septiembre, cuando comenzó el proceso para las elecciones generales, y hasta el 1 de mayo han sido asesinados 26 aspirantes a algún cargo rumbo a los comicios del 2 de junio, según un recuento sobre violencia electoral de la organización civil Data Cívica.

Fuente: AFP

Una mujer de 39 años demandó en Argentina a los fabricantes de AstraZeneca por un monto de 100 millones de pesos (unos 110.000 dólares) al asegurar que las tres dosis que recibió de esta vacuna le provocaron una enfermedad incapacitante, además de daños morales.

De esta forma, Flavia Ochoa se convirtió en la primera persona que acude a los tribunales de este país para exigir una reparación económica por parte del gigante farmacéutico anglo-sueco y del Estado argentino.

El caso ocurrió en la provincia de Córdoba, en donde la demandante afirmó que la vacuna le produjo el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad que afecta el sistema inmunitario y que puede paralizar el cuerpo.

De acuerdo con su testimonio, sus problemas de salud comenzaron el 4 de enero de 2022, después de colocarse la vacuna AstraZeneca, ya que empezó a sentir calambres, se le aflojaron las piernas y al día siguiente ya ni siquiera se pudo levantar.

En las semanas siguientes, una médica le explicó que podrían ser efectos adversos de la vacuna y otros le recetaron fuertes calmantes para paliar el dolor. Su movilidad se redujo casi por completo.

Tratamiento

Comenzó entonces un largo tratamiento que incluyó radiografías, tomografías, punciones lumbares y análisis bioquímicos, hasta que le diagnosticaron formalmente el síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Desde entonces sigue en rehabilitación, camina con andador y padece una extrema debilidad en las piernas, incontinencia, fuertes dolores en la espalda, rodillas, migrañas, mareos, náuseas y depresión. En enero del año pasado, le otorgaron el retiro por invalidez.

Junto con los tratamientos médicos postvacuna, Ochoa activó el camino judicial e interpuso una demanda en la que exige un pago de 110.000 dólares por concepto de incapacidad sobreviniente, fondo de reparación, proyecto de vida-pérdida, daño moral -suyo y de su pareja-, daño punitivo y daño emergente.

Ahora le tocará a los tribunales de Río Cuarto (Córdoba) decidir si la demanda avanza.

El caso se da a conocer luego de que AstraZeneca confirmara algunos efectos adversos de su vacuna y anunciara que ya comenzó a retirarla del mercado debido a la baja demanda.

En la lista figura el conocido Antonio Joaquim Mendes Goncalves da Mota, alias Motinha, brasileño que había huido de un operativo que se llevó a cabo en el departamento de Amambay.

La disposición de búsqueda de los acusados por narcotráfico, menciona con énfasis el tráfico de marihuana y cocaína desde Paraguay, que se convirtió en los últimos años en un “pasillo” de triangulación del estupefaciente químico proveniente de Bolivia.

Con intercepción de llamadas y mensajes, autoridades del vecino país accedieron a evidencias que incriminan a paraguayos en esquemas binacionales para traficar estupefacientes al Brasil, considerado como uno de los mercados grandes de destino de las drogas.

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En el caso referente a alias Motinha, los informes relevados por la Policía Federal, consignan que el mismo es considerado un pez gordo que opera principalmente desde la zona fronteriza paraguayo-brasileña.

El sujeto alternaba residencias entre ambos países, y el año pasado logró romper un cerco de operativo llevado a cabo por la Secretaria Nacional Antidrogas y de la Policía. La acción se llevó a cabo en una de sus estancias ubicadas en Amambay, pero el resultado fue negativo, tras presuntas filtraciones que se verificó desde los entes en cuestión.

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