Según el representante legal de las firmas, el abogado Modesto Guggiari, la situación fue muy mal administrada por el Estado. “Nunca hemos reaccionado, pero es insostenible la presión que ejercen algunas organizaciones para que cumpla y ejecute la ley de expropiación. En este momento, utilizan la violencia como medio de presión y los indígenas son inducidos permanentemente a violentar y cometer delitos dentro de la propiedad -que sigue perteneciendo a la empresa-. Incluso, en una reciente intervención, le amenazaron y echaron a la fiscalía del medioambiente que fue a realizar un procedimiento”, explicó Guggiari. Lamentó que la discusión vaya subiendo de tono cada vez más ante la inacción de las autoridades judiciales.

La empresa responsabiliza a la fiscalia de Pozo Colorado y los abogados de la organización Tierra Viva, de incitar a los indígenas Sawhoyamaxa; una comunidad compuesta por unas 150 familias que viven actualmente a la vera de la ruta Transchaco, colindante con la propiedad.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos falló en 2006 a favor de la devolución de las tierras a los indígenas, quienes afirman que éstas pertenecieron a sus ancestros.

El litigio se origina en que, según los representantes, la ley de expropiación promulgada el año pasado, no quedó perfeccionada, porque no se respetaron los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional.

El Art. 109° de nuestra Carta Magna señala que “la propiedad privada es inviolable”. También que “nadie puede ser privado de su propiedad, sino en virtud de una sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley, que garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria”.

Al respecto, el abogado Guggiari señaló que en este caso no se trata de un latifundio improductivo; al contrario, son tierras en las que las empresas venían produciendo desde hace tres décadas. Vale decir, se necesita el previo pago para finiquitar efectivamente la expropiación.

Cuestionó demás el Art. 3° de la Ley de Expropiación 5.194 que, por un lado, establece la indemnización al propietario de los inmuebles, “de conformidad con lo dispuesto en el art. 109 de la Constitución Nacional”, pero después agrega que será en base a un avalúo realizado por el Ministerio de Obras Públicas. “Ese artículo es inconstitucional, porque el precio debe ser establecido de común acuerdo o bien, por sentencia judicial y no por el MOPC”, aseveró.

Añadió que, por ese motivo, accionaron ante la Corte Suprema de Justicia contra la citada ley y que esperan el fallo correspondiente.

La versión del INDI

El presidente del Instituto Nacional del Indígena, Jorge Servín, explicó que este es un caso antiguo, que tiene más de 20 años de reinvindicación y se ha llegado a una instancia de expropiación. “La empresa planteó una inconstitucionalidad que fue rechazada por la Corte y ahora plantearon una segunda en diciembre”, explicó en comunicación con la 650 AM.

Servín afirmó que hay un dinero depositado en el BNF y que fue rechazado por la empresa, que pide una aclaratoria a la Corte. “Las 14.404 hectáreas ya están expropiadas y el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo se pronunciaron. La empresa debería aceptar la expropiación”, sentenció el titular del INDI.

Insinuó que la empresa pretende cobrar al Estado “un monto descabellado” y dijo no comprender por qué se aferran a las tierras que “ya no les pertenece”.

Entre los sospechosos se encuentra el comisario Jorge Palacios, quien fue destituido de la titularidad de la comisaría Central de San Lorenzo. Esto tras conocerse detalles de lo que, a primera vista, sería una detección y secuestro de dicha cantidad de droga, que luego fue liberada, previo pago de US$ 200.000.

El informe que maneja Asuntos Internos, es que una semana atrás (el domingo pasado) agentes de la comisaría sanlorenzana decomisaron el estupefaciente y lo depositaron en la repartición policial. Allí presuntamente se abrió una negociación con los dueños de la mercancía. Un día después el cargamento de cocaína fue liberado, pero otro grupo policial lo interceptó en el límite de Luque y Mariano Roque Alonso, y lo dio a conocer en forma oficial a la Fiscalía.

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En medio de las hipótesis que manejan los investigadores, no descartan que la trama haya sido ejecutada por el mismo grupo de 11 policías. Este presunción se basa en que, técnicamente fue un decomiso inicial, seguido de cobro por liberación y finalmente detención de los que retiraron la mercancía ilegal, con la requisa de esta y puesta a disposición del Ministerio Público.

Esta posibilidad, estiman los intervinientes, suele verificarse episodios (en todas partes del mundo) en la lucha antidrogas, y es lo que se conoce como mejicaneada.

El subjefe de esa dirección policial, Carlos Román, indicó que el primer “paquete” de solicitudes está conformado por denuncias de maltrato familiar y accidentes (de tránsito, laborales y caseros). El de los viernes para adelante, en tanto, se focaliza de manera significativa en un delito, tan irritante como poco castigado: ruidos molestos.

“Es llamativa esa situación que se da en la semana. El de los maltratos familiares lastimosamente es preocupante por la cantidad de casos. En lo referente a los ruidos molestos es también una tendencia que genera muchos disgustos en la población”, señalo Román en comunicación con la 1020 AM.

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El oficial remarcó que la Policía solo tiene potestad para accionar de manera puntual, para obligar el cese de los altos decibeles que exhiben los infractores callejeros con sus equipos musicales. Lo de procesarlos escapa de sus manos, ya que ello es competencia exclusiva del Ministerio Público.

En efecto, en los registros oficiales los números de sancionados por infringir la ley que propone la emisión de ruidos molestos, son prácticamente irrelevantes. Discotecas, puestos de comidas callejeras, automovilistas en la vía publica o residentes de viviendas con músicas a todo volumen, constituyen el “ejército” de ruidosos que convierten en infierno las horas de descanso de los que no participan de sus “fiestas”.

Por otro lado el oficial Román subrayó el tema de las cámaras del sistema 911 en las calles, que precisan crecer en cantidad y ajustes en cuando a disposición modernos.

Con 1.400 cámaras en todo el país, 246 en Central, el sistema 911 es uno de los que contribuyen al conjunto de dispositivos que construyen al “gran hermano”, el ente que todo lo ve y registra para que la Policía tome las medidas contra infractores de la ley.

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Como representante del Congreso Nacional, el senador colorado Patrick Kemper destacó la evolución y el fortalecimiento de la Contraloría General de la República (CGR) como órgano de fiscalización establecido en la Constitución Nacional, y resaltó las buenas prácticas de colaboración entre dicha institución y el Congreso. Fue en el marco del “Seminario Internacional del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO) y de la Comisión de Parlamentos y Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la OLACEFS”, que se realiza en la ciudad de Panamá.

Kemper hizo referencia a las buenas prácticas implementadas en Paraguay, destacando la colaboración entre la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional, y expuso como ejemplo los informes de auditorías que envía la CGR al Congreso, -conforme al artículo 282 de la Constitución Nacional- donde una Comisión Bicameral evalúa y emite dictámenes sobre las observaciones.

“Gracias a esta acción, se derivaron más de 60 reportes de indicios de hechos punibles sobre inconsistencias del ejercicio 2022 y que fueron presentados en el Ministerio Público”, señaló el político de la ANR.

Además, destacó que la revisión y actualización de las leyes y normativas que rigen las EFS puede proporcionar un marco jurídico más sólido y actualizado para su funcionamiento. En este punto la generación de marcos legales también proporciona herramientas que mediante el uso de la tecnología y la informatización de los distintos estamentos públicos permite el cruce de información que automáticamente podrían mostrar inconsistencias y posibles indicios de hechos punibles.

“En este sentido quisiera destacar la una ley que tenemos vigente en nuestra legislación que es la de Declaraciones Juradas, donde todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a presentar a la Contraloría, sus Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas dentro de los quince días hábiles de haber tomado posesión de cargo y en igual término al cesar en el mismo, la cual visibiliza la variación patrimonial de los mismos y si el mismo se dio en un porcentaje inusual que amerite una fiscalización más detallada”, precisó.

También destacó como buena práctica la evaluación de leyes y políticas: “El tablero de control del Congreso Nacional permite monitorear y evaluar la gestión pública en tiempo real, alineando los esfuerzos de la Contraloría General de la República y el Parlamento en la supervisión de las finanzas y actividades gubernamentales, asegurando la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

Por otro lado, el senador celebró el convenio de cooperación interinstitucional entre el PARLATINO y la OLACEFS, subrayando que este acuerdo permitirá compartir experiencias positivas y fortalecer la independencia de las entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Kemper precisó que la independencia de las EFS es fundamental para prevenir prácticas indebidas, como la persecución política, que pueden dañar la democracia en la región.